Como ha escrito la investigadora Lidia Rodríguez, las primeras escuelas nocturnas para adultos de nuestro país datan de fines del siglo XIX y señala antecedentes como la escuela San Francisco del Monte, donde enseñaba Sarmiento en 1826 a un grupo de adultos y el colegio Santa Rosa de América, que funda en San Juan en 1839. Siendo jefe del Departamento de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires (1856-1861) Sarmiento anunció la necesidad de crear escuelas nocturnas y dominicales para adultos, y creó el primer establecimiento destinado a los adultos en la Escuela Catedral del Sud. Analizando una detallada recopilación de experiencias y de desarrollo formal de la educación de adultos, la investigadora menciona la existencia de distintas orientaciones que ponen mayor énfasis en la vinculación con el trabajo, la acción disciplinadora y homogeneizadora del Estado, la participación de la Sociedades Populares de Educación. Estas últimas fueron protagonistas de la extensión de la educación en amplias capas de inmigrantes adultos y realizaron históricos congresos. Como concluye la Dra. Rodríguez, el conflicto entre las diversas posturas no impidió que compartieran algunos elementos fundamentales. Parece increíble, pero en diciembre de 2018, ante un gobierno que cierra las escuelas para adultos, debemos destacar que compartían la necesidad de la educación de adultos, la responsabilidad y el deber del Estado de proporcionarla, y su prioridad social.

El gobierno de la CABA sostiene que las escuelas de adultos son ineficientes, tienen pocos alumnos y escasos graduados, y por lo tanto las cierran. Especialmente las de orientación comercial, también de larga tradición. El lector comprenderá que la causa del cierre no es resultado del ahorro al que se ve autoobligado el gobierno, dada su desastrosa política económica, porque el costo de las insuficientes escuelas para adultos, de los miserables sueldos docentes y los desgastados edificios escolares (casi siempre compartidos o prestados) no hace mella en las finanzas de la ciudad más rica del país. La razón es más grave porque se trata de una convicción profunda, que se da de bruces con aquel acuerdo que mencioné, que manifestaba la voluntad de compartir una sociedad. Quitar la posibilidad de cursar o terminar el secundario, y más aún uno con salida laboral, es oponerse a la educación de miles de jóvenes y adultos que anhelan estudiar, recibirse y contar con una preparación que les permita un trabajo mejor y un mejor acceso a la cultura. La medida de cierre es excluyente, discriminatoria, y despreciativa del que no tuvo la oportunidad de cursar la secundaria en tiempos, instituciones y edades establecidos, lo cual tiene siempre un alto grado de arbitrariedad. En este caso se suma la plena participación del gobierno de Rodríguez Larreta de la idea de educación que rige la política educativa de Cambiemos, coherente con la concepción de la educación como un insumo del mercado. Desde esa postura, no solamente debe eliminarse toda inversión en educación (o en salud, o previsión social, o en alegría de la gente) que dé “pérdidas”, sino aquella que no proporcione la posibilidad de tercerizarla haciendo un buen negocio. Las escuelas comerciales requieren ser modernizadas y reequipadas, como lo fueron las escuelas técnicas durante el período kirchnerista. Sus docentes necesitan recibir la capacitación que les corresponde por ley. Los alumnos que tienen dificultades o abandonan deben ser convocados, los planes de estudios y modalidades de cursado adaptados a las difíciles condiciones personales en que cursan sus estudios. quienes quieren estudiar no deben ser desechados, como han quedado los 10 mil alumnos y los 1200 docentes que pierden su puesto de trabajo.

La ilegitimidad de la Resolución 4055/18 tomada por la ministra de Educación de la CABA, Soledad Acuña, que determina el cierre de 14 escuelas comerciales, cursos para adultos de 9 liceos y de bachilleratos nocturnos, es evidente. Cabe preguntarse cuál es su legalidad. Si bien la CABA no cuenta con una ley jurisdiccional de educación, pertenece a la República Argentina (más aún, es distrito de residencia de su Capital) con lo cual sigue bajo la legislación nacional. Por lo tanto, debe cumplir con la Ley de Educación Nacional 26206/06, vigente. Dicha ley establece en su artículo 17, Capítulo IX, la Educación permanente de jóvenes y adultos y la Educación técnica profesional. Destina la primera a “quienes no la hayan completado (la educación obligatoria ahora de 14 años) en la edad establecida reglamentariamente, y a brindar posibilidades de educación a lo largo de toda la vida”. 

Nuestro sistema de educación pública fue un ejemplo internacional durante más de un siglo. Pero los funcionarios actuales se muestran ansiosos por mostrar su capacidad de reducción de la educación estatal ante el FMI y se complacen en abrir la puerta a quienes se intereses por hacer negocios con nuestra educación. Afortunadamente, la lucha contra el cierre de las escuelas que encabeza el gremio docente cuenta con uno de los más extensos apoyos de la población. La lucha por la educación pública es un tema más que convoca a la indispensable unidad de las fuerzas populares y nacionales.

* Doctora en Pedagogía, ex diputada nacional.