(Desde Santa Fe)
José Schulman denunció ayer ante el Consejo de la Magistratura al juez federal de Santa Fe Reinaldo Rodríguez por supuesto "mal desempeño" y pidió su destitución. Lo hizo en su "doble carácter" de "víctima de maniobras judiciales" que atribuyó al magistrado y secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. El cargo que le reprocha es "convalidar la labor terrorista de un grupo de tareas santafesino que amenaza y agravia a diversos sectores del movimiento popular" -y uno de sus blancos fue el propio Schulman-. Pero de paso recordó que Rodríguez fue investigado por presuntos "delitos económicos" -por orden del Tribunal Oral de Santa Fe-, el Ministerio Público pidió su indagatoria, la causa pasó por tres jueces, y el último, el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque la mandó al archivo con un "sobreseimiento" que Schulman consideró "insólito". Esa investigación era por supuesto "fraude en perjuicio" al Estado, "prevaricato" e "incumplimiento de deberes".
Schulman presentó la denuncia con el patrocinio del abogado Pedro Dinani. "El juez Rodríguez configura el paradigma del magistrado macrista: convalida las practicas amenazantes contra los defensores de los derechos humanos, mientras sus pares persiguen de manera implacable a adolescentes autores de uno u otro mensaje social y él mismo ha realizado innumerables prácticas" para que "un grupo de cómplices se apodere de dineros del Estado", acusó. "Ahora veremos si la ley es pareja o sigue vigente aquello del Martín Fierro" de hacerse "amigo del juez".
En agosto de 2017 -recordó Schulman "un grupo de personas" que opera en las redes lo "amenazó de muerte", con la "clara intención" de amedrentarlo. Un policía retirado Orlando Gauna lo acusó de "mentiroso" y pasearse en los años '70 con "una 38 en la cintura". "¿Asesinó a personas? Puede ser. Es muy probable. Tiene un aspecto demasiado sanguinario" y "ahora con total hipocresía, se dedica a hacer falsas imputaciones contra uniformados, por supuestos delitos" de lesa humanidad. Después, un "tal Marcelo Michelli Ramos, residente en la ciudad de Paraná, sugirió 'Un paseíto en avión por el Río de la Plata y listo', en "clara alusión a los vuelos de la muerte", relató Schulman. "Ricardo Salomé, de la ciudad de Santa Fe afirmó: 'A todos estos soretes asesinos hay que escracharlos', y Horacio Ramella propuso 'colgarlo en la vía pública', a lo que Gauna respondió: "Como me gustaría".
El 17 de agosto de 2017, el fiscal Martín Suárez Faisal abrió una causa y pidió la indagatoria de Gauna y Michelli Ramos, pero el juez Rodríguez la rechazó por considerar que las pruebas eran "insuficientes". El 21 de agosto de 2018, el fiscal
"reiteró el pedido de indagatoria" con "nuevos elementos de convicción", -planteó Schulman- y esta vez Rodríguez decidió "excusarse" por una denuncia que Gauna le había hecho a él tres años antes, en 2015. "Lejos de cumplir con su obligación de expedirse al respecto utilizó escapes jurídicos para evadir su responsabilidad, con el agravante del tiempo transcurrido". La causa pasó al juez Francisco Miño que también la rechazó, así que el conflicto de competencia deberá ser resuelto por la Cámara Federal de Rosario.
A juicio de Schulman, la "práctica" del juez Rodríguez revela una "manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones". "Desde el inicio, se evidencia una actitud tendiente a no impulsar la denuncia" contra Gauna y desestimó el pedido de indagatorias de la Fiscalía "sobre un delito grave", "sin fundamento alguno". "La conducta del juez genera un injustificado y peligroso retardo de Justicia. Injustificado, por la evidente ausencia de fundamentos. Peligroso, por el talante de las amenazas".
Y más: "Un año después", cuando el fiscal Suárez Faisal amplió la acusación, "ahí y recién ahí, el juez Rodríguez 'recuerda' que debe excusarse" por una denuncia que Gauna le hizo tres años antes, en 2015. "Las cuestiones de competencia y/o idoneidad judicial deben ser revisadas prima facie, para evitar dilaciones innecesarias que afecten" el acceso a la justicia.
Schulman consideró la decisión de Rodríguez de desligarse de la causa "un año después de los delitos denunciados" como una medida "arbitraria" y "grave negligencia", concluyó.
