A más de cuarenta años de ocurridos los hechos, la Justicia federal reabrió la causa por la mayor represión ocurrida en una cárcel del país, el 14 de marzo de 1978, en el Pabellón Séptimo del Complejo Penitenciario de Villa Devoto, donde murieron al menos 64 internos, incinerados, asfixiados o baleados por los penitenciarios. La llamada Masacre del Pabellón Séptimo fue protagonizada por decenas de guardias que utilizaron armas de fuego, gases lacrimógenos y bastones para reprimir a 145 detenidos porque uno de ellos, la noche anterior, se había resistido a apagar la televisión (ver aparte). El juez Daniel Rafecas tiene como imputados, en principio, al ex director del penal Juan Carlos Ruiz, al ex Jefe de Requisas Carlos Aníbal Sauvage, al ex jefe de Seguridad Horacio Martín Galíndez y al ex celador Gregorio Bernardo Zerda, quien desencadenó la tragedia a partir de una represalia por una rebeldía de menor importancia. Los cuatro acusados fueron indagados por el magistrado, que ahora tiene que resolver su situación procesal. 

La causa, que había sido archivada en 1979, se reactivó a partir de la investigación realizada, desde 20011, por la abogada Claudia Cesaroni, del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc), quien se contacto con uno de los sobrevivientes, Hugo Cardozo, a quien luego se sumaron otros 14 ex detenidos que fueron víctimas y testigos de los sucesos. Cesaroni es querellante junto con sus colegas del Cepoc Denise Feldman, Natalia D’Alessandro y José Legarreta. Luego de un largo debate judicial, la causa fue declarada imprescriptible por ser un crimen de lesa humanidad. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) forma parte también de la querella, y cuentan con el apoyo de la Comisión Provincial por la Memoria, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Mar del Plata y la Procuración Penitenciaria.  

La calificación de la causa estuvo en duda por tratarse de “una represión contra presos comunes y no contra presos políticos”. Cesaroni sostuvo al respecto que “en esos momentos, en Devoto había mil presos políticos, y no había diferencias en el trato que recibían ellos y los presos comunes por parte del Servicio Penitenciario Federal, porque el jefe de Seguridad (Galíndez) era el mismo que les decía a las chicas que eran presas políticas que de ahí iban a salir ‘muertas o locas’”. 

Claudia Cesaroni siempre estuvo vinculada con causas relacionadas con la defensa de los derechos humanos. Por esas razones, nunca pudo olvidarse de lo ocurrido el 14 de marzo de 1978 en el Pabellón 7 de la cárcel de Devoto. Así fue que en 2011, en forma “casual”, dice, conociò a través de Facebook a Hugo Cardozo, uno de los sobrevivientes de la masacre. Al mismo tiempo se relacionó con Nacho Garasino, director de la película El túnel de los huesos, sobre una mítica fuga de Devoto que terminó con el hallazgo de restos humanos que podrían estar relacionados con la masacre. 

“El tema me interesó porque fue una masacre ocurrida en Argentina que nunca fue investigada como delito de lesa humanidad, cuando hubo material disponible, como el libro de Elías Neuman (Crónicas de muertes silenciadas) donde está el testimonio de Horacio Santantonin”, señaló Cesaroni. El primer paso concreto para cambiar la historia fue buscar la causa, que había tramitado  en el Juzgado de Instrucción 28, a cargo de Jorge Valerga Aráoz, quien en 1985 formó parte de la Cámara Federal que condenó a los ex comandantes responsables del genocidio ocurrido durante la dictadura militar. 

“La causa había sido archivada en forma provisoria en 1979, porque no había imputados y se había caratulado como ‘motín’, de manera que se había investigado a los internos; muchos de los sobrevivientes prestaron declaración en esa causa, en ese momento, en presencia de personal penitenciario, pero de todos modos había una descripción de la gravedad de lo sucedido. El juezigual  dispuso que se archivara en forma provisoria”. 

Cesaroni escribió su libro sobre la masacre y en agosto de 2013 lograron desarchivar la causa, al tiempo que tomó contacto con otros sobrevivientes que aportaron datos importantes sobre los hechos y también incorporaron el testimonio de ex presas políticas que estaban en Devoto y que hicieron una descripción sobre las condiciones de encierro, tanto para ellas como para los presos comunes. Hicieron una presentación ante el juez federal Daniel Rafecas y argumentaron que la Masacre del Pabellón 7 debía ser considerada delito de lesa humanidad. En el caso intervino el fiscal Federico Delgado, pero tanto él como Rafecas consideraron que “no era un caso de lesa humanidad y por lo tanto le correspondía a la Justicia ordinaria”. Y no al fuero federal. 

“En 2015, en un recital en Mendoza, el Indio Solari habla del caso, que está contado en apenas cuatro minutos en un tema (Pabellón Séptimo) y eso le da un nuevo impulso a la causa, que es tomada finalmente por Rafecas y Delgado, pero como una grave violación a los derechos humanos y no como un crimen de lesa humanidad”. La causa es enviada a un tribunal de instrucción, pero Cesaroni, en nombre de los sobrevivientes y de familiares de algunas de las víctimas fatales, apela el fallo ante la Sala I de la Cámara Federal, que “en agosto de 2014 nos da la razón y considera que se trata de un crimen de lesa humanidad que tiene que ser investigado por la justicia federal”. En consecuencia, la causa volvió al juzgado federal de Daniel Rafecas. 

“Una nota publicada en PáginaI12 instaló el tema en la opinión pública y descubrí que el día posterior a la masacre, el diario Crónica había publicado en la tapa una fotografía sobre el caso, en la que aparecía un joven en calzoncillos que era conducido por un enfermero y el empleado de una fiscalía me dijo que ese joven figuraba como desaparecido en un legajo de la Conadep.” Se trataba de Jorge Hernández Rodríguez, un muchacho uruguayo víctima del Plan Cóndor, que está desaparecido desde 1977. “El dato fue incorporado a la causa y tomado en consideración por la Sala I de la Cámara de Casación”. 

Cesaroni insistió en que “la dictadura no hacía distingos entre presos comunes o políticos, y a pocos meses del Mundial de Fútbol 1978, no podía permitir que se produjera una rebelión en un pabellón de presos comunes y por eso decidió sofocarla por medio del terror”. En los fundamentos del pedido para que se declarara al caso como crimen de lesa humanidad se citó parte de la argumentación del fiscal Dante Vega en la causa por la Masacre de Trelew, ocurrida el 22 de agosto de 1972.