La Ley Micaela García –para capacitar en género de forma masiva a funcionarios/as públicos– estaba frenada y se pateaba al 2019. La catarata de denuncias y relatos sobre violencia y abuso sexual a partir de la palabra de Thelma Fardin aceleró su aprobación. “Nos permite avanzar a esa sociedad más justa que queremos”, aseguró la diputada Lucila De Ponti (Movimiento Evita) que le envió una carta al Presidente Mauricio Macri para que la norma no se quede esperando en el Salón de los Pasos Perdidos. El miércoles 19 de diciembre la Cámara de Diputados aprobó la norma que ahora debe ser ratificada por el Senado.
La Ley Micaela es un homenaje a la joven de 21 años que fue víctima de femicidio en abril de 2017 en Gualeguay, Entre Ríos, cuando salía de bailar y era militante feminista y popular. La iniciativa obliga a todos los funcionarios y trabajadores de los tres poderes del Estado a recibir una capacitación en materia de género y propone la creación de un “Programa nacional permanente de capacitación institucional en género y violencia contra las mujeres”, que deberá ponerse en marcha dentro del primer año de vigencia de la ley y va a depender del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM).
“Cuando presentamos este paquete de leyes hace más de un año lo hicimos con legisladores de diferentes bloques políticos con la idea de impulsar medidas haciendo foco en la prevención, la educación y la capacitación en género. El Estado tiene que ponerse al frente de las transformaciones sociales que queremos, con más igualdad para las mujeres”, enfatizó Del Ponti. Y explicó: “Esta ley apunta a que ningún presidente nos vuelva a decir que a todas nos gustan los piropos aunque sean violentos, a que no haya jueces que criminalicen a las víctimas de violación en sus fallos, que ninguna mujer salga de una comisaría sin que le tomen la denuncia o que ningún legislador use su poder para abusar de nosotras”.
