El presidente de Estados Unidos, el magnate Donald Trump, aceptó cerrar su fundación de caridad tras llegar a un acuerdo judicial. La Fundación Trump fue acusada de persistente conducta ilegal, según informó ayer la fiscal general de Nueva York, Barbara Underwood.
“Es una importante victoria para el imperio de la ley, que deja en claro de que las normas son iguales para todos”, afirmó la fiscal en un comunicado. “La Fundación Trump es un escandaloso modelo de ilegalidad, incluyendo una coordinación ilegal con la campaña presidencial de Trump, reiterada y deliberada auto-gestión y mucho más”, agregó. “Esto es lo mismo que decir que la Fundación Trump funcionaba como un talonario de cheques al servicio de los intereses económicos y políticos del señor Trump”, declaró la fiscal, quien indicó, además, que la fundación será disuelta y los $1,75 millones de activos restantes serán distribuidos entre otras obras de caridad.
El acuerdo entre el líder republicano y la fiscalía, que aún requiere de la aprobación del tribunal, llega semanas después de que un juez rechazara los argumentos de los abogados de la fundación de que el caso tenía motivaciones políticas y debía ser cerrado.
“Continuaremos avanzando con nuestra demanda para garantizar que la Fundación Trump y sus directores rindan cuentas por estas violaciones claras y repetidas de la ley federal y estatales”, dijo Underwood. La demanda, presentada por la fiscal el 14 de junio, acusa a Trump y a sus tres hijos mayores, Donald jr., Ivanka y Eric, de usar ilegalmente el dinero de la organización de beneficencia para mejorar sus chances políticas durante la carrera a la Casa Blanca. Además, la fiscal aseguró que la demanda, que seguirá adelante a pesar de la decisión de disolver la entidad, reclama millones de dólares de indemnizaciones y multas, en tanto busca prohibir a los cuatro acusados de formar parte de consejos de otras organizaciones benéficas de Nueva York.
La demanda pintó un cuadro de mal uso durante años de los fondos de la fundación. Los supuestos abusos incluyeron aportar dinero a una campaña política de Florida; promocionar los hoteles de la marca Trump; resolver una demanda en 2007 entre la ciudad de Palm Beach y el resort Mar-a-Lago de Trump; solucionar otra demanda de un golfista que participó en un evento de caridad patrocinado por Trump en 2012 y cubrir gastos personales, incluida la compra de un retrato que se exhibió en uno de sus clubes de golf. Según la denuncia, había tan poca supervisión de la fundación que su junta no se reúne desde 1999, pese a los requisitos legales para una reunión anual necesaria para revisar sus finanzas. El propio tesorero de la Fundación, Allen Weisselberg, dijo a los investigadores que ni siquiera estaba al tanto de estar en la junta directiva, informó el diario estadounidense The Washington Post. Cuando lo cuestionaron sobre cuáles eran las políticas de la fundación para determinar cuándo los pagos eran apropiados, Weisselberg contestó: “Sólo para que entiendan, no existe una política”. La fundación tampoco tenía empleados pagos.
Siguiendo al Post, la donación más grande de la fundación –un regalo de 264 mil dólares a la ONG Central Park Conservancy, en 1989– parece haber beneficiado a Trump, ya que se destinó a pagar la restauración de una fuente afuera del Hotel Plaza del magnate neoyorquino.
Alan Futerfas, uno de los abogados de la Fundación Trump, dio a conocer ayer un comunicado en el que criticaba a Underwood por politizar el acuerdo. “La Fundación estuvo buscando disolverse y distribuir sus activos restantes a causas de caridad significativas desde la victoria de Donald J. Trump en las elecciones presidenciales del 2016”, dijo el letrado. “Desafortunadamente, la Fiscalía General de Nueva York buscó detener la disolución durante casi dos años, privando, así, de ayuda a aquellos que más necesitan del dinero de la fundación”, afirmó Futerfas.
La investigación fue iniciada en 2016 por el antecesor de Underwood, Eric Schneiderman, luego de que The Washington Post informara que algunas de sus operaciones habían beneficiado personalmente al candidato presidencial. A fines de 2016, el ahora Presidente dijo que quería cerrar la fundación, pero el fiscal se lo impidió mientras completa su investigación. En ese entonces, Schneiderman ordenó a la fundación dejar de recibir donaciones en Nueva York. Underwood fue nombrada en reemplazo de Schneiderman en mayo de este año, luego de que el fiscal renunciara en medio de acusaciones de abusos sexuales.
Trump y sus abogados niegan que la organización haya incurrido en delito alguno. Más aún, en junio, Trump calificó la demanda de la fundación como un caso ridículo impulsada, dijo, por sórdidos demócratas de Nueva York y se comprometió a combatirlo. Sin embargo, esta última demanda cierra un año que encuentra al mandatario bajo un acoso legal sin precedentes para un presidente de Estados Unidos, incluyendo la explosiva investigación por una presunta colusión con Rusia durante la campaña presidencial para ayudarlo a ganar las elecciones. La investigación, llevada adelante por el fiscal especial Robert Mueller, parece estar llegando a su fin tras una serie de recientes revelaciones. Además, la semana pasada, el ex abogado personal de Trump, Michael Cohen, fue sentenciado a tres años de prisión por pagar dinero secreto a dos mujeres que afirmaban haber tenido relaciones con el mandatario, entre otros delitos.
