La sala IV de la Cámara de Casación Penal Federal convocó hoy a una audiencia a la diputada de Cambiemos (Chaco) Aída Ayala a partir de la cual definirá si convalida su procesamiento con prisión preventiva por asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, fraude, incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, delitos que se le adjudican por supuestos hechos de corrupción ocurridos durante su gestión como intendenta de Resistencia, entre 2007 y 2015. El eje de la acusación parte de la detección de un mecanismo de desvío de fondos municipales a través de la concesión de servicios públicos –entre ellas la recolección de la basura– a un cartel de empresas elegidas, amigas, y con alto sobreprecios, que describió el fiscal Patricio Sabadini. El caso de Ayala es emblemático de la doble vara con la que el oficialismo ha tratado la cuestión del desafuero: para Cristina Fernández de Kirchner en su situación de procesada con prisión preventiva en la causa de las fotocopias de los cuadernos, valdría quitarle los fueros parlamentarios de senadora para que vaya presa; no así para Ayala, aunque esté en idéntica situación procesal.

Casación podría resolver en el mismo día, pero teniendo en cuenta que están previstas 30 audiencias más, suena poco probable, aunque tampoco demoraría más del viernes. Si confirmara el procesamiento con prisión preventiva de Ayala, será inevitable una nueva discusión sobre su desafuero. ¿Qué sucedió hasta ahora? Cambiemos había rechazado el pedido de desafuero a mitad de año con el argumento de que la Cámara Federal de Resistencia había hecho lugar a un pedido de eximición de prisión. Luego la situación judicial mutó: primero Casación –la misma sala que ahora volverá a pronunciarse– revocó el beneficio que le garantizaba a la diputada que evitaría la detención; después la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó el procesamiento con prisión preventiva de la ex intendenta. Las mismas medidas se extendieron al secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Resistencia, Jacinto Sampayo, y los empresarios Rolando Acuña, Carlos Huidobro, Pedro Alberto Martínez y Alejandro Fischer, sobre cuya suerte también deberá pronunciarse Casación.

Cuando Casación rechazó la eximición de prisión, los jueces Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani advirtieron que sus colegas de la cámara chaqueña habían hecho un análisis “errado y antojadizo”, en el que dejaron de lado peligros procesales, como la el riesgo de fugo y de entorpecimiento, de una persona que aún se encuentra en el poder, en el cargo de diputada. También dijeron que había “arbitrariedad” porque la cámara de apelaciones no había ofrecido fundamentos. En  Chaco la seguidilla desató revuelo. Además, uno de los jueces que habían beneficiado a Ayala, José Luis Aguilar, tenía relación de amistad con el abogado de Acuña, otro de los principales acusados, y habían viajado poco antes juntos a España. Los procesamientos, tiempo después, fueron firmados por los camaristas chaqueños María Delfina Denogens, Eduardo Belforte y Rocío Alcalá. Fueron apelados por las defensas.

Lo que decida Casación –el más alto tribunal penal– será de vital importancia y podría poner a prueba a la Cámara de Diputados en el debate sobre el desafuero, donde hasta ahora Ayala fue protegida. La realidad es que la libertad durante el proceso judicial fue y debería ser la regla en las investigaciones penales, a menos que haya un peligro procesal ostensible. Lo que queda claro es que hasta ahora dejó de serlo para funcionarios de la gestión anterior y los actuales van consiguiendo atajos para quedar protegidos.