La Unión Europea (UE) aseguró ayer que la decisión de Nicaragua de retirar la personalidad jurídica a organizaciones de la sociedad civil supone “un paso más contra el Estado de Derecho” en el país latinoamericano.

“Las recientes decisiones de las autoridades de Nicaragua de revocar la personalidad jurídica de organizaciones de la sociedad civil y periodísticas marcan un paso más contra el Estado de Derecho, las libertades civiles y el respeto por los derechos humanos”, declaró en un comunicado la portavoz de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini.

Los Veintiocho esperan que las autoridades nicaragüenses “garanticen la protección de los miembros de esas organizaciones”, añadió. “Es la responsabilidad de las autoridades garantizar y proteger una sociedad civil vibrante y una prensa libre. Son pilares esenciales de la democracia y silenciarlas contrarresta la creación de condiciones para la reconciliación”, agregó la portavoz. “Solo la responsabilidad, el diálogo y reformas políticas auténticas que conduzcan a elecciones libres y justas permitirán la reconciliación nacional”, señaló.

El Parlamento de Nicaragua canceló el jueves la personalidad jurídica de cinco ONG, lo que elevó a nueve las organizaciones que han sufrido sanciones en las últimas dos semanas, en medio de una crisis social y política que ha dejado cientos de muertos en protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega desde abril.

El Legislativo nicaragüense suprimió el estatus legal a esas organizaciones sobre la base de un informe del Ministerio de Gobernación que las acusa de formar parte de un grupo de ONG que apoyaron “el fallido intento de golpe de Estado”, como el Ejecutivo se refiere a las manifestaciones antigubernamentales.

Horas después de esta medida parlamentaria, al menos cinco ONG y un grupo de medios de comunicación denunciaron haber sido allanados sin orden judicial entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, en acciones que incluyeron golpes a vigilantes y robo de dinero y teléfonos móviles. Carlos Fernando Chamorro, director de un grupo de medios de comunicación allanado en las últimas horas por la Policía de Nicaragua, denunció ayer la confiscación del edificio donde funcionan las revistas digitales Confidencial y Niú, y los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche. Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), y del periodista y editor Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en 1978 por orden del dictador Anastacio Somoza Debayle, dijo a periodistas que agentes policiales irrumpieron a la fuerza en sus oficinas la madrugada de este sábado, 24 horas después de haber sido allanada, y expulsaron a los vigilantes. “Eso es una ocupación de facto, una ocupación ilegal, una toma militar”, denunció Chamorro, galardonado con el IV Premio Casa América Catalunya a la Libertad de Expresión en Iberoamérica en 2009, y en 2010 con el premio María Moors Cabot.

Chamorro exigió a las autoridades que desocupen el edificio, que les devuelvan los libros contables, y los libros de actas de las sociedades anónimas que funcionan en ese local. Anunció que se presentará a la sede de la Policía Nacional a exigir que le muestren la orden que los faculta “a cometer este acto de despojo y confiscación de un inmueble y de tres empresas que son sociedades anónimas”.

También que el lunes próximo sus abogados presentarán un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, porque, según dijo, “esto no es un allanamiento, esto es un asalto armado a la propiedad y a la empresa privada”. La Policía Nacional aún no se ha referido a ese allanamiento y ocupación del edificio.

Los registros ocurren en medio de una crisis que, según organismos humanitarios, ha dejado entre 325 y 545 muertos, 674 presos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio. El gobierno reconoce 199 muertos y 273 presos, que califica de “golpistas”, “terroristas” y “delincuentes comunes”.

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han responsabilizado al Gobierno de más de 300 muertes, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.

Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de “golpe de Estado”. Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.