En medio de la claudicación frente a los fondos buitre, de la baja de retenciones e impuestos al capital concentrado, de los tarifazos y de la fuerte devaluación de la moneda y los salarios, una medida pasó desapercibida para la mayoría. Fue la resolución dispuesta por el ex Ministerio de Cultura, junto al de Producción, de levantar las restricciones al ingreso de libros importados al país. Las mismas consistían en verificar la presencia de plomo en las tintas, una medida paraarancelaria dispuesta en 2012 para proteger la balanza comercial de esta industria, que a raíz de su histórico crecimiento experimentaba un déficit de 75 millones de dólares, el cual se redujo a 13 millones en 2015, ya que mientras que en 2011 sólo el 40 por ciento de los libros comercializados se imprimía en la Argentina, en 2015 esa cifra trepó a más del 80 por ciento.
Los actuales integrantes de la alianza Cambiemos, entonces disgregados en la oposición, hicieron referencia junto a medios de comunicación afines de “censura” o “control” sobre las lecturas de los argentinos. Por eso, cuando el 4 de enero de 2016 el gobierno anunció el levantamiento de esa restricción, que se combinaba con la del Ministerio de Economía que dejaba sin efecto las Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI) para importar libros, el ex gerente de la multinacional Random House Mondadori y actual secretario de Cultural Pablo Avelluto, señaló que esta medida favorable a la industria extranjera era para “incrementar la diversidad bibliográfica y favorecer así la libertad de elección de los lectores argentinos” pues la anterior medida, afirmaba, “castigó a los lectores y fue un obstáculo para la libre expresión y circulación de ideas en el país”.
Lo cierto es que el balance sobre la diversidad bibliográfica, libertad de elección y expresión en la industria editorial, está totalmente alineada con los resultados alcanzados por Cambiemos en prácticamente todos los rubros productivos: de haber alcanzado en 2014 un pico histórico al venderse casi 129 millones de ejemplares, las últimas cifras de la Cámara Argentina del Libro (CAL) –que agrupa a cerca de 550 empresas, la mayoría pymes editoriales, librerías y distribuidoras–, da cuenta de ventas, hasta octubre de este año, por 36 millones de ejemplares. De la misma forma, esta Cámara –que junto con la de Papelerías, Librerías y Afines (Capla) lanzó el año pasado la campaña “SOS Libro”–, sostiene que mientras que en 2015 se publicaron casi 29.000 títulos, hasta octubre de este año eran 23.000.
Sucede que a la apertura importadora, se le sumó como en cualquier otra industria nacional la combinación de caída del consumo interno por mayor desempleo y reducción de los salarios reales, junto a mayores costos derivados del alza de los servicios públicos y la devaluación, a lo que se añade una caída de las compras públicas.
Fue por esta razón que escritores, ilustradores, editores, docentes, narradores, libreros/as y bibliotecarios/as difundieron una carta denunciando la política editorial del macrismo. Agrupados bajo el “Colectivo LIJ”, integrado entre otros por Mempo Giardinelli, Claudia Piñeiro, Luisa Valenzuela, Guillermo Martínez, Elsa Osorio, María Rosa Lojo, y Leopoldo Brizuela, estos escritores hicieron referencia al cierre de librerías y de pequeñas y medianas editoriales argentinas, debido a políticas de gobierno que “agraden” a la industria, “fomentando la importación mientras destruye el mercado interno”, donde además “se discontinúan planes de compras de libros por parte del Estado”, todo lo cual afecta también a “las librerías que amamos recorrer y que no podemos dejar que cierren, porque son parte de nuestra identidad y pilares de la cultura”. De hecho, según la misma CAL, todo este cuadro provocó una perdida del 20 por ciento de empleos directos y 15 de indirectos en el sector, además de que los grandes grupos editores subieron su participación de mercado del 35 al 43 por ciento, frente al repliegue de las pequeñas y medianas editoriales.
Muy atrás quedaron los años experimentados luego de la gran crisis provocada por la primer Alianza, donde las novedades editoriales pasaron de 9560 en 2002 a 28.966 títulos en 2015, y la cantidad de ejemplares editados aumentaron de 33 a 82 millones respectivamente, junto al pico histórico de 129 millones en 2014.
Hoy, el sector solo festeja haber logrado que la alianza Cambiemos haya dado marcha atrás a su “Ley Pinedo”, que dificultaba que los proveedores de Internet se responsabilicen por sus contenidos publicados, entre los que se cuentan muchos libros difundidos sin pago de derecho de autor y hacia las industrias culturales. Mientras, los lectores ven más reducida que nunca su posibilidad de acceder a diversas voces.
@jblejmar
