Apenas empezaba el miércoles y la suerte de Elizabeth Alvez de Olivera, de 53 años, ya estaba echada. La policía de Tigre se acababa de retirar de su casa, en Benavídez, luego de creer la versión del marido, Juan Daniel Herrera, de 50, que decía que ahí no pasaba nada. Minutos después, la mujer recibía 15 puñaladas. El hijo de la pareja, de 19 años, y que se encontraba en otro sector de la vivienda, se asomó al escuchar los gritos, vio a su madre herida y a su padre salir en bicicleta. Pidió auxilio. Alvez de Olivera murió. Herrera fue encontrado en la gomería donde trabajaba. Allí lo detuvieron, prontamente. En los   femicidios, la ausencia del Estado se verifica en su presencia permanente en defensa del statu quo.

El crimen tuvo lugar pasada la medianoche del martes, en una vivienda de la calle El Salvador al 1000, de Benavídez, partido de Tigre. Allí se encontraban Elizabeth Alvez de Olivera y su marido, Juan Daniel Herrera.

Una vecina, Mirtha, llamó al 911 unos 40 minutos antes de la medianoche. “Los gritos se venían escuchando desde bastante antes”, dijo la mujer, que explicó que los uniformados acudieron “pero no lo llevaron”.

Los policías llegaron a la casa, creyeron la versión del denunciado y se fueron apelando a la vieja lógica de que antes de matarla no la mataron.

La detención por averiguación de antecedentes es una herramienta que las policías usan a destajo, sin esperar una orden judicial. Si se hubiera tratado de una denuncia por merodeo (figura inexistente salvo en la imaginación), con la sola denuncia de una vecina, el supuesto ladrón frustrado hubiera sido llevado sin más, para detenerlo y luego averiguar si hay pruebas. Es lo que ocurre. Las crónicas policiales lo describen, como hechos naturalizados. En el caso de una denuncia por violencia de género, sin necesidad de esperar la orden judicial los uniformados pueden llevar al denunciado sin que signifique una detención, sino un modo de poner una pausa, y ganar tiempo hasta que se ponga fuera de riesgo a la víctima potencial. Pero en cuestiones de género, los uniformados tienen su propio protocolo, que termina sirviendo de base al statu quo.

“Es un tipo que muchísimas veces la maltrató, los vecinos lo sabíamos, él siempre le pegaba”, amplió Mirtha. Contradictoriamente, la mujer agregó que los vecinos “no podían creer lo que le hizo”. Al mismo tiempo, cuestionaba la impasividad policial: “Vinieron a buscarlo y no se lo llevaron “, dijo la vecina. “Por qué esperaron que pase esto para llevárselo” y “por qué no actuaron antes si vieron que estaba mal”. La pregunta es extensiva.

Apenas los uniformados se retiraron conformes con la declaración del denunciado, Elizabeth Alvez de Olivera quedó expuesta a una nueva agresión. Esta vez, fue la última, recibió 15 puñaladas y murió mientras su hijo de 19 años, pedía auxilio y veía a su padre irse en la bicicleta.

El médico forense que revisó el cuerpo de la mujer indicó que había sido asesinada de 15 puñaladas en el abdomen y que las heridas que presentaba eran de un tamaño pequeño, aunque aún aguardaban los resultados de la autopsia.

Las heridas descriptas como “pequeñas” por el médico coinciden con el relato de la hermana de la víctima quien aseguró que su cuñado había ido a su casa “hacía quince días” para mostrarle “un fierrito, como para sacar las gomas” (que utilizan en las gomerías para separar el neumático de la llanta). “Me dijo ‘con esto la voy a matar’, y con eso la mató”, se lamentó, la hermana y agregó: “Le dio por todo el cuerpo, como a un animal, y dejó sin madre a los chicos”.

Tras el femicidio, la policía de Tigre, por orden de la Justicia, inició la búsqueda del marido de la víctima, que fue hallado cerca de las 2 de la madrugada luego de realizar un seguimiento a través de las cámaras de seguridad de la zona. Herrera fue detenido en una gomería ubicada en la calle Bourdet al 1700, de la localidad de Garín, partido de Escobar, donde trabajaba. El pedido de detención fue presentado por el fiscal Marcelo Fuenzalida, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Género del departamento judicial San Isidro,

El fiscal dispuso el traslado de Herrera a una dependencia policial para indagarlo en las próximas horas y caratuló el expediente como “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por femicidio”.

Respecto de la acusación, en la fiscalía suponen sumar agravantes por ensañamiento (agresión desproporcionada con el fin de causar mayor sufrimiento) y alevosía (estado de indefensión de la víctima).

Ayer por la mañana declararon ante la justicia las dos hijas del matrimonio, quienes no estaban en la casa en el momento del ataque. En sus declaraciones, ambas coincidieron en que la relación entre sus padres no era buena y confirmaron que existían signos de violencia de género.