Desde Madrid
El débil gobierno de España que lidera Pedro Sánchez salió airoso en Barcelona de una apuesta política de alto riesgo, y anunció el paquete de medidas sociales más significativo de su gestión.
El jueves por la tarde, el mandatario socialista se reunió con Quim Torra, el presidente de la Generalitat de Cataluña, para acercar posiciones en la disputa que mantiene el independentismo catalán con el Estado español.
La cita se realizó en el Palau de Pedralbes en Barcelona, y en un marco que se negoció hasta el último minuto, entre el temor del gobierno de Sánchez a mostrarse cediendo al independentismo, y el obstinamiento del president Torra para escenificar una visita de Estado, o una “bilateralidad”, término que acuñó recientemente el gobierno catalán. Un teatro que siguieron de cerca los opositores Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), cuya posición era apostar por el caos, la intervención política del gobierno catalán, y un llamado a elecciones generales.
Ninguna de las tres variantes sucedió durante los dos días que el presidente del gobierno español permaneció en Barcelona, a donde había llegado para celebrar este viernes un Consejo de Ministros.
Al término de la cita en Pedralbes, los ejecutivos español y catalán emitieron un documento conjunto en el que reconocían la existencia de un conflicto, y apostaban por “un diálogo efectivo que vehicule una propuesta política que cuente con un amplio apoyo en la sociedad catalana”. Más tarde, los líderes de los dos ejecutivos compartieron una cena del empresariado de Cataluña, y ratificaron su voluntad de acercar posiciones.
Al día siguiente, viernes, cuando acabó el Consejo de Ministros del gobierno español en la Llotja de Mar, un edificio custodiado por nueve mil efectivos policiales, la portavoz del ejecutivo, Isabel Celaá, señaló que el diálogo entre Sánchez y Torra ayudaría a encauzar el problema con Cataluña y criticó al líder de Cs, Albert Rivera, por invocar el artículo 155 (intervención del gobierno autonómico) “como si fuera el único artículo de la Constitución, y que no aporta ninguna respuesta política a Cataluña”.
Rivera había calificado la imagen de Sánchez y Torra durante la cita en Pedralbes como una claudicación del gobierno español, y había dicho que “si el líder socialista no estaba dispuesto a aplicar el artículo 155, debía llamar a elecciones a la brevedad.
A su vez el líder del PP, Pablo Casado, se manifestó en la misma línea. Acusó a Sánchez de haber iniciado la ruptura de la soberanía nacional y acusó a Torra de ser un desequilibrado que apostaba por la guerra civil, responsable por la violencia de los Comités de Defensa de la República (CDR), los grupos independentistas más radicalizados.
Los CDR protagonizaron los episodios más violentos entre el movimiento independentista que se manifestó en contra del Consejo de Ministros de Sánchez. Por la mañana, cortaron carreteras e intentaron forzar el perímetro policial que rodeaba la Casa de la Llotja de Mar. Sin embargo, los incidentes con la policía fueron menores, y al final de la jornada los detenidos eran poco más que una docena.
La expresión más significativa en contra de que el ejecutivo socialista sesionara en Barcelona, llegó de parte de Omnium Cultural. En un “consejo Popular Alternativo”, que reunió cinco mil personas en las afueras de Llotja del Mar, la asociación independentista criticó a Sánchez por los dirigentes soberanistas presos, y le exigió que escuchara al 80 por ciento de la sociedad catalana que no quiere ni represión, ni encarcelamiento por razones políticas.
Òmnium Cultural, cuyo líder, Jordi Cuixart, es uno de los dirigentes encarcelados por impulsar el referéndum de 1-O de 2017, también reprochó al gobierno Español que durante el Consejo de Ministros decidiera modificar el nombre del aeropuerto el Prat por el de Josep Tarradellas, presidente de la Generalitat exiliado durante la dictadura franquista.
El cambio de nombre fue una de las medidas simbólicas con las que el gobierno de Sánchez quiso enmarcar la cita. Sin embargo, lo más importante fueron los anuncios económicos que afectaban a la población en general. Una subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros, y un aumento del 2,5 por ciento para los empleados estatales.
Las dos medidas del gobierno socialista llegan después de que el Parlamento español aprobara un aumento del techo del gasto público de un 4,4 por ciento. Una iniciativa del PSOE que logró reeditar la misma mayoría parlamentaria que destituyó a Mariano Rajoy, y encumbró a Pedro Sánchez después de que la Audiencia Nacional probara que el Partido Popular se había financiado ilegalmente.
El acuerdo podría ser el ensayo de uno idéntico para que el gobierno de Sánchez logre aprobar su presupuesto. Un plan que parece más probable después del acercamiento con el independentismo, una de las fuerzas que componen esa mayoría. el presupuesto es el talón de Aquiles del gobierno socialista. En más de una oportunidad, Sánchez afirmó que si no lograba aprobarlo llamaría a elecciones. Por ahora respira y apuesta por llegar al 2020.
