Desde hace largo tiempo, quizá desde la época de la mayoría automática de los años noventa, no se veían escenas de escándalo y peleas como las que protagonizó este año la Corte Suprema, que alcanzaron su punto más alto en la semana que termina. En el mundo cortesano, funcionarios y funcionarias aseveran que esto recién empieza. La expulsión de Ricardo Lorenzetti de la presidencia primero, el recorte de facultades a su sucesor, Carlos Rosenkrantz y su soledad, además, en una sucesión de sentencias recientes poco agradables para el Poder Ejecutivo, son síntomas de “internas” palaciegas imposibles de leer sin anudar a un contexto político y económico precario, que se sostiene en base a expectativas. La inestabilidad de Rosenkrantz, el más parecido a Mauricio Macri de todos los supremos, se acrecienta en este escenario. Esta semana se vislumbra un nuevo round en la Corte, cuando los jueces y la jueza se sienten en la mesa con diez sillas, cinco de las cuales están vacías y que ahora se convierten en la tentación de un Gobierno que aspiraba a tener al tribunal bajo control pero hoy se siente desorientado. La definición de la agenda suprema para el primer trimestre será, todo indica, uno de los puntos de discusión. Hay decenas de cuestiones bajo estudio, pero al menos dos tienen potencial de impactar en el ajedrez de la política: una atañe al uso de las prisiones preventivas en casos de corrupción a través del cual Comodoro Py ha colaborado intensamente con la administración de Cambiemos; la otra apunta al decreto macrista que habilitó a familiares de altos funcionarios a que blanqueen dinero y bienes, con el detalle de que la causa es promovida por Felipe Solá, uno de los referentes de la oposición que emerge con fuerza. También se avecinan reproches mutuos entre Lorenzetti y su vieja aliada Elena Highton de Nolasco.
El despacho de Horacio Rosatti se convirtió en las últimas semanas en centro de las reuniones extraoficiales. Junto con Juan Carlos Maqueda y Lorenzetti conforman un trío dinámico que le viene dando a la Corte un sello de cierta autonomía inesperada para Macri y su mesa judicial, mucho más vinculada con Ronsenkrantz. El ministro de Justicia, Germán Garavano, los bautizó como “la mayoría peronista” a sabiendas de que sólo los dos primeros gozan de la mayor cuota de peronismo en sangre. No es claro que funcionen como una mayoría consolidada, pero sí que hoy logran dominar las grandes decisiones en un cuadro donde Ronsenkrantz queda sistemáticamente aislado, y Highton va y viene, pero se mantiene más cerca de él. “La Corte debería hacer un esfuerzo y transmitir un mensaje unificado”, se quejó diplomático ayer Garavano, mientras otras voces del gobierno especulan con la salida de algún juez o la ampliación del tribunal.
El fallo que le dio la razón al jubilado Lucio Blanco, que pedía un recálculo de su haber inicial, y que declaró inconstitucionales las resoluciones de la Anses y de la Secretaría de Seguridad Social, ya estaba anunciado, lo que no evita consecuencias políticas y económicas (se extenderá a unos 150 mil casos o más). La sorpresa fue la acorada posterior, que cambió las reglas internas. Las decisiones administrativas, sobre manejo de dinero, designaciones y contratos que antes tomaba solo el presidente supremo, necesitarán tres firmas, y no necesariamente la suya.
La historia de la acordada ilustra el proceso sísmico que atraviesa la Corte. En el golpe interno que desbancó a Lorenzetti antes de que terminara su mandato, tal como pedía el Gobierno, Rosenkrantz admitió condiciones para sucederlo, que le planteaban -en especial- Rosatti y Maqueda: toma de decisiones horizontales (la antítesis del liderazgo de Lorenzetti), publicidad de las declaraciones juradas y celeridad en el trámite de expedientes. Tiempo después de volver una vacaciones en Estados Unidos, en septiembre, Rosenkrantz comenzó con una serie de decisiones unipersonales, a contramano de lo pactado, que sus colegas comenzaron a seguir con lupa: designó a Juan Pablo Lahitou, quien venía de ser subprocurador del Tesoro, un cargo dentro del Poder Ejecutivo, como mano derecha de Bernardo Saravia Frías, de la “mesa judicial” Macri; nombró en su vocalía a Mariano Braccia, que venía de la DGI (en la AFIP) para los temas tributarios y a Agustín María Casares, un colaborador del ex administrador del Consejo de la Magistratura, Agustín Cinto, ambos vinculados al PRO porteño.
En el ínterin los tres mosqueteros peronistas comenzaron a idear un plan. Rosenkrantz volvió a viajar a Miami para el 6 y 7 de diciembre. Su pasión por las escapadas le valió que le empiecen a aplicar el mismo apodo que el fallecido Carlos Fayt solía enrostrarle al ex supremo Raúl Zaffaroni: “piel de valija”, le decía. Más allá de la broma, la ausencia tuvo un costo. Un día antes de que se fuera sus colegas tenían un borrador escrito con la acordada de la discordia con las siguientes características: facultaba a cualquier ministro a tomar por sí mismo decisiones administrativas; y consignaba loas a la política económica del administrador mano derecha de Lorenzetti durante más de una década, histórico amigo suyo de Rafaela, ratificaba la “política de administración” a su cargo y lo mencionaba con nombre y apellido: Héctor Daniel Marchi. Rosenkrantz, semanas antes, había pedido que lo echen, pero no tuvo apoyo; pidió que lo auditen y tampoco tuvo eco, pese a que algunos de sus colegas dudaban. Ese texto llegó a tener tres firmas: Maqueda, Lorenzetti y Highton, quien llamativamente también había pedido antes despedir a Marchi. Rosatti no lo quiso firmar, le parecía un tanto grosero que figurara Marchi.
En la ausencia de Rosenkrantz se gestó un nuevo texto. Apenas llegó a su despacho al lunes siguiente tuvo la visita de “Elenita” Nolasco, la hija de Highton, por cuya designación tuvo una causa penal cerrada por el juez Claudio Bonadío. “Elenita” le fue a contar todo. El presidente corrió a ver a Highton y, cuentan testigos cortesanos, le dijo que era ilegal lo que había firmado. Pronto, en el borrador aparecería la firma tachada y una leyenda que aclaraba que no era válida. El lunes último, al anochecer, mientras se terminaba de delinear el fallo Blanco sobre jubilaciones, Garavano visitó a Highton en su oficina. Ella le contó -algo que haría trascender- que había firmado bajo supuesta presión de Lorenzetti (enojado con ella desde que votó su desplazamiento) quien le habría dicho que le iban a llover recusaciones. Del lado del ex titular supremo lo niegan y anuncian que es posible que en el acuerdo de esta semana le pidan explicaciones a ella.
El texto que quedó impreso, y que Highton finalmente no firmó, modificó el Reglamento para la justicia, quitó el nombre de Marchi y estableció los tres votos para grandes decisiones administrativas y de contratos. Marchi conserva poder, con un mayor control, pero es el hombre que sabe de los grandes manejos de plata. Es quien domina el fondo anticíclico de 26.000 millones de pesos que la Corte tiene como colchón en un plazo fijo. Rosenkrantz intentó llevarlo a bonos y títulos, para ceder un beneficio al Gobierno, pero lo frenaron.
Pasadas las doce del martes, los tres supremos aliados se juntaron en el salón de té y firmaron esa acordada que marcará un antes y un después. Pronto empezaron a llegar llamados desde Comodoro Py, ahora a tres teléfonos a la vez. Los contratos que firmó Rosenkrantz, además, serán revisados en seis meses. El presidente supremo no fue a la reunión. Mandó una disidencia donde señalaba la supuesta ilegalidad de la postura de sus colegas. Algunos medios anunciaron que analiza denunciar a sus pares, que retrucan que no distingue un delito de una opinión diferente.
En el acuerdo del miércoles próximo el trío dominante espera delinear la agenda que viene:
n La discusión sobre las prisiones preventivas en causas de corrupción, con la que los jueces federales invocan la doctrina de (Martín) Irurzun basada en los “vínculos residuales” y conceptos arcaicos como la “expectativa de pena”, debería ser para algunos jueces tema prioritario. Planteos hay. En el tribunal es conocido que fue Lorenzetti el autor en las sombras de esa tesis, que allí no prosperó, un planteo de un imputado del juicio contra Lázaro Báez por lavado. Lorenzetti estaría dispuesto a rever su idea en el contexto actual. Con él habría una mayoría disconforme con el abuso de las preventivas con ostensible uso político.
n Otro tema es el planteo de inconstitucionalidad que hizo Felipe Solá sobre el decreto que habilitó a blanquear dinero a familiares de funcionarios. Una de las discusiones era si Solá estaba “legitimado” como diputado. La Cámara Contencioso administrativo lo respaldó. Ahora le toca tomar posición a la Corte, en una de las medidas más escandalosas del actual gobierno.
n La agenda podría incluir: prisión domiciliaria de los represores; el impuesto a las ganancias de los jubilados; una acción colectiva de actualización de haberes de jubilados que está hace una década en el tribunal; y la tragedia del Colegio Ecos, donde murieron nueve adolescentes, una docente y un chofer.
En el brindis interno de fin de año de la Corte, el mismo martes, apenas se lo vio a Rosenkrantz. Los comentarios se los llevó el estrecho abrazo que se dieron Rosatti y Lorenzetti, hasta hace días enfrentados. El presidente no volvió a tener contacto con sus pares supremos ni los saludó por las fiestas.
