“La falta de transparencia en el mercado no tiene que ver con el desdoblamiento del pago al contado y el pago financiado, como lanzó el Gobierno, sino con la capacidad que tienen muchas empresas de abusarse de los consumidores a partir de la utilización de sus posiciones dominantes”, señaló el ex secretario de Comercio Augusto Costa. “Entonces, si uno quiere evitar que los vivos se queden con más plata de los consumidores de lo que les corresponde, eso se hace con regulaciones que eviten los abusos de posición dominante, algo que el Gobierno no parece dispuesto a hacer”, apuntó en su crítica a la decisión del Gobierno de exigir que los comercios distingan entre el precio al contado, el valor de las cuotas y el costo financiero implícito. Además, sugirió que los principales beneficiarios de la medida son las grandes cadenas de electrodomésticos. Por su parte, el actual secretario de Comercio, Miguel Braun, dio su visión sobre el impacto esperado de la nueva normativa: “la medida no garantiza que bajen los precios. El Gobierno no controla los precios: con esta medida se busca crear un marco de mayor competencia y transparencia, que llevará a que los consumidores tengan mejores ofertas y precios”.
Están a la vista los dos modelos de gestión del área encargada de evitar abusos de precios. Miguel Braun es el virtual ministro del área de Producción, en muchos casos por encima del titular de la cartera, Francisco Cabrera. Es un economista PRO de la primera hora y un liberal convencido en la supremacía del mercado. “La medida apunta a transparentar el mercado. Si el consumidor va a comprar a un comercio que vende en cuotas, tiene que quedar en claro cuál es el precio contado, cuales son las cuotas y el costo financiero. Los propios comercios lo van a ir haciendo porque les conviene. Si un comercio sube los precios, pensamos que no va a vender porque el comercio de al lado probablemente los baje. Si eso no sucediera, implica que en ese mercado puntual no hay competencia y sí algún tipo de acuerdo entre los comercios. Por lo tanto, podría intervenir de oficio la Comisión de Defensa del Consumidor. Si hay competencia, el comerciante querrá bajar los precios para vender más”, explicó ayer Braun.
La controversia radica en que el Gobierno dice que la nueva regulación va a impactar a la baja en los precios al contado, pero asociaciones de consumidores advierten que es mucho más probable que los precios al contado se mantengan y en cambio suban los precios bajo esquemas de financiación.
En respuesta, Costa afirmó que, “muchas veces, se hacen anuncios que el consumidor cree que lo van a beneficiar pero que, en los hechos, terminan siendo perjudiciales. La excusa de que los precios en los comercios en realidad están inflados por el costo financiero de las compras con tarjeta, es una falacia. Si esta medida presuntamente permite blanquear el costo de financiamiento y que con ello bajen los precios al contado, quiere decir que muchos comercios tenían la posibilidad de inflar precios y eso es porque estamos en un mercado concentrado. Si los precios no bajan es porque hay quienes tienen la capacidad de quedarse con ganancias extraordinarias y eso es porque el Gobierno desarticuló todos los mecanismos de control y porque sólo es funcional a los grandes grupos económicos”, dijo Costa. Agregó que, durante su gestión, una “importante empresa de electrodomésticos” le pidió la misma medida que anunció anteayer el Gobierno de diferenciación de precios al contado y en cuotas, por lo que “se puede ver a quién beneficia”.
