La justicia federal procesó con prisión preventiva a los dos imputados que fueron detenidos por el secuestro seguido de muerte de la adolescente Xiomara Naomi Méndez Morales, ocurrido el 20 de noviembre pasado en Flores.

El procesamiento de los acusados Bruno Cortez (36) y Luis Fernández (40) fue dispuesto por el juez Claudio Bonadio tras la instrucción realizada por la titular de la fiscalía federal 12, Alejandra Mángano. En línea con el pedido de la fiscal, Bonadio los procesó por “secuestro extorsivo agravado por haber obtenido el pago del rescate, por ser la víctima menor de edad, por la existencia de un vínculo, por el número de intervinientes y por haberle provocado intencionalmente la muerte”, delitos que prevén una pena de prisión perpetua.

Cortez y Fernández también quedaron acusados de “resistencia a la autoridad por cometerse mediante el uso de un arma de fuego y portación de arma de guerra” y el magistrado dispuso sobre sus bienes un embargo de 4.500.000 pesos.

Al momento de analizar en qué circunstancias falleció Naomi –la adolescente usaba su segundo nombre—, Bonadio concluyó que “la muerte de la menor fue provocada intencionalmente”. “El modo y la fuerza con la que fue atada (la víctima) demuestra una clara intención de provocarle la muerte. La niña no presentaba un gran porte ni es posible apreciarla como una amenaza para contención de los captores. Entonces no se explica sino a través de la intencionalidad que haya sido atada del modo en que fue hallada”, sostuvo el juez.

“El actuar de los imputados no se explica sino a través de una plena convergencia entre su voluntad y conocimiento del resultado que provocarían”, afirmó en la resolución.

El juez también dio por acreditado que entre Naomi y uno de los detenidos, el remisero Fernández, “existía un vínculo de confianza y cercanía” del cual el imputado “se valió para que junto al otro acusado cometieran el hecho”. Fernández era un “tío de afecto” de Naomi, por lo que los acusados no podían desconocer “el estado de vulnerabilidad de la víctima” y tenían “pleno conocimiento” de la persona que estaban secuestrando.

La fiscal Mángano contó en esta investigación con la colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal y la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufese) del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Según lo que pudo reconstruir la fiscal, Naomi fue secuestrada el 20 de noviembre, alrededor de las 17.30, cuando salió de la escuela a la que asistía, el Liceo 5 “Pascual Guagliamore”, ubicado en Carabobo 297, en Flores. Allí fue interceptada por un hombre que la llamó por su nombre y la subió a un Fiat Duna rojo.

Según se determinó, ese hombre era el remisero Fernández, un conocido de la familia de la chica, que junto a su cómplice amordazaron a la adolescente, le ataron los pies y las manos, le taparon los ojos y la obligaron a tirarse en el piso de la parte trasera del auto. Luego se comunicaron con sus padres, a quienes les exigieron como rescate el pago de 30.000 pesos y la entrega de cocaína.

El padre de la chica, quien es remisero y también vendía y compraba autos usados, finalmente pactó con los secuestradores el pago de los 30.000 pesos, los cuales dejó cerca de la medianoche en Boedo y Chiclana, en Boedo.

Los secuestradores huyeron del lugar sin liberar a su hija y fueron detenidos unas horas más tarde, ya en la madrugada del día siguiente, por policías antisecuestros, tras una persecución por el Acceso Oeste que culminó en un choque a la altura de Ituzaingó.

Dentro del auto, la policía encontró muerta en el piso de la parte trasera a la adolescente, que estaba amordazada, maniatada, con la cabeza tapada por una manta y cinta de embalar alrededor de la cara y el cuello, donde tenía enroscado un cinturón de seguridad. Según la autopsia, la víctima murió por “asfixia mecánica por compresión cervical” y se descartó abuso sexual.