La CGT envió una carta al Gobierno reclamando, de manera “urgente”, la convocatoria del Consejo Nacional de Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil para acordar una actualización del valor actual. En agosto pasado el entonces Ministerio de Trabajo había decidido, sin negociación con los gremios y las patronales, una suba del 25 por ciento en partes donde la última cuota se efectivizará recién en junio del próximo año. “La inflación no deja de incrementarse con el consecuente perjuicio al salario de los trabajadores. Por eso reclamamos una actualización. Ahora esperamos la respuesta del Gobierno”, aseguró a PáginaI12 uno de los conductores de la CGT, Héctor Daer.

En esta oportunidad, la central obrera remitió la carta a Dante Sica quien tiene a su cargo el Ministerio de Producción y Trabajo. En la misiva, que lleva la firma de Daer y Carlos Acuña, afirman que “la caída del poder de compra de los ingresos de los trabajadores por el efecto directo del proceso inflacionario”. Los gremialistas no plantean cuál debe ser el nuevo incremento del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) porque consideran que debe surgir de la discusión que se tiene que realizar en el ámbito del Consejo del Salario, como se lo conoce. De todas formas consideran que el incremento realizado en agosto pasado, que fue del 25 por ciento, está completamente desactualizado. Sobre todo porque ese porcentaje se alcanzará recién a mediados de año.

“Agosto era otro país”, aseguran en la CGT con respecto a la suba del SMVM que se había decretado hace cuatro meses. Según la Ley de Contrato de Trabajo, el SMVM “es la remuneración mínima que un trabajador debería recibir para asegurarse para sí y su familia una vivienda digna, alimentación adecuada, salud, educación, indumentaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión social”. En el actual contexto inflacionario aquel decreto quedó desactualizado casi en el mismo momento en que se publicó.

El Gobierno nunca mostró mucho afecto por el debate que producen las comisiones que le dan cuerpo al Consejo del Salario. Por caso, en 2017 el entonces ministro de Trabajo, Jorge Triaca, no se preocupó en la búsqueda del consenso y a través de un decreto definió que el incremento será del 24 por ciento en tres cuotas: 8860 pesos en julio de 2017, 9500 pesos en enero y 10.000 pesos en julio pasado.

A principios de agosto pasado, Triaca repitió el esquema y decretó que la suba sería del 25 por ciento pero cuatro cuotas. El valor será de 12.500 pesos pero recién en junio del año próximo. Ahora el que deberá responder al reclamo de la CGT será Sica a quien los gremialistas ven más preocupado en difundir la necesidad de una reforma electoral que de resolver la pérdida del poder adquisitivo. “Sica te dice siempre lo que quieres oír pero nunca hace nada”, sostienen en el Consejo Directivo. Estos señalan que el principal objetivo de Sica es avanzar con la tan mentada reforma laboral. “El ministro no entiende que la reforma laboral no va a pasar por el Congreso y debería llamar al Consejo del Salario y reabrir la discusión. Ese debería ser su objetivo”, indicó Daer a este diario.

El problema del salario en los tiempos del gobierno de Cambiemos es que buena parte de los alimentos están atados al dólar y si a eso se le suma que los servicios públicos tienen el mismo componente, el poder adquisitivo siempre estará en desventaja fruto de las devaluaciones que impulsó la Casa Rosada y el proceso inflacionario que eso provoca.

“Desde agosto, fecha de la última reunión, la inflación no sólo no ha decrecido, sino que ha depreciado notablemente el valor real de los ingresos laborales”, dice la carta que los gremialistas le enviaron al ministro Sica. Lo que no dice pero que está en la lista de futuras negociaciones son las paritarias del próximo año. Desde que Cambiemos llegó al gobierno impuso el techo a las negociaciones salariales. El presupuesto de 2019 prevé una inflación del 23 por ciento. Un porcentaje falaz si se tiene en cuenta que 2018 llegará al 47 por ciento y el Gobierno no mostró hasta ahora ninguna política que permita prever una posible baja para el próximo año que tiene como condimento las elecciones presidenciales.