El pedido de sesión especial que Cambiemos solicitó para el martes próximo en la Cámara de Diputados tendrá una incorporación de último momento: el tratamiento en el recinto de la llamada ley Micaela, que reclamaba el grueso de la oposición parlamentaria. A la luz de la lucha del colectivo de mujeres “Ni Una Menos” y las denuncias por abuso sexual que sacuden distintos ámbitos sociales (incluido el político-parlamentario), el Gobierno publicará el lunes un decreto que incluya en la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso el proyecto que establece un “Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres”, bautizado como “ley Micaela García”, en homenaje a la joven de 21 años asesinada en Gualeguay en abril del año pasado.
El tratamiento en el recinto del proyecto que tiene un dictamen unánime en comisiones, fue reclamado por los diputados del interbloque Red por Argentina, el FpV-PJ, el FR y el peronismo federal. “Nosotros insistimos en que se vote la ley porque no nos alcanzan los anuncios o declaraciones que se hacen cuando se mediatiza un tema, pero que después no se llevan a la práctica. Sancionar este proyecto, acordado desde diversos bloques, garantiza avanzar en la implementación efectiva de estas políticas”, aseguró la diputada Lucila De Ponti (Movimiento Evita), una de las impulsoras de la medida y del reclamo al Gobierno que acompañó la oposición en al Cámara baja.
Desde el oficialismo y la propia oposición, confirmaron a PáginaI12, que el tema será incorporado a la sesión del martes, luego que el Poder Ejecutivo publique en el Boletín Oficial, su inclusión en las sesiones extraordinarias del Parlamento que prorrogó hasta el 28 de diciembre. Los otros dos temas que tendrá la sesión del martes será la llamada ley “anti brarrabravas”, que crea “un régimen penal y procesal para la prevención y represión de delitos en espectáculos futbolísticos” y la ratificación de un acuerdo económico complementario de los países que integran el Mercosur con la República de Chile, firmado en Montevideo el 4 de enero de este año.
