Desde Brasilia

La presidenta del Partido de los Trabajadores (PT) Gleisi Hoffmann manifestó su preocupación sobre la seguridad de Luiz Inácio Lula da Silva bajo un gobierno de Jair Bolsonaro, cuya toma de posesión ocurrirá dentro de diez días. “Temo por la integridad física del presidente Lula, por lo que Bolsonaro ya ha dicho, por lo que dicen sus ministros...por las amenazas.. si le ocurre algo estando en manos del Estado, estando detenido, la responsabilidad será del presidente de la República”.

Desde el 7 de abril cuando ingresó a la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba le fue impuesto un régimen anómalo: quedó alojado en una celda aislada en el cuarto piso del complejo, sin autorización para tomar contacto con los demás internos y hasta de votar en los comicios de octubre de los que fue proscripto cuando era el candidato favorito con más de 20 puntos de distancia sobre Bolsonaro.

Por orden del entonces magistrado Sergio Moro, ejecutada a través de sus lugartenientes en la comarca judicial de Curitiba, se impidió la visita a la Superintendencia de personalidades como el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel o el teólogo Leonardo Boff.

Saltaba a la vista el intento de agredirlo psicológicamente a través del aislamiento y de someterlo al ostracismo políticamente con la expectativa de tornarlo un candidato sin chances.   

Gleisi Hoffman ofreció ayer una conferencia de prensa junto a dirigentes de su partido en Curitiba, hacia donde el grupo viajó de urgencia el miércoles ante la posibilidad de que el ex mandatario fuera puesto en libertad en cumplimiento de la orden del juez Marco Aurelio Mello, del Supremo Tribunal Federal.

Dijo que la situación de Lula puede agravarse porque “tras la toma de posesión de Bolsonaro se va recrudecer este sistema policíaco actual, se hará más persecutorio aún con Sergio Moro como ministro de Justicia y Seguridad”.

Con el inminente cambio de gobierno, que indicará la profundización del orden postdemocrático, se avecina la probable extinción de las garantías previstas en la Constitución de 1988, aprobada tres años después del fin de la dictadura.

En ese contexto de degradación política se observa como el Supremo Tribunal Federal renuncia a sus atribuciones, especialmente la de velar por el cumplimiento de la Constitución.

La más alta Corte fue cómplice del golpe que derrocó a Dilma Rousseff en 2016 tras lo cual convalidó los fallos violatorios de la ley de tribunales inferiores en perjuicio de Lula. Y adoptó medidas casuísticas como pronunciarse en tiempo record contra cualquier resolución favorable al fundador del PT.

Durante la reciente campaña electoral un miembro del Supremo anuló en menos de tres horas la decisión de otro juez que había autorizado que los diarios El País de Madrid y Folha de S.Paulo lo entrevisten en la celda de Curitiba. La premura con que fue ordenada esa censura no se compadece con los 39 años que lleva esa misma Corte sin revocar, hasta hoy, la Ley de (auto)Amnistía del régimen de facto.

Bajo tutela militar

Durante la conferencia de prensa de ayer se habló sobre la anulación de la cautelar ordenando la libertad del “preso político” Lula. 

A media tarde del miércoles Marco Aurelio Mello determinó la excarcelación porque el imputado está amparado en el principio constitucional según el cual nadie puede permanecer preso mientras le queden instancias para apelar la condena.

Pero seis horas después, nuevamente con una premura atípica, el presidente del Supremo, Antonio Dias Toffoli derribó la resolución de su colega Mello en una decisión que tiene pocos antecedentes y viola las normas.

No está previsto en el reglamento del Supremo que un magistrado pueda dejar sin efecto la decisión de un par dado que los once integrantes de ese cuerpo tienen igual entidad jurídica. Y para modificar una sentencia individual, como la cautelar sobre Lula, es necesario reunir al resto de los magistrados.

“El ministro Dias Toffoli sufrió una presión consistente, muy grande” para que Lula continúe en cautiverio, señaló Hoffman.

Tan pronto se supo que había una orden de excarcelación comenzó a divulgarse una catarata de noticias, “especialmente el canal Globo News”, para descalificar la resolución de Mello y exigir que Toffoli la derribe.

Los fiscales de la causa Lava Jato llamaron a la prensa en Curitiba para decir que sería una “catástrofe” si se autorizaba la libertad del líder político y que si esto ocurría nunca habrá “seguridad jurídica” en Brasil ni tendrá una Corte respetable como “sucede en Estados Unidos”.

Hoffmann dijo que de todas esas presiones una de las más preocupantes fue la castrense, ya que antes de que el juez Toffoli divulgue su parecer se informó sobre una reunión de emergencia del “alto comando del Ejército”.

En un comunicado oficial el PT sostuvo que lo ocurrido el miércoles reveló la “tutela de las Fuerzas Armadas sobre la más alta corte de Justicia”.