La persona A. denunció ser acosada en el trabajo y el denunciado inició una demanda por la que tuvo que dejar de comprarse un auto para pagar su defensa. B. denunció que su hija fue abusada y tuvo que sacar un préstamo en el banco, con tasas altísimas, para pagar la querella del demandado. C. contó que sus hijas no quieren ver al progenitor porque las obligaba a realizarle sexo oral y terminó condenada por no permitir las visitas con el que les sacaba el sueño. D. contó en las redes sociales que fue acosada cuando tenía 17 años y no supo que hacer cuando encontró una carta documento por debajo de su puerta. E. se solidarizó en las redes sociales con una víctima y repudio a un agresor y hace un mes que se pasa los días juntando pruebas, pidiendo plata prestada y visitando abogadas para no terminar hipotecada. F. es una psicóloga que perito un caso de abuso sexual en la infancia y el padre al que ella marco como abusador le inició una demanda por la que tuvo que vender su departamento para pagar los costos del juicio. 

Todos los casos son reales. Pero no se pueden decir los nombres propios por la misma razón que genera una doble revictimización las víctimas: son judicializadas por denunciar violencia de género y, si aparecen expuestas, pueden sufrir mayores consecuencias judiciales. El fenómeno no es nuevo y tiene una palabra en inglés que la define: backlash. “Cuando se pone sobre la mesa un tema hay un proceso de tomar partido contra algo que se inicia. Siempre aparece esta otra fase de reacción. Sobreviene después de una etapa donde aparece un tema, se le da importancia y lugar y, por cuestiones coyunturales, aparece alguna contradicción en ese marco teórico con una nueva visión y pone, transitoriamente, en tensión a esa nueva manera de ver las cosas. Pero las investigaciones sobre abuso sexual han dado respuestas a los planteos del backlash”, le explicó a Las12, en una entrevista realizada el 15 de julio del 2016, el sociólogo norteamericano David Finkelhor, considerado el Freud en la difusión de la problemática del abuso sexual infantil (ASI).

La reacción contra las denuncias de abuso sexual pone en jaque a la Justicia patriarcal no solo para hacer justicia sino, mucho peor, para convertirse en una herramienta desalentadora de la búsqueda de justicia. Por un lado no todos los casos son judiciables ni tienen que serlo –no todas las víctimas tienen, quieren o deben realizar denuncias en la Justicia– y, por otro lado, hay muchas causas que sufren los tiempos de prescripción u otras trabas legales, como la jurisdicción, que no permiten la vía legal. Pero, además, todos los riesgos, trampas y sufrimientos de la revictimización judicial sin un destino seguro por falta de perspectiva de género en la justicia son una muralla contra las garantías de respeto en los tribunales.

Una noticia alentadora es que gracias al impulso de la denuncia de Thelma Fardin se votaría el martes próximo, en el Congreso de la Nación, la ley Micaela García, en homenaje a la joven víctima de femicidio en abril del 2017, que el oficialismo había dejado afuera de la agenda legislativa pero que volvió a entrar por la presión social del movimiento “Mirá como nos ponemos”. La Ley Micaela establece la capacitación con perspectiva de género para todos los funcionarios públicos del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. La diputada Lucila del Ponti (Movimiento Evita), una de las impulsoras de la iniciativa, resaltó: “Insistimos en que se vote la ley porque no nos alcanzan los anuncios o declaraciones que se hacen cuando se mediatiza un tema, pero que después no se llevan a la práctica. Sancionar este proyecto, acordado desde diversos bloques, garantiza avanzar en la implementación efectiva de estas políticas”.

La capacitación en perspectiva de género es fundamental en una justicia que todavía cree, como en la sentencia del Tribunal Oral Criminal Nº1 de Mar del Plata, en el juicio de Lucía Pérez, que si un hombre lleva una Cindor y facturas para tomar con una chica esa es una prueba fehaciente de qué no se trata de un femicida o violador. Falta capacitación. Y mucha, mucha Cindor. Pero, además, faltan abogadas concretas, capacitadas y dispuestas a defender a las víctimas. Y, además a defenderlas de los agresores con poder, dinero y contactos que litiguen contra ellas. No solo que puedan hacer las denuncias, sino que puedan defenderlas de las contra denuncias de los denunciados. Sin ese escudo el derecho a la denuncia de abuso sexual no está realmente garantizado en Argentina. 

El 23 de marzo del 2016, Michelle Obama, cuando todavía era primera dama norteamericana, en su visita a la Argentina, felicitó en su discurso en el Centro de Diseño de Barracas, al país por tener patrocinio jurídico gratuito. Pero una víctima que necesita una abogada todavía se ahoga en un mar de búsquedas difíciles, costosas y, muchas veces, sin resultados. No es la única deuda pendiente post Ni Una Menos “De los 36 refugios para mujeres sobrevivientes de violencia machista que prometió hacer el Gobierno de Mauricio Macri entre 2017 y 2019, apenas se construyeron y equiparon 10, según informó el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM). Pero 8 de los 10 se habían empezado durante la gestión anterior. Recién el mes pasado comenzaron las capacitaciones al cuerpo de abogados que ofrecerá patrocinio jurídico gratuito a las víctimas. Pero el servicio estará disponible a partir del trimestre del año próximo y no en todo el país: solamente en NOA, NEA, La Plata y Neuquén. Las tobilleras electrónicas para monitorear a los agresores se están entregando apenas en 15 jurisdicciones, pero sirven solo si en la zona hay señal para celular. Los datos muestran que la implementación de políticas integrales en materia de violencia de género, a tres años y medio de la primera marcha de Ni Una Menos, todavía es una deuda pendiente. A eso se suma una reducción del Presupuesto 2019 del INAM del 7 por ciento en términos reales, en relación a 2018”, escribió Mariana Carbajal en PáginaI12, el 27 de noviembre del 2018. 

Sin libertad de denunciar no hay libertad. Sin abogadas para defender a las víctimas de las denuncias por denunciar no hay justicia. Las denuncias de las víctimas tienen una diferencia clave y de clase con respecto a la violencia de género y el abuso sexual: la violencia machista se da en todas las clases sociales. En cambio, las denuncias contra las denunciantes es una espada de la contraofensiva de los sectores sociales, culturales y económicos más altos y protagonizada, muchas veces, por personas con influencia, poder, contactos o métodos de intimidación tanto a víctimas, sobrevivientes de abuso sexual y madres protectoras de hijos e hijas abusados sexualmente. 

Si ya no las callan más es indispensable que el poder de querellar a las víctimas no les ponga un bozal legal a las víctimas. Porque ante el bozal lo único que sale es más rabia. Y sí, ya saben cómo nos ponemos.