Un día después de que se conociera la muerte del décimo detenido en la masacre de la Comisaría 3º de Esteban Echeverría, el gobierno de la provincia de Buenos Aires contrató a la fundación El Arte de Vivir, de Ravi Shankar, uno de los gurús favoritos de Cambiemos, para enseñarle a los presos técnicas de respiración y relajación. Mientras tanto, las cárceles bonaerenses atraviesan una dura realidad con más de 47 mil presos hacinados y miles de denuncias por torturas y violaciones a los derechos humanos.  

Según fue publicado en el Boletín Oficial de la provincia, a través de la resolución 939-MJGP-18, el objetivo del convenio es el “mejoramiento integral de la calidad de vida tanto de las personas privadas de su libertad como así también del personal penitenciario”. Puntualmente, los talleristas de la ONG les enseñarán a los detenidos técnicas “de respiración y relajación que propicien la armonía en el entorno carcelario” y herramientas para abordar situación de tensión pero “generando un clima de reflexión”.

El acuerdo firmado por el ministro de Justicia bonaerense Gustavo Ferrari incluye además capacitaciones de recursos humanos para los trabajadores penitenciarios, para que ellos también puedan incorporar las técnicas de respiración y relajación en su vínculo con los presos.

El interés en el bienestar de la población carcelaria no refleja sin embargo el estado de las cárceles bonaerenses. La masacre del 15 de noviembre, en la comisaria 3º de Esteban Echeverría, donde murieron diez detenidos, dejó expuesta una vez más la situación de abandono y desidia. Los calabozos de esa comisarían había sido clausurados en 2012 por el juzgado de Garantías 2 de Lomas de Zamora con sede en Monte Grande. De hecho el propio Ministerio de Seguridad de la provincia dictó una resolución ese mismo año para desalojar de manera urgente los calabozos y trasladar a los detenidos.

Ante la advertencia de que la comisaría seguía funcionando como una cárcel clandestina, con 26 personas detenidas al momento de la tragedia, el Ministerio de Justicia volvió a reiterar la orden de clausura y desalojo en marzo de este año, cuando también fue notificada la gobernadora María Eugenia Vidal.

Según el último informe de la Comisión Provincial por la Memoria, las cárceles bonaerenses tienen una sobrepoblación rotunda: por cada mil plazas disponibles hay 3.500 personas detenidas, un 246 por ciento más de lo habilitado. Este año, denunció el informe, la cantidad de presos en cárceles, alcaldías y comisarías superó el récord de 47 mil personas mientras que el 55 por ciento de las comisarias están inhabilitadas para esta función. De las 252 comisarías clausuradas para alojar detenidos,109 siguen con calabozos en funcionamiento.