Con una denuncia contra el Gobierno por su cruzada para restringir los derechos de los trabajadores, un centenar de laboralistas crearon el Foro de Abogados de Organizaciones Sindicales. Asesores de gremios de un arco político que va de la ortodoxia sindical a la izquierda presentaron el espacio con un documento; allí advirtieron sobre la reforma laboral que Cambiemos va concretando de hecho y “en forma encubierta, a través de todo tipo de presiones a los sindicatos para modificar a la baja los convenios colectivos de trabajo”. Los laboralistas señalaron como parte del mismo programa de quita de derechos una continua ofensiva para afectar la autonomía sindical. “Vivimos una vulneración sistemática de la libertad y democracia sindical de los trabajadores y de sus organizaciones”, describieron.

El Foro surgió de tres encuentros en los que sus asistentes fueron poniendo en común la situación que atraviesan. Algunos casos que compartieron ilustran a qué alude la expresión “reforma laboral de hecho”: 

  • El gremio de los marítimos (SOMU) está denunciando que las cámaras empresarias intentan imponerles, como condición de un aumento salarial, una modificación del su convenio. Los trabajadores lanzaron una semana de trabajo a reglamento, que básicamente consistía en no realizar horas extra. En auxilio del sector empresario, el Gobierno dictó una conciliación obligatoria. ¿Qué piden las empresas cambiar del convenio? “Introducir la polivalencia funcional, una rebaja de los jornales de los días que los trabajadores pasan en tierra y la extensión de la jornada de trabajo”, explicó el abogado León Piazek, que representa a la nueva conducción del SOMU.
  • Los aeronáuticos atraviesan un embate de Cambiemos para desarticular Aerolíneas y Lan mediante la apertura de los cielos a empresas extranjeras y low cost. En este marco se intenta condicionar la apertura de la negociación paritaria a que los gremios acepten discutir medidas que implican flexibilización. El proceso tiene avances y retrocesos visibles, como el dictado de la resolución de la ANAC 895, que flexibilizó la contratación de pilotos extranjeros. El lunes, el Gobierno dio marcha atrás con la medida ante la inminencia de un nuevo paro coordinado por los gremios. Luis Enrique Ramírez, abogado de los pilotos, ubicó en este marco el hecho de que Trabajo haya otorgado “la inscripción gremial en tiempo récord a un sindicato ‘amarillo’ del personal de Flybondi, impulsado por la empresa. 
  • Los trabajadores lecheros (Atilra) debió resignar cláusulas convencionales y aportes patronales al sindicato a cambio de un salvataje del Estado a la empresa SanCor.

En el documento fundacional (que no incluye los ejemplos citados, sino una descripción de las políticas de Gobierno), otro puntos denunciados son la intervención a los sindicatos, la persecución política contra dirigentes, abogados y jueces del trabajo, la represión de los conflictos, el combo de medidas para impedir el derecho a huelga (multas, uso arbitrario de la ley de conciliación obligatoria), la actitud pasiva del Estado frente a despidos masivos, la no convocatoria a paritarias, la violación de las normas respecto de la homologación de acuerdos y convenios colectivos.

“Todo el discurso del Presidente después de que fue frenado el tratamiento de la reforma laboral en el Congreso apuntó a instalar que la reforma sería hecha a través de los convenios colectivos de trabajo. Lo que no pudieron modificar con ese proyecto de ley laboral regresivo, tratan de imponerlo sector por sector”, definió Matías Cremonte, de la Asociación de Abogados Laboralistas.

El objetivo del Foro es denunciar las políticas del Gobierno y desplegar acciones en defensa de los derechos sindicales. Detrás de esta idea cerró filas una amplia confluencia. Para Verónica Quinteros, abogada de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles, “la idea fue conseguir un espacio lo más amplio posible y hacerlo funcionar de manera plenaria”.

Entre los que participan del Foro están Héctor Recalde, Guillermo Gianibelli (Metrodelegados), Hugo Moyano (Camioneros), Héctor García (Ctera), Noemí Rial (ex secretaria de Trabajo, abogada de la Unión Ferroviaria), Leandro Macia (Agrupación 7 de Julio), Enrique Rodríguez (ex ministro de Trabajo), Adolfo Matarrese (Alimentación), Paula Lozano (Aceiteros), Guillermo Pajoni (Federación Judicial).

“Vivimos una vulneración sistemática de la libertad y democracia sindical a través de la acción u omisión de la autoridad de trabajo y de parte de la Justicia con el fin de criminalizar a la organización sindical e impedir el ejercicio de derechos”, describieron los firmantes, que criticaron también la decisión de Mauricio Macri de degradar el Ministerio de Trabajo a secretaría, medida que refleja la importancia que Cambiemos le da a la defensa de los derechos laborales.