Con el voto doble del presidente, Raúl Bonino, el Concejo municipal de Rafaela aprobó la ordenanza que crea un Programa de Atención a las Mujeres Embarazadas en vulnerabilidad y el niño por nacer, una norma que contraviene el Código Penal, el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la ley provincial que establece el procotocolo de atención a las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Bonino pidió la palabra para hacer valer su potestad de desempatar. "El proyecto no debería haber sido tratado porque es inadmisible según la reglamentación de la iniciativa popular, porque toma temas de tratados internacionales y Código Penal", expresó Regina Grisolía, de la Asamblea Feminista de Rafaela.
En la noche del miércoles, el recinto recibió a muchas mujeres que rechazaban la iniciativa mientras otras tantas se manifestaban afuera del edificio contra el proyecto presentado por Rafaelinos por la Vida. Dentro del edificio, los que defendían la norma eran unos pocos varones (foto).
"Fue un bochorno la manera en que se ha manejado el concejo de Rafaela. El proyecto tampoco fue tratado en comisiones y se hicieron cambios de último momento. Por la mañana, ni siquiera los concejales tenían en claro qué iban a tratar. Los que votaron en contra dejaron en claro que no hubo ninguna discusión previa", enumeró otra integrante de la Asamblea, Giselle Boidi, quien consideró que "hubo una estrategia deliberada de determinado espacio político amparados por estas organizaciones". Se refiere al PRO, ya que la alianza Cambiemos votó dividida: los dos radicales dentro de la coalición se opusieron. En contra se pronunciaron Jorge Muriel, Evangelina Garrappa y Marta Pascual, del PJ, así como Leonardo Biotti y Alejandra Sagardoy, de la UCR en Cambiemos. La única que se refirió a los derechos de las mujeres fue Sagardoy. En tanto, Silvio Bonafede, de un unibloque; Lisandro Márcico del PDP; Hugo Menossi, Ana Carina Visintini y Bonino, del PRO, avalaron la iniciativa.
Celeste Werlen, de la Asamblea Feminista, alertó que "la aprobación de esta ordenanza legitima el accionar de los grupos antiderechos, que se dedican a violentar mujeres". La creación de un centro para convencer a mujeres de continuar con sus embarazos forma parte de esa estrategia. Sobre todo, Werlen subrayó que "una ordenanza no puede contraponerse con normativas superiores. En la Argentina los abortos son legales por tres causales, y las mujeres deben recurrir a los hospitales públicos para solicitar esa información". Además, mencionaron a Socorristas en Red y otras organizaciones que acompañan la decisión de las mujeres.
