Donald Trump se topó ayer con la resistencia de grupos defensores de los migrantes, de latinos, árabes y refugiados, que amenazaron con manifestaciones y acciones de resistencia civil en todo el país. Más allá de las pancartas y las consignas, las organizaciones hispanas más importantes de Estados Unidos aseguraron que mantienen contacto con el nuevo gobierno y que piensan presionar a alcaldes y miembros del Congreso. “Por supuesto vamos a tomar acciones de desobediencia civil, manifestaciones y registro de votantes hispanos, pero también vamos a contactar a la gente del gobierno de Trump”, dijo Brent Wilkes, director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), durante una conferencia de prensa telefónica.
Asimismo, Wilkes aseguró que su organización y otras ya transmitieron su preocupación a los asesores hispanos de Trump por las medidas aprobadas y tienen vínculos con el Consejo Asesor Hispano del presidente, formado por varias figuras conservadoras y presidido por el congresista republicano, Raúl Labrador. Trump firmó ayer dos órdenes ejecutivas para ordenar la construcción inmediata de un muro en la frontera con México y el retiro de fondos federales de las llamadas “ciudades santuarios”, en las que las fuerzas locales se niegan a colaborar con las autoridades federales en la deportación de indocumentados.
“Esas órdenes van a construir un muro de intolerancia que no va a solucionar nada en inmigración. De hecho, va a hacerlo todo más difícil y hará más difícil que tengamos un sistema migratorio que funcione para todos”, consideró la presidenta del Consejo Nacional de La Raza, Janet Murguía. En otra conferencia telefónica, el director de la Coalición de las Comunidades del Sur, Christian Ramírez, alertó del daño que la construcción del muro va a causar en las ciudades y condados de la frontera entre México y Estados Unidos, que apoyaron en las elecciones de noviembre a la ex candidata presidencial demócrata Hillary Clinton.
“Los niños podrán ser detenidos de camino a la escuela, los padres de camino al trabajo, las familias en su ruta al médico y los que rezan en su lugar de culto”, dijo Ramírez, cuyo grupo representa a 60 organizaciones, de una punta a otra de la frontera, desde San Diego, en California, a Brownsville, Texas. La construcción de la valla es la primera de una serie de medidas sobre seguridad nacional que prepara Trump, entre las que se incluye la reducción del número de refugiados que pueden entrar al país, y el bloqueo temporal de aquellos que soliciten asilo y provengan de naciones sospechadas de financiar actos terroristas.
Esa medida afectaría a migrantes que provienen de países como Siria, Libia, Irán, Irak y Sudán, según medios locales. “Los miedos de la comunidad musulmana y árabe, la retórica divisiva de la campaña electoral, todo se está haciendo realidad dentro de este gobierno”, se lamentó Abed A. Ayoub, director de política y legalidad de la Comisión Antidiscrimi- nación Árabe-estadounidense (ADC). “Vamos a continuar luchando, vamos a enfrentarnos a este veto que quiere prohibir a los musulmanes entrar a Estados Unidos”, prometió Ayoub.
Quien también se expresó fue Melanie Nezer, vicepresidenta de Políticas y Defensa de HIAS, una organización judía que se dedicó a ayudar a los refugiados que llegan a Estados Unidos. “Nuestra principal preocupación es sobre los refugiados que ya tienen su viaje programado hacia acá. ¿Qué vamos a decirles?”, preguntó Nezer, quien lamentó que los refugiados tuvieran que pasar un proceso de dos años para finalmente no poder ingresar en Estados Unidos porque el gobierno ha cambiado de opinión y ahora Trump es presidente. “Esto es totalmente arbitrario, muchos de ellos tienen familia aquí que va a verse devastada, podría provocar una separación permanente”, sentenció Nezer.
