Tarde en la noche del martes, una vecina de la localidad de Benavídez, llama al 911 y avisa que hay violencia en una casa cercana. El móvil llega y Dios sabe qué conversación tuvieron los funcionarios policiales con el señor de la casa. Con Elizabeth, la víctima, es muy probable que no hayan hablado porque los violentos no permiten en esos casos que los futuros cadáveres hablen con la policía. Y si lo hicieron, nada debe haber dicho, según surge de los códigos del pánico. Los servidores del orden, conformes con lo que vieron y oyeron, dejan la vivienda y regresan a su ajetreada madrugada de miércoles, en Benavídez. Como en la inmensa mayoría de los casos de femicidios, había numerosas señales previas, avisos, denuncias, golpes, ruidos, sangre, gritos. El tiempo demostró que, a pesar de los inequívocos anticipos fúnebres, Elizabeth nunca fue escuchada. Lo que sucede es que las víctimas de violencia de género, como todas las personas vulnerables, deambulan por la vida como fantasmas. No son vistas ni escuchadas y esa invisibilidad se prolonga, esta vez indefinidamente, cuando son llevadas al cementerio.
Si se comprueba lo que se publicó, en cuanto a que la policía llegó al domicilio y se retiró sin tomar medida alguna para proteger a Elizabeth, no sólo debería estar preso el dueño del cuchillo, sino además quienes, abandonando a la víctima, le facilitaron descargar su violencia en 15 puñaladas fatales. Puede resultar reiterativo, pero es inevitable volver sobre la responsabilidad del Estado en la designación de cada integrante de una fuerza de seguridad, de cada funcionario judicial, desde el empleado hasta el juez, de cada integrante de los equipos técnicos. Es de la ideología de cada uno de ellos que muchas veces va a depender la vida de las personas que tienen que proteger. Quien, alertado de una situación de violencia, concurre a un domicilio y no investiga mínimamente ni percibe nada extraño en la casa donde, un rato después, quien los atendió asesina a la mujer a quien concurrieron a ayudar, no puede ser policía. Quien ordena revinculaciones forzadas de niñas, niños y adolescentes con sus presuntos abusadores y maltratadores, exponiéndolos a nuevas presiones y riesgos, no puede ser juez. Quien ordena reprimir miembros de pueblos originarios por defender sus tierras, no puede ser funcionario. El modelo actual de la Constitución Nacional incluye con la máxima jerarquía legal las Convenciones sobre Derechos Humanos. Allí, en cada Convención, en cada artículo, en cada definición, se encuentran explícitos todos los mecanismos de protección integral, y de respeto por cada niña, niño, adolescente, mujer, persona de edad avanzada, y hombre. Y cuando esos mecanismos son despreciados, la víctima no es sólo la desahuciada mujer que nadie ayudó. Quien asesinó a Elizabeth hace algunas horas, le asestó 15 puñaladas. Pero hay una más, la número 16, que no partió del cuchillo de su marido, sino de la desidia y la irresponsabilidad de un sector de la administración del Estado, que actualmente no diseña políticas públicas que garanticen que una mujer que pide ayuda, no quede desprotegida por el propio Estado y a merced de su verdugo. Y esa puñalada 16, no sólo afecta el cuerpo de la víctima individual, sino que además golpea a cada mujer que marchó por Ni Una Menos, golpea a los integrantes de grupos vulnerables que, junto al resto de la comunidad, y según nuestra norma fundamental, deberían sentirse protegidos. Por el contrario, cada día se dan cuenta que su vulnerabilidad aumenta proporcionalmente con la retirada del Estado de las áreas más vinculadas con aquella declamada protección. Esa indefendible retirada es consecuencia inevitable de modelos económicos como el actual, donde la transferencia de recursos, se produce desde aquellos sectores más vulnerables, con ingresos cada vez más bajos, con mayor desocupación y considerable aumento de la riqueza de los ya muy ricos. Resulta imprescindible frenar esa retirada y revertirla para recuperar aquella visión integral de los Derechos Humanos que provocó la admiración del mundo entero hace apenas un puñado de años. Es tarea de cada uno de nosotros recuperar la vigencia de los Derechos Humanos y cuando lo logremos, nadie dude que cuando una víctima pida ayuda, la recibirá rápidamente. En una sociedad donde se respetan los derechos, los únicos excluidos son los violentos.
* Ex juez federal.
