El jueves pasado en el Subsuelo Espacio Dorado de La Toma, tuvo lugar una nueva asamblea general en el marco de la actividad que viene desarrollando la Confederación Nacional de Teatro y que tiene que ver con la grave situación que atraviesa el Instituto Nacional del Teatro entre representantes y representados.
Resuenan todavía los clamores del mes pasado, cuando una buena parte de los teatreros autoconvocados del país se movilizaron hasta Buenos Aires, para realizar un abrazo a la sede central del Instituto Nacional del Teatro, y una asamblea nacional que planteó diferentes propuestas de lucha. La comunidad teatral rosarina se manifestó en estado de alerta y movilización permanente, organizada en asamblea y en coordinación con otras asambleas de distintos puntos del país.
Christian Álvarez, delegado general de la delegación local de la Asociación Argentina de Actores, trazó un resumen de algunas de las propuestas que se plantearon en una movida cada vez más virulenta.
"Los teatreros manifiestan una total preocupación por las reiteradas negativas del director del INT, el secretario de Cultura de la Nación y el gobierno nacional de generar instancias de solución a un conflicto en el seno del Consejo de dirección de la institución", dijo Álvarez.
Entre otras causas, el detonante de esta lucha se origina en octubre de este año cuando Miguel Palma, representante del Consejo por Santa Fe dejó sus cargos al ser denunciado por incompatibilidad de funciones, debido a que ejercía distintas funciones además de las asumidas en el INT.
Marcelo Allasino, director ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro, quien asumió proclamando defender la transparencia dentro de este organismo, concretó esta medida instando a los representantes de Córdoba y Entre Ríos a designar al nuevo representante de la región Centro Litoral.
Por otra parte los participantes de la asamblea local sostuvieron que el gobierno "extrema las medidas en una clara maniobra dilatoria con el objetivo claro de seguir con la política de recortes, ajustes y vaciamiento de las instituciones y organismos destinados al fomento y apoyo de la cultura".
Para Allasino, paradójicamente, el tema recursos de este año refleja lo realizado por la Dirección Ejecutiva, las áreas técnicas y el Poder Ejecutivo Nacional que según sus propias palabras -al igual que en el 2016 y en el 2017- obtuvieron cifras récord tanto en la recaudación como en la ejecución presupuestaria.
Álvarez, al compartir lo planteado en la asamblea que se realizó en La Toma, se refirió a todas estas declaraciones como "parte de una política que pretende confundir a la comunidad teatral del país".
Allasino aclaró en un informe interno que este año algunos delegados y responsables de diferentes zonas se negaron a aprobar propuestas de subsidios y becas que podrían haberse ejecutado con el incremento presupuestario logrado.
Es otra la mirada del conjunto de los asambleístas que tratan de generar acciones de visibilización del conflicto en tres puntos centrales.
En principio, piden que se salde la deuda acumulada en el período 2017/18, y exigen que se termine con la política de vaciamiento del Instituto Nacional del Teatro.
Refiriéndose concretamente al lugar que ocupa Allasino, piden que se dejen sin efecto el dictamen y la resolución que le otorga al director ejecutivo pleno poder por sobre el cuerpo colegiado, un tema histórico que fue motivo de disputa y le costó el puesto a varios directores.
El delegado local de Actores, al resumir lo que se planteó en asamblea, manifestó a este diario que el director ejecutivo avanza en un proyecto que indefectiblemente llevará a la reducción del alcance del INT.
Esto se puede evaluar-dijeron los actores- a partir del recorte del presupuesto que será entre el 40 y 50% para 2019; intervención del cuerpo colegiado y trabas administrativas por cambios arbitrarios que generan dilaciones y cargas extras en los beneficiarios atentando al principio de derechos adquiridos.
"Es importante destacar que todas las aprobaciones realizadas oportunamente por el Consejo de Dirección, y que han sido tramitadas por los beneficiarios, se están ejecutando con normalidad", dijo Allasino en su informe y volvió a cuestionar la interrupción del funcionamiento del Consejo de Dirección.
La asamblea local, por su parte, sostiene la necesaria unidad en defensa de la Ley 24800 que tanta lucha ha suscitado para poder implementarla.
Esta Ley, ejemplo en la federalización, no sólo en la distribución económica en todas las regiones sino también la decisión colegiada que es la responsable última en las decisiones políticas de la institución para que su alcance sea nacional".
Es lamentable estar viviendo está situación atravesada por posturas que responden más a pensar en una institución cerrada que beneficie a unos pocos elegidos y no a la defensa de dicha ley".
Los teatreros ratifican su apoyo al Consejo que se encuentra trabajando a pesar de las adversidades impuestas por los funcionarios del gobierno nacional: director ejecutivo y representante de la Secretaría de Cultura.