La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal realizó la audiencia para escuchar los argumentos de la defensa de la diputada radical Aída Ayala, pero se tomará cinco días para resolver su situación. La dirigente de Cambiemos está procesada por presunto lavado de dinero y hay un pedido de desafuero que debe ser tratado por la Cámara de Diputados.

Como indicó este diario, la audiencia no era para que la Cámara de Casación Penal resolviera in situ la situación de Ayala, sino para escuchar a las defensas. La audiencia estuvo presidida por los camaristas Mariano Borinski, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani. En total, duró menos de una hora, porque tanto la defensa de Ayala como la de otro acusado presentaron sendos escritos, mientras que otros tres acusados (todos empresarios) expusieron brevemente en forma oral. Borinski les hizo una serie de preguntas para aclarar cuestiones que planteaban y señaló que en cinco días hábiles responderán a los planteos de las defensas.

Si dejaran firmes los procesamientos y las prisiones preventivas dictadas por la jueza Zunilda Niremperger, la causa judicial por presunta corrupción estaría en condiciones de ir a juicio oral. 

Ayala dialogó con la agencia Télam e indicó que el planteo presentado por su abogado, Ricardo Gil Lavedra, fue que debe “permanecer en libertad durante la sustanciación del proceso. Tengo derecho a estar en libertad”.

“No corresponde que la Cámara de Diputados considere el pedido de desafuero requerido por la jueza Niremperger mientras continúe el proceso judicial”, sostuvo Ayala. Su caso choca contra el criterio que tuvo Cambiemos para definir el desafuero (y encarcelamiento) de Julio De Vido. También el macrismo busca el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner. 

El caso de Ayala parte de la concesión de recolección de residuos en 2014 cuando ella era intendenta de Resistencia. Se la acusa de desviar dinero del municipio a empresas cartelizadas y con altos sobreprecios. La acusación formal es por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, y lavado de activos. Se encuentra procesada con prisión preventiva, pero sus fueros impidieron que sea detenida.