Tal como lo hace el gobierno de Cambiemos cada vez que recibe un fallo en contra de alguna de sus decisiones, los abogados de la agencia oficial Télam presentaron una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra los camaristas que ratificaron la reincorporación de cinco trabajadores, en un fallo que, por extensión, dio pie a que la misma medida tuviera efecto sobre los restantes 352 despedidos del medio estatal.
La medida apunta contra los miembros de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Enrique Arias Gibert y Miguel Rodríguez Brunengo, quienes ratificaron un fallo de primera instancia dictado en junio por el Juzgado Nacional de Apelaciones del Trabajo 22 que ordenaba las reincorporaciones. La Sala V había aclarado que el fallo era para los cinco trabajadores y que la cautelar requería una demanda de fondo. No obstante, la regla de orden general tuvo efectos que pudieron replicarse en los demás afectados por el despido masivo.
La denuncia presentada por los abogados de Télam cuestiona sostiene que los magistrados hicieron lugar a medidas cautelares más allá de lo que se había resuelto en primera instancia. El pedido de jury aguarda ser sorteado entre los miembros que de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura. Por este motivo, los magistrados aún no fueron notificados de la medida que pretende sentarlos en el banquillo.
Las reincorporaciones en Télam dictadas en primera instancia en junio pasado habían sido apeladas por Rodolfo Pousá, presidente de la agencia de noticias y subordinado del titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi. El paso siguiente se dio en agosto, cuando Arias Gibert y Rodríguez Brunengo dictaron la “nulidad” de esa presentación y ratificaron las reincorporaciones. Al mes siguiente, la Cámara los apartó y ahora recae contra ellos una denuncia.
No es la primera vez que la administración de Mauricio Macri obra de esta manera con jueces que fallan contra alguna de sus decisiones ni que lo hace contra Arias Gibert.
En febrero pasado, el entonces Ministerio de Trabajo, luego devaluado a Secretaría, presentó un pedido de juicio político contra ese camarista, por haber fallado contra la intromisión del Gobierno en la paritaria bancaria. La cartera laboral había intentado anular el acuerdo entre los bancos y la Asociación Bancaria de un aumento del 24 por ciento, que era superador del techo del 17 que había intentado fijar la Casa Rosada.
El pedido de jury al Arias Gibert y la camarista Graciela Elena Marino fue repudiada por los jueces que integran la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que emitieron una nota en la que subrayaron que esa presentación constituía “una grave injerencia en la jurisdicción judicial, vedada a funcionarios de otros poderes”.
“Ningún juez puede ser atacado por el contenido de sus sentencias”, y con ese pedido de enjuiciamiento “la independencia del Poder Judicial ha sido puesta en riesgo”, como así también “la vigencia plena de la Constitución nacional”, concluyó la nota fechada el 24 de febrero del año pasado.
