El Gobierno de la Ciudad desalojó este mediodía a la Asamblea de Villa Urquiza, a pesar de la breve tregua que se había logrado a principios de octubre para consensuar la suerte del centro vecinal que funciona en Triunvirato y Roosevelt hace 16 años. Los integrantes del espacio denunciaron que efectivos de Gendarmería y de la Policía Federal y de la Ciudad se presentaron por la madrugada sin ningún oficial de Justicia, en un operativo que calificaron como “totalmente ilegal”. Tras el desalojo, algunos vecinos realizaron un corte en la calle Triunvirato, que la Policía porteña levantó a la fuerza llevándose a dos personas detenidas. 

"Mi marido solamente estaba aplaudiendo, le pegaron y se lo llevaron", denunció la mujer de uno de los detenidos.  "Se los llevaron por el delito de resistencia a la autoridad, que es como el gobierno de (Horacio Rodríguez) Larreta reprime", lamentó otro vecino abogado que se acercó al corte en repudio al desalojo de la asamblea formada al calor de las protestas de diciembre de 2001.  

Desde la asamblea apuntaron a las autoridades de la Agencia de Administraciones de Bienes del Estado / Administración de Infraestructuras Ferroviarias SE y al gobierno nacional por el desalojo del local comercial utilizado por los vecinos. "Demuestra que no les importa negociar", manifestaron en su cuenta de Facebook los miembros de la asamblea a pocos meses de haber pactado una tregua para regularizar su situación y aseguraron que la intención del Gobierno es tomar los terrenos "para sus negocios inmobiliarios”.  

El centro está afincado desde el 2001 en un terreno que pertenece al Estado Nacional. que será subastado junto con otros lotes de la manzana para desarrollos inmobiliarios privados y de espacios públicos. En el último intento de desalojo se había acordado reubicar a la asamblea, en la que funciona una biblioteca popular, una videoteca, once talleres artísticos, un bachillerato popular y una consejería. 

Sin mediar diálogo, esta mañana policías y gendarmes sitiaron los alrededores del centro comunitario. Operativo que desde la asamblea denunciaron como “ilegal”. “No hay ningún oficial de Justicia, no vimos nunca la orden de desalojo”, contaron los integrantes en un audio para convocar a vecinos y asambleístas a resistir la medida. Allí también cuentan que los primeros movimientos empezaron entre las 5 y las seis de la mañana, “por lo tanto es más ilegal que nunca porque se debe hacer en horario hábil, a partir de las ocho de la mañana”, subrayaron. 

Los asambleístas apuntaron directamente contra el gobierno porteño y AABE por el nuevo desalojo. “No está autorizado y es totalmente ilegal y responsabilizamos tanto al Gobierno de la Ciudad como a Ramon Lanus, director de la AABE/ADIFSE y el gobierno de Cambiemos por este nuevo ataque hacia los centros y espacios culturales históricos”, expresaron en las redes sociales al visibilizar su situación. 

Allí calificaron también al operativo como “un nuevo ataque hacia los centros y espacios culturales históricos”, al tiempo que repudiaron el “acto despreciable” de Cambiemos, Macri y Larreta. “Basta de reprimir, desalojar y destruir ideas con sus negocios”, reclamaron. 

El 2 de octubre los efectivos habían intentado tapiar el lugar también, mientras impedían que los vecinos retiraran los libros de la biblioteca popular. La imagen de los asambleístas tirando los libros desde el techo y de los policías pisoteándolos recorrió las redes sociales. Finalmente, tras la intervención del Defensor del Pueblo, Alejandro Amor, lograron resistir el desalojo, que se pospuso por un mes, tiempo durante el cual los vecinos mantuvieron las llaves del lugar, Vencido ese plazo, las partes habían acordado sentarse en una nueva mesa de negociaciones.