La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal de Río Gallegos por la divulgación del audio de una conversación telefónica que mantuvo con Oscar Parrilli, ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia. CFK sostuvo que esa escucha es "una maniobra de claro carácter criminal" y pidió que se investiguen, entre otros, los delitos de violación de secreto, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.

Cristina pidió ser querellante en la causa y requirió que se la cite para ratificar la denuncia. Además, solicitó que sean citados a declarar todos los funcionarios responsables por las escuchas.

La ex presidenta aseguró que desde el final de su mandato es “objeto de una feroz campaña de persecución política, mediática y judicial” y denunció que además es víctima de “maniobras de seguimiento” sobre sus movimientos tanto en la provincia de Santa Cruz como en sus viajes a la Ciudad de Buenos Aires. A eso ahora se sumaron las escuchas difundidas a través de los medios de una conversación con Parrilli, en la que se refieren a una entrevista al ex director de operaciones de la ex SIDE, Antonio Stiuso, publicada por La Nación.

“No es ningún secreto que ciertos sectores de los servicios de inteligencia que desplacé de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) se mantienen activos”, señaló CFK y dijo no poder descartar una vinculación de esos sectores con las actuales autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), “todo ello bajo el amparo de la Presidencia de la Nación”. Remarcó que el actual titular de la AFI, Gustavo Arribas, es “un hombre de la más íntima confianza” del presidente Mauricio Macri.

También recordó que cuando era jefe de Gobierno porteño Macri estuvo procesado por el delito de asociación ilícita por la estructura de inteligencia paralela dedicada a las escuchas ilegales. Sostuvo que el ahora Presidente fue sobreseído el día después de asumir por “la existencia del pacto político, judicial y mediático”.

Sobre el audio de la conversación difundido a través de distintos medios de comunicación, la ex mandataria consideró que “resulta indudable que estamos en presencia de un grave hecho delictivo”. Remarcó que la escucha divulgada no tiene ninguna relación con la causa penal por la cual se habrían ordenado las pinchaduras al teléfono de Parrilli, vinculada al ex prófugo Ibar Pérez Corradi.

Cristina recordó que Pérez Corradi fue detenido el 16 de Junio del 2016 y, al contrario de lo que esperaba el Gobierno de Cambiemos, no apuntó a ningún funcionario del kirchnerismo en sus declaraciones judiciales. En cambio, mencionó a la jueza federal Arroyo Salgado y al ex senador de la UCR Ernesto Sanz por supuestos pedidos de coimas.

La ex presidenta cuestionó que todavía ningún estamento ni organismo se hizo cargo de la divulgación de la escucha y apuntó a la Corte Suprema de Justicia, al juez Ariel Lijo, al fiscal Guillermo Marijuan y a la Agencia Federal de Inteligencia, a la que según Lijo se remitieron los audios.

Insistió en que las actuaciones en el marco de una causa judicial tienen carácter reservado. “Mucho más aún si se refiere a conversaciones telefónicas realizadas con quien, como es mi caso, no tiene vinculación alguna con la causa penal”, insistió.

Cristina consideró “más que evidente” que la filtración es “una maniobra de claro carácter criminal” que “pone al descubierto de manera aún más fidedigna el componente mafioso que vincula a sectores del poder político con algunos estamentos de la Justicia Federal, todo ello con la participación, articulación y protección de los medios hegemónicos de comunicación”.