La producción de gas creció en los primeros diez meses del año un 5,6 por ciento respecto del mismo período de 2017, según datos de la secretaría de Energía. La cifra es esperanzadora en un contexto de déficit de la balanza energética. Sin embargo, esa expansión no refleja un crecimiento generalizado de la producción de las distintas empresas que operan en el mercado local sino casi exclusivamente lo ocurrido con una sola firma. Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint, explica por si sola el 81,5 por ciento de esa recuperación y su despegue se explica por Fortín de Piedra, un yacimiento de Vaca Muerta que estuvo apuntalado con subsidios públicos millonarios previstos en una polémica resolución oficial de 2017. Si la producción de Tecpetrol se hubiera mantenido estable respecto al año anterior, el crecimiento en el volumen de gas del conjunto del mercado no hubiera sido de 5,6 por ciento sino de apenas un 1 por ciento.

La producción de gas de Tecpetrol en los primeros diez meses del año trepó a 2.974.248 Mm3, un 135,2 por ciento más que en el mismo período del año anterior, ubicándose como la cuarta productora del mercado, detrás de YPF, Total y Pan American Energy. Sin embargo, el desempeño de las tres firmas que históricamente conforman el podio fue bastante flojo. Entre enero y octubre la producción acumulada de gas de YPF cayó 0,6 por ciento interanual, la de Total Austral creció 0,9 por ciento y la de Pan American Energy retrocedió 3,2 por ciento.

La diferencia entre Tecpetrol y lo ocurrido con las otras tres grandes firmas se explica fundamentalmente por la resolución 46 de marzo de 2017. La norma fue diseñada por el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, y prevé una compensación del Tesoro Nacional para las empresas que pongan en producción nuevos campos no convencionales o amplíen la oferta existente.

A los pocos días de publicada la resolución 46/17, Techint presentó su plan de desarrollo de Fortín de Piedra, un área que le había sido concesionada por la provincia de Neuquén en julio de 2016. Por lo tanto, toda la producción que ha venido generando desde entonces fue beneficiada por el subsidio público, lo que le permitió absorber más del 50 por ciento de la compensación que otorga el gobierno. El subsidio equivale a la diferencia entre un precio estímulo fijado por la autoridad regulatoria y el precio efectivo promedio de venta de gas en el mercado local. El precio estímulo este año fue de 7,50 dólares por millón de BTU, unos tres dólares por encima del precio de mercado, y la resolución 46/17 prevé que se reduzca con el tiempo: 7 dólares en 2019; a 6,50 en 2020 y a 6 dólares en 2021.

La intención de Aranguren era que esa baja gradual fuera convergiendo con una suba del precio efectivo que paga la demanda hasta que la diferencia entre ambos valores desapareciera y con ella el subsidio. El plan inicial era desembolsar 600 millones de dólares este año y 400 millones el próximo. Sin embargo, la fuerte devaluación del peso obligó al gobierno a forzar una baja en dólares del precio del gas en boca de pozo para que las tarifas no subieran tanto como hubiese correspondido. Esa baja del precio en dólares rompió con el sendero ascendente que había planeado Aranguren y amplió la brecha entre el precio estímulo y el precio efectivo que paga el mercado. Por lo tanto, el lugar de reducirse, los subsidios comenzaron a crecer. Se estima que el año próximo la compensación por la resolución 46 podría llegar a los 1200 millones de dólares.

En el contexto actual de recorte fiscal, esa posible erogación que tendría que realizar el Tesoro ya fue puesta en la mira por parte del Ministerio de Hacienda. El objetivo oficial es reducirla al menos a la mitad, pero los cambios se están negociando con las empresas beneficiadas, principalmente con Techint, porque podrían ser considerados como una violación de las reglas del juego y derivar en una judicialización. El gobierno se encuentra en una disyuntiva. Si mantiene el esquema actual, apuntala la producción de gas con una compensación pública millonaria que contrasta con el ajuste en áreas sensibles de la administración nacional. Si, en cambio, decide recortar el beneficio, lo más probable es que entre en conflicto con las petroleras, las inversiones en Vaca Muerta se ralenticen y la producción se estanque.