El Centro de Estudios Legales y Sociales presentó un pedido para constituirse en querellante en la causa judicial que investiga los secuestros, torturas, homicidios y desapariciones de obreros de la planta Acindar durante la última dictadura cívico militar. “Queremos que la investigación pueda responder qué información, instalaciones y mobiliario prestó la empresa más importante en la industria del acero nacional a la estructura del terrorismo de Estado”, resumió el director del área de Litigio y defensa legal del organismo de derechos humanos, Diego Morales. Según el trabajo realizado por el CELS, en las instalaciones de la planta siderúrgica se instaló un destacamento policial y, en los lugares donde los trabajadores dormían, un centro clandestino de detención, mientras que acusan a la dirección de la empresa de aportar fotografías de obreros que después las patotas utilizaron para sus operativos. La querella, que aún no fue confirmada, buscará identificar la responsabilidad de directivos, de personal jerárquico y de personas vinculadas con Acindar en esos crímenes de lesa humanidad.

Los hechos tienen como escenario la ciudad de Villa Constitución, en la provincia de Santa Fe, cuyo corazón fabril estaba encarnado en la sede central de Industria Argentina de Aceros S.A. Acindar. Sus patrones y el enorme cuerpo de trabajadores son los protagonistas. La causa judicial, que se desarrolla lentamente en la Justicia federal rosarina, investiga los secuestros, las torturas, los asesinatos y desapariciones de cientos de trabajadores de esa empresa, “todos activistas gremiales y políticos”, apuntó Morales, en diversos operativos que desarrollaron las fuerzas de seguridad entre 1974 y los primeros días del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

“Se trata de hechos de represión que fueron desplegados sobre trabajadores, y en particular sobre integrantes de la comisión interna de Acindar, la Lista Marrón, la que le gana la conducción en la empresa a la burocracia de la Unión Obrera Metalúrgica”, completa el director del CELS. Lo que plantea el organismo –cuya comisión directiva integra Victorio Paulón, secretario de Derechos Humanos de la CTA y víctima de estos hechos– en el pedido de querella que presentó ante el Juzgado de Instrucción Federal 4 de Rosario es la necesidad de investigar “qué relación existió entre la empresa y las Fuerzas Armadas en cuanto a los crímenes de lesa humanidad que tuvieron como objetivo a los trabajadores de esa compañía”.

El titular de la Unidad Fiscal Especializada en delitos de lesa humanidad de Rosario, Adolfo Villate, presentó ante el mismo juzgado un pedido de indagatoria para miembros jerárquicos de la empresa por su participación en violaciones de derechos humanos de obreros de la planta. El pedido fue realizado en marzo de 2017 y aún no fue resuelto.

En 1974, un grupo mayoritario de obreros de Acindar llevaron a cabo una serie de medidas de protesta para reclamar por la reincorporación de la comisión interna de la planta, recién electa, integrada por la Lista Marrón del gremio metalúrgico, contraria a la dirigencia general del sindicato, entonces comandada por Lorenzo Miguel. Esas protestas son recordadas como el primer “Villazo”: el desplazamiento de esos delegados había sido “negociado” entre la empresa y la burocracia sindical del sector metalúrgico, que por entonces comandaba Lorenzo Miguel. 

El segundo fue en marzo de 1975 y significó una huelga de dos meses: su objetivo fue protestar contra el operativo que en la ciudad desplegaron las fuerzas de seguridad nacional y provinciales, la Triple A y la Juventud Sindical, llamado “Serpiente roja del Paraná”. Entonces, cerca de 300 trabajadores detenidos fueron torturados, mantenidos secuestrados, asesinados y algunos permanecen desaparecidos. El último operativo que cayó sobre la planta de empleados de la siderúrgica fue tras la instalación de los genocidas en el gobierno. Hubo una nueva ola de secuestros, más torturas. Algunos trabajadores fueron asesinados, otros continúan desaparecidos. 

“Coincidentemente con el aumento de los reclamos de la organización sindical interna aparecen las respuestas represivas más duras. Los dos operativos que suceden a los ‘villazos’ llegan tras profundas y duras discusiones que la interna de Acindar había mantenido con la empresa”, mencionó Morales, que agregó un dato más: “Después de que la lista marrón tomó la conducción de la comisión interna de la planta de Acindar en Villa Constitución, la base de afiliados creció de 4 a 7 mil trabajadores. Creemos entonces que la empresa tuvo una intención en que el objetivo de la represión fueran estos trabajadores, símbolo del sindicalismo combativo de aquellos años”. 

¿Qué vínculos mantuvo la empresa con la represión estatal de la Triple A y la dictadura? A fines de 1974, la dirección de la compañía habilitó la instalación de un destacamento policial dentro de las instalaciones de la empresa, “algo que los trabajadores resistieron sin éxito”, apuntó Morales. 

Desde el organismo de derechos humanos informaron que la empresa concedió a la mano de obra genocida de la última dictadura las fotografías que ordenó a sus trabajadores que se sacaran para renovar el carnet de fábrica. “Esas fotos terminaron usadas por los militares para identificar a los trabajadores durante los operativos de secuestros y allanamientos”, aseguran en el informe de difusión de la presentación de la querella en el que también mencionan que en los albergues de solteros de la fábrica     –donde dormían algunos obreros– funcionó un centro clandestino de detención. “A este lugar fueron conducidos algunos secuestrados y allí mismo, torturados. Algunas de las víctimas, además, fueron secuestradas en lugares en los que sólo el personal directivo de Acindar sabía que se encontraban.”