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Las conversaciones entre el Gobierno y los obispos católicos permitieron anunciar esta semana que comienza a ponerse en ejecución la voluntad de la Iglesia Católica de renunciar a los subsidios que el Estado hace a través de los salarios que paga a los obispos y fondos destinados a la formación de sacerdotes. Por el momento el Gobierno se comprometió a dar más difusión a las deducciones impositivas que los contribuyentes pueden realizar por sus aportes a las iglesias de cualquier credo o religión. Hoy tales deducciones alcanzan al 5 por ciento de las cargas. Adicionalmente se generarán también mecanismos financieros que se pondrán a disposición para que los fieles contribuyan al sostenimiento eclesiástico a través de transacciones bancarias de las que los cultos serán directos beneficiarios.
El anuncio consensuado entre Gobierno y Conferencia Episcopal, puede abrir a diferentes lecturas, sin dejar de lado que se da en el marco de diferencias importantes, sobre todo referidas a las cuestiones sociales, entre la gestión encabezada por Mauricio Macri, y los obispos presididos por el titular de San Isidro, Oscar Ojea.
Si bien las resoluciones adoptadas ahora, en cuya confección participó de manera directa el Secretario de Culto, Alfredo Abriani, involucran a todos los cultos, la más directamente afectada es la Iglesia Católica, que para tal efecto formó una comisión que encabeza el obispo auxiliar de San Isidro, Guillermo Caride.
La Conferencia Episcopal comunicó formalmente que, por lo menos en primera instancia, la resolución oficial permitirá “a las familias que eligen nuestras instituciones educativas, poder realizar su aporte para contribuir con la obra evangelizadora de la Iglesia Católica en la Argentina”. Por su parte, el Secretario de Culto manifestó que la propuesta “es el resultado de un trabajo conjunto entre la Iglesia y los equipos técnicos del Gobierno” lo que permitió generar “un instrumento legal para que lo puedan aplicar”.
La puesta en práctica de la medida será gradual a partir del 1 de enero del año venidero. De esta manera el Gobierno cumple el doble objetivo de recortar el aporte, estimado en aproximadamente 130 millones de pesos anuales, destinado a la Iglesia Católica y, al mismo tiempo, atiende a una demanda planteada por diferentes sectores de la sociedad y actores políticos acerca de la autonomía en la relación del Estado con la jerarquía católica.
La jerarquía católica también ha leído los mensajes de actores sociales sobre el mismo tema, y el presidente Oscar Ojea, lo expresó en esos términos en más de una oportunidad. Si bien la Iglesia Católica venía estudiando desde hace años la cuestión de la autofinanciación, la decisión quedó plasmada en la última asamblea de la Conferencia Episcopal, cuando se determinó la creación de una comisión específica para ese fin presidida por el obispo Caride.
El próximo jueves Mauricio Macri y la Comisión Ejecutiva del Episcopado, integrada por Ojea y los obispos Mario Poli, Marcelo Colombo y Carlos Malfa, se verán las caras en la Casa Rosada, en el marco de un encuentro formal con motivo de las fiestas de fin de año. Sin embargo, será esta una nueva oportunidad para hablar de las cuestiones que preocupan a los obispos quienes en la semana que culminó dieron a conocer un documento en el que pidieron “cuidar especialmente el trabajo y la educación”, expresaron su confianza en que “la Virgen de Luján transformará estos tiempos difíciles en tiempos de esperanza” y convocaron a “soñar otro destino para los argentinos”.
Los obispos, a través de diferentes comisiones episcopales, pero especialmente por la de Pastoral Social, que preside el obispo Jorge Lugones, se han venido reuniendo con distintos actores sociales, que incluyen desde trabajadores hasta empresarios y dirigentes políticos. En la mayoría de los casos han recibido preocupación por la realidad social e inquietudes que luego transmiten al plenario episcopal. De allí la insistencia en reforzar la idea de trabajar por “la paz social” a través del “diálogo con todos los actores sociales”.
Desde el Gobierno no se oculta la incomodidad que se plantea ante cada pronunciamiento eclesiástico sobre cuestiones sociales y si bien institucionalmente se habla de relaciones “normales” gran parte de los funcionarios de Cambiemos siguen apuntando contra el papa Francisco a quien señalan como el promotor de las críticas, sin importar si se trata de investigaciones sobre la deuda social realizadas por la Universidad Católica o declaraciones de algún obispo en particular. Tampoco gusta a Cambiemos el acercamiento, del modo que sea, de los obispos con dirigentes sociales y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Desde el lado episcopal es inocultable la molestia por los ataques y descalificaciones que recibe el papa Bergoglio, responsabilizando sobre todo a medios de comunicación, pero señalando al propio gobierno como fuente de muchas de esas críticas, aunque esto nunca se manifieste pública y formalmente. Son varios los obispos y muchos sacerdotes quienes consideran que avanzar hacia el auto sostenimiento le dará también a la Iglesia mayor libertad para pronunciarse críticamente frente a temas que puedan resultar conflictivos en su relación con el Gobierno.
