La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y sus ministros de Seguridad, Cristian Ritondo, y Justicia, Gustavo Ferrari, fueron denunciados ante la justicia penal federal de Lomas de Zamora, por abandono de persona seguido de muerte en diez casos, tras el incendio de la comisaría 3ª Transradio, Esteban Echeverría. La denuncia fue presentada por el diputado nacional Horacio Pietragalla Corti (Unidad Ciudadana), quien apuntó al trípode político sobre el que se asientan las responsabilidades de la peor masacre en la historia de las comisarías argentinas.

La denuncia de Pietragalla se suma a la que ya había presentado la Comisión Provincial por la Memoria. Pietragalla apunta en su presentación a “la inacción” de Vidal, Ritondo y Ferrari, y que tenían un conocimiento previo de que la masacre podía ocurrir: 

1) Inacción por la lista de comisarías clausuradas por orden de la justicia que seguían siendo utilizadas, entre ellas la 3ª Transradio, ya había sido denunciada.

2) Porque la justicia, y en este caso el juez Javier Maffucci Moore, además, había aceptado un hábeas corpus presentado por la Comisión Provincial por la Memoria el 30 de enero pasado, y ordenaba a Ritondo a cumplir con el desalojo de las celdas (clausuradas desde 2011).

3) Porque un año y siete meses antes, otra comisaría, en Pergamino, la primera, también se había convertido en un horno provocando la muerte de 7 víctimas, en la peor masacre de la historia.

Y, especialmente, porque el ministro Ritondo, en agosto pasado, había mencionado durante una entrevista que prefería mantener “amontonados a los delincuentes”, como criterio de seguridad.

La denuncia radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°1 de Lomas de Zamora exige que se investigue a las máximas autoridades provinciales por la muerte de diez detenidos. El último de ellos fue Fernando Martín Arguello, de 33 años, quien falleció el 12 de diciembre en el Hospital Eva Perón de Lanús, tras un mes de agonía. Argüello había sido detenido por un delito excarcelable, comercialización de drogas, pero la justicia lo mantuvo detenido porque estaba cumpliendo una condicional por el mismo delito cuando lo detuvieron. Claro, por incumplir la ley, fue alojado en una celda de uso ilegal. Donde finalmente murió junto a sus nueve compañeros de suerte, por las graves heridas y por haber respirado el humo venenoso que despiden los colchones no ignífugos.

En su denuncia Pietragalla sostiene que “las autoridades administrativas fueron debidamente notificadas de la clausura y exigencia de inmediato traslado de la totalidad de los detenidos alojados en la referida Dependencia Policial y de la prohibición de ingreso en orden a la clausura oportunamente dictada.”

“Tal como surge de las causas judiciales citadas –sostiene Pietragalla–, ‘las autoridades ministeriales provinciales’ y el ‘Poder Ejecutivo’ desoyeron ‘la clara situación que se vivía y se vive en las comisarías del distrito de Esteban Echeverría’, privando a las personas detenidas de una protección en sentido amplio, por lo que el sujeto activo debió actuar por imperio legal y no lo hizo, dejando de prestar los auxilios o cuidados necesarios.”

El hacinamiento y maltratos en las comisarías bonaerenses fue denunciada ante la CIDH, en Washington, el 6 de diciembre pasado, con representantes de la Defensoría de Casación Bonaerense, la Comisión Provincial por la Memoria y el Cels, por el lado de los denunciantes; y el estado argentino, con representantes de cuarta línea, cuya presencia/ausencia definió el concepto del gobierno respecto a la función de los organismos internacionales.

Hoy, la Comisión Provincial por la Memoria, se reunirá con familiares de las víctimas de la masacre. Tienen en agenda la recepción de los resultados preliminares de las autopsias, que confirmarán el motivo de muerte entre otras cuestiones. Hay un pedido a la justicia de no innovar en la zona de los calabozos, es decir, que no sean modificados los escenarios donde ocurrieron las muertes. Las condiciones de detención, efectivamente, son la clave del caso. El Comité contra la Tortura de la CPM trabaja en la contención y asistencia de los sobrevivientes con miras a una nueva  declaración cuando hayan recuperado el trauma.