A menos de un año de las elecciones, el lawfare ataca de nuevo a la senadora y ex presidenta Cristina Kirchner. Esta vez fue el turno de los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, quienes solicitaron la elevación a juicio oral de la causa Hotesur, en la que la ex presidenta está procesada por presunto lavado de activos. La medida judicial también alcanza a otros 18 imputados, entre los que se encuentran los hijos de la ex presidenta, Máximo y Florencia Kirchner, y el empresario detenido Lázaro Báez, dentro del expediente que investiga alquileres a hoteles de la familia por parte de contratistas de obra pública. 

Los fiscales presentaron el pedido ante el juez federal Julián Ercolini, quien en mayo de este año le dictó el procesamiento a la ex presidenta en esta causa. El magistrado había confirmado la citación a indagatoria de CFK y de sus hijos el 25 de agosto del año pasado, luego de que la ex presidenta fuera la candidata más votada en las PASO de la provincia de Buenos Aires. 

En su dictamen, Pollicita y Mahiques sostuvieron que “la acusación fiscal se encuentra enmarcada en la existencia y funcionamiento de una asociación ilícita de carácter estable y permanente ideada con motivo de un acuerdo de voluntades entre los ex presidentes de la Nación Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner y otros ex funcionarios y empresarios”. 

Los fiscales remarcaron que la estructura estaba integrada, además, por “ex funcionarios públicos de distintas agencias estatales y otras personas de su confianza, montada en base a una división de roles definidos y estratégicos dentro y fuera de la estructura administrativa del Estado”.

Según la acusación fiscal, la asociación ilícita funcionó “ininterrumpidamente al menos desde el 8 de mayo de 2003 hasta el 14 de diciembre de 2016” y estuvo “destinada a cometer múltiples delitos para sustraer y apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de millonarios fondos públicos”.

Los fiscales también pidieron juicio para Romina Mercado, la hija de Alicia Kirchner, el empresario inmobiliario Osvaldo Sanfelice, el contador Víctor Manzanares, Adrián Berni, César Andrés, Ricardo Albornos, Edith Gelves, Patricio Arandia, Emilio Martín, Jorge Bringas, Julio Mendoza, Martín Jacobs, Alejandro Ruiz, y Oscar Leiva.

Esta causa nació con una denuncia de Margarita Stolbizer, que en un comienzo simplemente decía que Hotesur no había presentado balances a tiempo ante la Inspección General de Justicia. La causa pasó por tres jueces, fue mutando, y quedó en el juzgado de Ercolini, que también tramitó la causa conocida como de “la obra pública” ya elevada a juicio, referida a las contrataciones a favor de Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, también impulsada por los fiscales Pollicita e Mahiques. Ahí ya había una primera cuestión controvertida: esas adjudicaciones se definían a nivel local, y con intervención de órganos especializados provinciales. Por eso, una de las cuestiones que Cristina Kirchner en las indagatorias fue que ella como presidenta no decidía la concesión de las obras.

Cristina Kirchner cuenta con un total de seis procesamientos. Además de las mencionadas Hotesur y de la obra pública en Santa Cruz, integran esa lista las causas por el dólar futuro, el Memorándum con Irán, Los Sauces y la de las fotocopias de los cuadernos del chofer Centeno. Salvo esta última, en la que el jueves le confirmaron el procesamiento como jefa de una supuesta asociación ilícita, las demás causas ya fueron elevadas a juicio oral.