“Argentina tiene una agenda fuerte de debes en materia de infancia: el 40 por ciento de los niños vive en condición de pobreza”. Quien lo dice es Luis Pedernera, Relator del Comité de los Derechos del Niño. Entre los debes del Estado argentino señaló, además, la demora en la designación del Defensor o Defensora del Niño, la falta de cumplimiento de la ley de educación sexual integral, que no se garantice el derecho al aborto para adolescentes y la persistente violencia institucional contra niños y adolescentes.

Pedernera es Secretario Ejecutivo del Comité de los Derechos del Niño, el órgano independiente de Naciones Unidas que hace un seguimiento a los Estados firmantes de la Convención de los Derechos del Niño para auditar su cumplimiento. Además, es miembro del Consejo Coordinador de la Red Latinoamericana y Caribeña por los derechos de niños, niñas y adolescentes (REDLAMYC) y responsable del Área de Derechos de la niñez y adolescencia del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR). El experto uruguayo estuvo en Buenos Aires para presentar las recomendaciones a operadores judiciales que integran la Red de Jueces y Juezas comprometidos por los Derechos de los NNyA que organiza anualmente UNICEF. En ese marco, conversó con PáginaI12 sobre las “Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de la Argentina”, que el Comité aprobó en junio, luego de un par de sesiones de diálogo con el Estado argentino que se hicieron en mayo, y se dieron a conocer a mediados de noviembre. 

Ese diálogo se dio en los días en que en el país se debatía la cuestión de los préstamos del Fondo Monetario Internacional y el Comité se mostró preocupado por lo que eso significaría en materia de políticas sociales para niños y niñas, partiendo de que “inversión en infancia en la mejor inversión”. “Esto está tasado porque por cada dólar que los estados invierten en infancia tienen, en los panoramas más negativos, una devolución en la vida adulta de 7 dólares por cada dólar, y en los más positivos, de 15. Por eso no hablamos de gasto, sino de inversión”, explicó. “Hemos pedido que los niños no sean el valor del ajuste. Hay que sostener las políticas de infancia y profundizarlas”, agregó.

Otro de los temas de gran preocupación del Comité es el demorado nombramiento del Defensor del Niño. “Al cierre de la sesión hemos dicho que esperamos que el poder legislativo cumpla con un largo anhelo planteado por la ley de protección en 2005”, comentó Pedernera. La preocupación ahora es mayor dado que se agotaron los plazos estipulados por la Comisión Bicameral conformada a tal fin y, tampoco hubo dictamen para definir quién será propuesto como Defensor/a.

–Hay casos de abusos sexuales de niños y niñas cometidos por los propios padres en los que los jueces, desoyendo el relato de las víctimas, las obligan a revincularse con el abusador. ¿Qué políticas concretas debería adoptar el Estado argentino para modificar esta concepción en los agentes de justicia?

–Un aspecto es que ese derecho (del niño a ser oído) se tiene que poner en funcionamiento en la familia, en la comunidad, en la escuela, en los agentes de justicia. Pero para que eso ocurra hay que formarse. Fundamentalmente, en el sistema de justicia, donde la estructura es sumamente formal, hay que convertirla en un espacio especialmente amigable para el niño, para que pueda sentirse cómodo. Además los adultos tenemos que prepararnos para escuchar a los niños, porque ocurre que se desvaloriza su testimonio, se le cree al adulto, se los re victimiza. El operador de la justicia necesita que en este proceso reciba asistencia de otros actores que van a ayudarlo a tener mejor comprensión de lo que el niño dice; hablo de otras disciplinas, psicología, trabajo social, que acompañen al juez.

–El incesto sigue siendo una de las formas de abuso sexual más habituales y de las que menos se habla. ¿Qué propone frente a esto el Comité?

–Se enmarca dentro de esas relaciones y ejercicio de poder. Concretamente en el diálogo pusimos un ejemplo, no de incesto pero sí de violación, de una niña wichi que fue violada en un campo sagrado por un grupo de varones criollos y quedó embarazada y no pudo acceder al aborto terapéutico y ninguno de los violadores terminó perseguido por la justicia. El Comité dice que hay que desarrollar una política de atención a este tipo de delitos, pensar fundamentalmente en la reparación, las niñas no pueden quedar libradas a su suerte en términos de lo que signifique el impacto en su vida. Pero tiene que haber persecución del delito. Se le ha pedido al Estado eso. Y el establecimiento de mecanismos de protección para que en una revinculación no vuelva a ocurrir lo peor del escenario. También hemos visto serias deficiencias de aplicación de la ley de educación sexual, deficiencias y disparidades, hay quienes la asumen y quienes no. Es a través del conocimiento que los niños y niñas tienen elementos para poder atravesar este tipo de situaciones. No puede ser que todavía eso quede librado a la compresión de personas comprometidas, sino que el Estado tiene que dar señales claras de que el programa de educación sexual tiene que cumplirse a lo largo y ancho del país y en todo el ciclo escolar.

–El Comité recomienda específicamente al país que se garantice el derecho al aborto seguro para las adolescentes. ¿Cómo evalúa la situación en Argentina, después de un año donde se dio un amplio debate sobre el aborto pero un sector se negó a aprobarlo?

–Fue una oportunidad pérdida. El Comité, con sus recomendaciones, viene a reforzar lo que han dicho otros órganos de tratados como la Cedaw (Convención contra la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) sobre la necesidad de despenalizar el aborto y facilitar el acceso a servicios de interrupción voluntaria del embarazo y de atención pos aborto. Nosotros le hemos dicho eso: interrupción voluntaria y atención pos aborto que sea con consulta a las adolescentes. Eso debe ser política de salud. Nosotros cuando hablamos no le hablamos solo al Ejecutivo, le hablamos a los tres poderes, al Judicial y al Legislativo también. En este momento la responsabilidad es del Legislativo que no permitió que el Estado argentino se pusiera a tono con las recomendaciones de los órganos de tratados.

–El Comité hizo varias recomendaciones sobre violencia institucional. ¿Cuáles son las más importantes?

–Ese fue un tema muy presente en el diálogo. Teníamos abundante información sistematizada por observatorios, grupos organizados de las villas, los propios niños. En el marco de la sesión sobrevoló el caso de un niño de once años de Tucumán que fue baleado por la espalda cuando paseaba en moto. Entonces el Comité observó un uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, un uso de la violencia policial que se da en allanamientos sin orden, niños a los que se los lleva a simulacros de fusilamientos, que se los lleva a arroyos o ríos, o que se los quiere hacer cómplices de delitos, que se les hace eso para que se declaren responsables de determinados ilícitos o para que cometan ilícitos. Así que eso fue muy preocupante, pero también lo fueron los informes que recibimos sobre torturas, malos tratos, condiciones de detención para adolescentes infractores de la ley penal, pero también en internados, lugares de acogida para niños que han perdido sus referentes familiares. Las condiciones de hacinamiento se equiparan a torturas, tratos crueles y condiciones inhumanas y degradantes. En ese escenario le hemos pedido al Estado una lucha frontal contra la impunidad, contra el ejercicio abusivo de las fuerzas de seguridad, castigo a los responsables y reparación a las victimas buscando la no repetición. Ese debería ser el eje.