"Fue como volver cien años atrás", declaró uno de los inspectores del Ministerio de Trabajo provincial sobre la sensación que tuvo al llegar al campo de arándanos de Santa Teresa donde en 2016 encontraron a niños trabajando. Ahora la Justicia de Villa Constitución condenó en juicio abreviado al matrimonio que los empleaba de manera precaria e insegura a la pena de un año de prisión condicional con reglas de conducta. Se trata de la primera sentencia condenatoria en el país por el delito de aprovechamiento económico ilegal de trabajo infantil, del que fueron víctimas cinco chicos de entre 12 y 16 años. Sus familias recibieron acompañamiento del área de Desarrollo Social.

Inspectores del ministerio de Trabajo que conduce Julio Genesini llegaron el 10 de noviembre de 2016 a una explotación agrícola sobre el kilómetro 54 de la ruta provincial nº 90, en el acceso a Santa Teresa: "Venta de arándanos", anunciaba el cartel en el ingreso. En un día de pleno sol, una mujer recibió a dos inspectoras y un inspector en el campo ubicado a 60 kilómetros de Rosario. "La mujer empezó con negativas, diciendo desconocer al dueño y ser solamente una encargada del lugar"; sin embargo, al consultar datos por internet, se logró llegar al nombre de su hijo y la mujer reveló que él no era el dueño, sino su marido. Al relevar el campo, vieron a un grupo de personas trabajando entre los que había menores de edad. "El más chico tenía doce o diez años", aseguraron. El trabajo que observaron consistía en recoger los arándanos manualmente de los arbustos y colocarlos en una canastita que colgaba de su cuerpo. Luego pasaban esa carga a unos canastos más grandes y a éstos los trasladaban hasta la balanza, donde la mujer anotaba en un papel la cantidad de kilos que juntaba cada uno. Al parecer, al final de la semana el establecimiento pagaba a los recolectores a razón de 11 pesos por cada kilo de fruta. Pero en la venta al público, en cambio, el precio era de 100 pesos por kilo.

El galpón era precario, solo había una mesa, balanza y una heladera de las viejas donde se refrigeraban los arándanos. "No había agua potable, ya que la mujer refirió que sólo había agua de pozo", dijo una inspectora. "El traslado de los cajones implicaba una fuerza excesiva para los chicos", aseguró. Tampoco vio baños, cocina, ni lugares de refugio ni descanso. "La gente trabaja al rayo el sol y sin horarios fijos", aseguró. "La sensación era de desidia total".

Los condenados por la jueza Marisol Usandizaga son Héctor Osvaldo Balducci y Silvia Edit Bava. Ambos fueron imputados por "haberse aprovechado económicamente del trabajo de al menos cinco menores de edad, haciéndoles recoger manualmente los frutos de la plantación de arándanos que poseen con los fines de comercialización privada, a cambio del pago de 11 pesos por kilogramo recogido, representando ello un trabajo riesgoso, en condiciones insalubres y de un esfuerzo excesivo para la edad de los niños", dice el veredicto judicial.

Guillermo Cherner, subsecretario de Políticas de Empleo y Trabajo Decente, dijo ayer en declaraciones radiales que en el caso hubo un proceso administrativo con multas económicas; pero que en paralelo se impulsó la causa judicial. El funcionario dijo que en el trabajo rural es "común" el empleo de menores de edad. "Son casos de mucha necesidad. Muchas veces estos menores realizan estas tareas porque es necesario para el sustento familiar, por lo tanto se aplica todo un protocolo donde lo primero que se hace es cesar estas tareas", dijo a LT8.

Entre las reglas de conducta que ordenó la jueza, los condenados no podrán acercarse a las víctimas del hecho y los puso a disposición de la Dirección Provincial de Control y Asistencia Post Penitenciaria por dos años.