La dirigente social Milagro Sala enfrentó pedidos de pena que van desde los 12 hasta los 22 años de cárcel en los dos juicios que la tienen entre los acusados por defraudación al Estado, en el debate oral que repasa la megacausa conocida como Pibes villeros y tentativa de homicidio en el que evalúa los hechos catalogados como Balacera de Azopardo. Su abogada Elizabeth Gómez Alcorta exigió ayer en este último caso la absolución de Sala, la referente de la organización Tupac Amaru, y advirtió que solicitará que se investigue a dos testigos por falso testimonio.
“Este es el cuarto juicio que en dos años debemos enfrentar en su contra”, comenzó su alegato Gómez Alcorta, quien mencionó que “en todos sucede lo mismo: se trata de hechos en los que ella –Sala– no tuvo intervención directa, sino que aparece una persona que dice que ella ordenó a otra persona hacer algo. Siempre vemos que esa persona es inmediatamente beneficiada y la situación de mi asistida, agravada”. En ese sentido, denunció que el expediente que llevó a juicio a Sala por el delito de homicidio en grado de tentativa en el marco de lo que se conoce como la balacera de Azopardo “llega a un nivel de perversión que no solo afecta a Sala sino claramente al estado de derecho”.
Horas antes de que alegue Gómez Alcorta, la fiscalía a cargo de Sergio Cuellar había solicitado la pena de 12 años de prisión para Sala, quien apareció vinculada a los hechos en 2016, diez años después de ocurrido el tiroteo entre Jorge Páes, Rafael Avila y Alberto “Beto” Cardozo, donde resultó herida una niña de 11 años. En 2007, Páes y Avila tirotearon desde un auto a Cardozo con intención de matarlo. Diez años y varias idas y vueltas en la causa después, Páes se entregó a la policía tras permanecer prófugo e incriminó a Sala: sostuvo que fue ella quien le solicitó que matara a Cardozo a cambio de una propiedad que, según la confesión, la dirigente ya le había otorgado. De inmediato, Páes recibió el beneficio de la prisión domiciliaria mientras que Sala fue detenida.
Durante sus alegatos, Gómez Alcorta enumeró una a una inconsistencias en la investigación, contradicciones en los testimonios de Páes y su hija, las únicas dos personas que incriminan a Sala, y el vínculo entre los acusadores y el Poder Judicial de Jujuy. “No hay posibilidad alguna de alcanzar una certeza, de probar la participación de Sala en el intento de homicidio (de Cardozo)” ya que “el único testimonio (que podría funcionar como prueba) es el de Páes, que le genera un beneficio a sí mismo y que no ostenta ninguna credibilidad”, planteó la abogada. Por esa razón, consideró que “debe primar el principio de inocencia y el beneficio de la duda” sobre la situación penal de la dirigente social y, por ende, resultar absuelta.
En el caso de que el tribunal considere prueba suficiente el testimonio que la abogada descartó por contradictorio e inconsistente y decida condenarla, la defensa de Sala entonces exigió que se le aplique la pena mínima y de ejecución en suspenso. Gómez Alcorta remarcó ante el tribunal “la oportunidad” que éste tiene de “demostrar que la magistratura no se degrada a pesar de la persecución política y judicial que se vive en la provincia”.
Sin embargo, el pedido de pena que para Sala presentó Cuellar en el juicio por los hechos de la balacera de Azopardo no fue el más grave. Éste lo presentó el Ministerio Público de la Acusación en el juicio por la megacausa Pibes villeros, que la tiene a Sala acusada de asociación ilícita, defraudación al Estado y extorsión. Para ella, la fiscal Liliana Fernández de Montiel solicitó 22 años de prisión, en tanto que la Oficina Anticorrupción, una de las querellas, exigió 18 años de encierro. El debate concentra tres causas que investigaron a Sala y a otras 30 personas, entre integrantes de la organización barrial y ex funcionarios provinciales y municipales, por presuntos delitos relacionados con fondos públicos destinados a la construcción de viviendas.
Ayer, desarrollaba sus alegatos la otra querella, representada por la fiscalía de Estado, algo así como los abogados del Poder Ejecutivo jujeño y una de las espadas con las que Gerardo Morales persiguió a Sala con un derrotero incesante de causas judiciales. Sin ir más lejos, uno de los letrados que integró el equipo de la fiscalía de Estado en el juicio fue Mariano Miranda, voz pública en contra de la dirigente social. Durante su exposición, Miranda insistió en una idea que ya ha utilizado más de una vez pública y judicialmente: la comparación de la Tupac Amaru con una “organización paramilitar”.
Ni la Oficina Anticorrupción ni la Fiscalía de Estado presentaron requerimiento de elevación a juicio por los hechos que se juzgan en este debate, así como tampoco adhirieron al presentado por el Ministerio Público de la Acusación con lo cual su habilitación para participar del juicio cuanto para emitir alegatos es cuestionada.
