El ex secretario de Transportes Ricardo Jaime no firmó el acuerdo de juicio abreviado en la causa de enriquecimiento ilícito porque no se excluyeron del convenio cuatro propiedades, una de su ex esposa y tres que corresponden a una hija y dos hijastras. En el acuerdo, Jaime iba a admitir su responsabilidad en el enriquecimiento ilícito y una condena a cuatro años de prisión. El Tribunal Oral objetó la exclusión de esas propiedades en el acuerdo propuesto por la fiscal Gabriela Baigún, que incluía una multa de 16 millones de pesos. Al caerse la propuesta, habrá juicio el año próximo, con fecha de iniciación en marzo. En el pabellón 6 de la cárcel de Ezeiza, el ex funcionario asegura que esos bienes no fueron comprados por él ni tienen nada que ver con su gestión y que existe una pericia de la Corte Suprema en la que, según él, se concluye que la mayoría de los bienes que se le atribuyen no son suyos. Del otro lado, Baigún sostiene que Jaime tiene fondos escondidos y que iba a pagar la multa.
Desde el punto de vista político, el acuerdo iba a ser de importancia para la Casa Rosada porque sería el primer reconocimiento de enriquecimiento ilícito de un ex funcionario. Jaime, en sus charlas privadas, no admite que los bienes son suyos, pero no quería someter a su familia a un juicio en el cual su ex esposa y sus hijas correrían el riesgo de perder las viviendas que habitan.
Baigún presentó un resumen de 28 bienes que, para la Justicia, Jaime no puede explicar. Una buena parte son inmuebles, hay gran cantidad de vehículos y algo –unos 50.000 dólares– de dinero en efectivo. En base a esos bienes se calculó de cuánto sería la multa y se esbozó el acuerdo que contemplaba los 16 millones de pesos a pagar. La fiscal afirma que ese dinero se pagaría en efectivo una vez que el Tribunal aceptara el acuerdo.
Desde la cárcel, Jaime sostiene que le atribuyen a él una enorme cantidad de propiedades que no son suyas, incluyendo bienes que son de su ex esposa. Silvia Reyss conoció a Jaime en 1999 y ella había tenido un matrimonio anterior tras el cual –siempre según el ex funcionario– se quedó con tres propiedades. Jaime afirma que le adjudican a él esos bienes, pero que no tuvo nada que ver. Tampoco reconoce como propias ni compradas con dinero mal habido viviendas y departamento de sus hijas e hijastras que –según afirma– son profesionales. Lo mismo sostiene respecto de un avión –un Learjet Bombardier– en el que asevera haber viajado sólo tres veces y que sugiere que fue comprado por el ex corredor de autos Jorge Cupeiro, junto a un empresario cuyo nombre no reveló hasta ahora. Jaime dice que la aeronave iba a ser explotada por el socio de la familia Macri en Macair, Carlos Colunga, pero que fue recuperado por un banco norteamericano porque sólo se pagó una cuota de 600.000 dólares y se debía todo lo demás. La fiscalía dice, en cambio, que el ex secretario usaba el avión dos y hasta tres veces por semana, lo que demostraría que era de su propiedad. También Jaime niega ser el dueño del yate Cohiba, incautado por el Estado y que igualmente adjudica a un empresario. Todo esto se dirimirá en el juicio que empieza en marzo.
En el próximo período, Jaime afrontará otro proceso por la compra de material ferroviario a España y Portugal. Según la acusación, se trató de chatarra, pero el ex funcionario dice que era material recién retirado de circulación en ambos países y que se iba a reparar –fortaleciendo la ocupación– en los talleres ferroviarios argentinos. Un dato curioso es que en la causa están imputados también funcionarios de España y Portugal y más llamativo aún es que el entonces embajador en Portugal era el actual canciller, Jorge Faurie. Jaime pidió que se lo llame como testigo.
Por último, Jaime fue condenado en el caso de la tragedia de Once, ocurrida en 2012, cuando ya hacía tres años que había dejado el cargo de secretario de Transporte. Pese a que lo sobreseyeron por las muertes, la Casación terminó adjudicándole responsabilidad, algo llamativo después de que en el juicio conocido como Once II quedara claro que los frenes de la formación funcionaban y que, por algún motivo, el maquinista no los accionó. La Cámara de Casación también lo condenó por administración fraudulenta.
