Organizaciones de derechos humanos, sociales, eclesiásticas, académicas y otras entidades que defienden los derechos de personas migrantes le pidieron una reunión urgente al Ejecutivo nacional por la decisión de modificar por decreto la política migratoria. El CELS, Amnistía Internacional Argentina, la Iglesia Evangélica y la Fundación Comisión Católica Argentina de Migraciones, entre otras, manifestaron su preocupación ante las propuestas que “asocian la migración al delito, instalando un falso problema que desplaza un real debate sobre cómo abordar problemas de seguridad y violencia en un mundo globalizado”. En los últimos días, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, repitió una y otra vez que son extranjeros “el 33 por ciento” de los presos “por delitos federales”, omitiendo que menos del 6 por ciento de la población carcelaria total es extranjera y que sobre dos millones de inmigrantes que viven en la Argentina apenas 1420 (es decir, el 0,07 por ciento) están presos por delitos vinculados al narcotráfico, con el que son reiteradamente vinculados por el discurso oficial. El cónsul de Bolivia en la Argentina, Jorge Ramiro Tapia Sainz, advirtió que los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri hablan del tema “con una ligereza que nos alarma”.
La carta con el pedido de reunión suscripta por más de 130 organizaciones e investigadores está dirigida al jefe de Gabinete, Marcos Peña, a la canciller Susana Malcorra y al secretario de Derechos Humanos y Pluralismo, Claudio Avruj. “Las propuestas de modificación de la Ley de Migraciones 25.871 y de la Ley de Nacionalidad 346 no fueron presentadas, discutidas o debatidas de manera amplia, ni siquiera en los espacios institucionalizados ya existentes”, advierten los firmantes, y mencionan la Mesa sobre Migración y Refugio convocada por Avruj o la Mesa de Diálogo Migratorio creada en 2014. La decisión “absolutamente infundada” de avanzar con un decreto “tendrá impacto negativo en la vida de casi dos millones de personas”, es decir, los inmigrantes radicados en el país, por lo que piden que se debata y se sigan “los cursos legislativos normales para una implementación democrática”.
“La concentración de extranjeros que cometen delitos de narcotráfico es la preocupación que tiene nuestro país (sic) y ahí es donde nosotros queremos apuntar”, afirmó la ministra Patricia Bullrich. “Acá vienen ciudadanos peruanos y se terminan matando por el control de la droga; vienen ciudadanos paraguayos y se terminan matando por el control de la droga, no tanto bolivianos”, generalizó la funcionaria, y con el mismo rigor agregó que “muchos ciudadanos paraguayos, bolivianos y peruanos se comprometen tanto sea como capitalistas o como mulas, como choferes o como parte de una cadena en los temas de narcotráfico”. Como dato respaldatorio sostuvo que “en las cárceles federales, el 33 por ciento de presos extranjeros son por delitos federales”, recorte útil para estigmatizar al amplio universo de inmigrantes y agigantar al nuevo enemigo público creado por Cambiemos, que omite otras cifras más significativas: los presos por narcotráfico representan el 10 por ciento de la población carcelaria total entre sistema penitenciario federal y sistemas provinciales, y sobre ese universo apenas el 17 por ciento son extranjeros frente a un 83 por ciento de argentinos.
“Nos preocupa que las propuestas de reforma presentadas asocien la migración al delito, instalando un falso problema que desplaza un real debate sobre cómo abordar problemas de seguridad y violencia en un mundo globalizado”, remarcan las organizaciones en su nota dirigida al gobierno nacional. “De hecho, la participación de personas migrantes en el total de los delitos no es significativa: menos del 6 por ciento de la población carcelaria es extranjera, mientras que la conformación de la población extranjera en la Argentina es del 4,5 por ciento”, apuntan. “Esta vinculación puede habilitar, además, episodios de xenofobia y violencia hacia las personas migrantes, como el caso Marcelina Meneses, asesinada en el año 2001 en razón de su nacionalidad boliviana”, recuerdan la APDH, la CTA de los Trabajadores, el programa Migración y Asilo de la Universidad Nacional de Lanús y un amplio listado de asociaciones, centros de residentes y colectividades de Perú, Bolivia, Haití, Venezuela y Paraguay, entre otros países.
“Estamos indignados con estas apreciaciones” por parte de “una funcionaria de alto nivel”, dijo Tapia Sainz sobre las declaraciones de Bullrich. “No es la primera vez. Altas autoridades del Estado argentino están hablando con una ligereza que nos alarma”, planteó el cónsul de Bolivia, quien recordó el antecedente del jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria-PJ, Miguel Pichetto, a quien el Gobierno “respaldó indirectamente”, recordó. El diplomático destacó que la función de la ministra “debería ser velar por el bien común y ver estos altos porcentajes que no menciona”, en relación con el porcentaje de nacionales imputados por delitos vinculados al narcotráfico.
Tapia Sainz también recordó que en abril del año pasado Patricia Bullrich mantuvo una “reunión preparatoria” con autoridades de Bolivia para avanzar en un encuentro bilateral a fin de coordinar la “lucha frontal contra fenómenos como el narcotráfico”. “Esta generalización daña la integridad de nuestras naciones. Si hubiera algún problema con barra bravas y mafiosos no sería bueno que a toda una hinchada pueda señalar”, ejemplificó, y anticipó que “vamos a tratar (el tema) a través de nuestra cancillería”.
