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A Rosa Smidt, a José Luis Ramírez, a Branco Ramírez, se les nota la pregunta en los ojos. ¿Cómo hago?, se preguntan y se les nota en los gestos de sus rostros. Son la madre, el padre, el hermano menor de Jorge Ramírez, de 30. Una de las víctimas de la peor masacre en comisarías de la historia, la 3ª de Esteban Echeverría. Jorge estuvo retenido en esa celda de 3 por 4 durante seis meses (aunque su caso era excarcelable), con otros once compañeros de desgracia. La vivencia alrededor de su muerte, el vacío que les dejó, el dolor que quema tanto como quemó a su hijo y hermano, el desconocimiento de la maquinaria del sistema, las dudas de si hay forma de responder, y si la hay cuál es. Para encontrar respuestas, por ahora a ciegas, a tientas con su amor, viajaron desde la entrerriana Concordia para enterarse, para encontrarse con otras familias de víctimas de la misma masacre. Y se encontraron con que había 400, 500, casos como el de Jorge, gente de todo el país, en el Centro Recreativo Nacional, en Ezeiza. Muchos que ya saben e iban abrazando con su experiencia a quienes recién llegaban. El V Encuentro Nacional de la Red de Familiares contra la Tortura y otras Violencias Estatales, organizado por la Red de Familiares y por la Comisión Provincial por la Memoria, tuvo y tiene eso: un potente espacio de reclamos donde circulan los abrazos, las preguntas y las experiencias. Horror que sean tantos, y al mismo tiempo que alivio para ellas, que alivio para ellos.
El Encuentro, básicamente, consistió en eso, un espacio donde se compartieron experiencias, historias, se escucharon diferencias y semejanzas. En todas, el eje común fue que el Estado de una u otra manera, los había transformado en víctimas. Circularon los nombres, algunos que lograron atravesar la invisibilidad y colaron en los medios, ya sea por perseverancia, ya sea por el momento, ya sea por empatía, ya sea por azar, no alcanza con una sola de ellas. Estrategias que se van aprendiendo.
Rosa Bru abrió el sábado con su presencia ya mítica y componedora. Apoyaba Andrea Casamento, de la Asociación Civil para Familiares de Detenidos en Cárceles Federales (Acifad). Estaba María Viera, mamá de Fabián Gorosito, asesinado por policías de Merlo en 2010, que en un segundo juicio, hace un mes, fueron absueltos por el crimen pero condenados por torturas a tres amigos de Fabián. También, en primera fila Eugenia Vázquez, hermana de Andrea Viera, asesinada en la comisaría 1ª de Florencio Varela luego de sufrir torturas en 2002, tras haber sido detenida por averiguación de antecedentes.
Claro, el encuentro, todas las historias que iban y fueron circulando, en realidad fueron y van escribiendo otros antecedentes, los comisariales y penitenciarios, por decir de alguna manera, la lisa y llana historia de torturas y muertes por torturas. Esas voces daban vueltas el sábado, ayer, en Ezeiza, mientras los cientos de familiares se organizaban en talleres.
El sábado, a las tres de la tarde, Rosa, José Luis, Branco, estuvieron en el taller en el que los familiares como ellos, los de las víctimas de la masacre de Esteban Echeverría contaron su experiencia, hablaron, todos nuevos en la tremenda recorrida. Hablar ante los demás, hablar como se pueda, porque es el momento en que los ojos se lloran y la garganta traiciona la propia voz, pero hablar hace lugar a reconstruirse. Estaban los familiares de Walter Barrios y Elías Soto, de 21 y de 20, muertos en la 3ª. Junto a ellos, aportando su año y medio de experiencia de ausencia del Estado tras la masacre de la comisaría 1ª de Pergamino, familiares de Sergio Filiberto y Fernando Emanuel Latorre, dos de las siete víctimas.
El alivio al escuchar las mismas historias atraviesa, es escuchar historias del horror, compartirlas, no sentirse sola, solo. Por algún lugar tiene que empezar a abrirse camino esa voz silenciada, y el Encuentro albergó esas voces, ese lugar potente.
Después todas y todos marcharon en Monte Grande al cumplirse un mes del incendio de la 3ª (ver aparte).
“Somos la máxima expresión de la vulnerabilidad de derechos”, dijo Canela Bella, del proyecto Mecha, ex detenida, y además madre del chiquito atracado por un policía marplatense por estar jugando con un arma de juguete. Canela dio datos de género: “Hay 300 mujeres detenidas en la provincia de Buenos Aires. Menos de 20 tienen permiso para ir a trabajar, y ni hablar del abandono que sufren por parte del Estado. El 94 por ciento de las mujeres criminalizadas son madres, el 70 por ciento de sus niños son menores de 10 años. Menos del 40 por ciento de esos niños acceden a la Asignación Universal siendo un derecho para todos los niños”.
Sabrina Sotelo, mamá del Frente Vital, denunció que “hay que investigar a los jefes penitenciarios, que se llevan toda la carne y a los presos no les queda ni el hueso”. Y Cristina Almeida, mamá de David y Matías Monzón, que dijo que “por cada pibe el Estado cobra muy bien”. De hecho, el gobierno de Vidal (Ferrari) acordó con el de Macri (Garavano), el pago de 375 pesos diarios por preso que será trasladado de cárceles bonarenses a federales. El convenio, firmado el 22 de junio contempla el traslado progresivo: 50 internos antes del mes de la firma, 450 que se cumplen hasta el 31 de diciembre, otros mil en 2019 y 1500 en 2020. Para Nación la urgencia por no perder la suma hizo que acomodaran cuchetas en celdas individuales. “Quedan dos camas con el inodoro en el medio”, denunció una de las madres del Encuentro.
En los relatos y en los apoyos estaban con sus experiencias Moisés Vázquez de Santiago del Estero, hijo de Ramón Vázquez asesinado por la policía; Susana Pintos, del Chaco, mamá del soldado voluntario Mauro Ramírez, asesinado cumpliendo guardia en el Ejército, en Apóstoles, Misiones, en 2003; Lorena, la hermana de Pichón Escobar de Rosario, asesinado por la policía al salir del boliche La Tienda en 2015. Estaban en representación de presas y presos de Bower, Córdoba; y de Sierra Chica, donde Marta Arce reclama por la muerte por abandono de su hermano a quien le negaron atención médica, una de tantas formas de tortura. Estaban Familiares y Amigues de Marcos Bazán, reclamando por su libertad y denunciando que “le armaron la causa en el femicidio de Anahí Benítez”.
Ayer, antes de cerrar el V Encuentro y como modo de organización, todos los familiares se distribuían en talleres que darían espacios a aquellas preguntas.
