El 14 de mayo de 1978 agentes del Servicio Penitenciario Federal gasearon y ametrallaron a presos del penal de Villa Devoto, a los que luego dejaron morir quemados y asfixiados. A 40 años de la “Masacre del Pabellón Séptimo”, que terminó con 65 muertos y otras 89 víctimas de brutales torturas, el juez federal Daniel Rafecas procesó ayer con prisión preventiva al ex jefe del penal y a otros tres penitenciarios por tormentos seguidos de muerte. El magistrado dictó además la orden de no innovar sobre el lugar donde ocurrieron los hechos, medida que reclamaba el colectivo “No al traslado de la cárcel de Devoto” y que frustra al menos por el momento los negocios inmobiliarios proyectados por los gobiernos de Mauricio Macri y de Horacio Rodríguez Larreta.

A las 8.15 de aquel 14 de mayo, en represalia a un episodio de la noche anterior, los penitenciarios dispusieron una violenta requisa en el pabellón que alojaba a más de 160 personas, reconstruye el juez en un escrito de casi 300 fojas. Miembros de la Sección Requisa castigaron indiscriminadamente a los internos para amedrentarlos y disciplinarlos. Los presos se defendieron, lograron expulsar a la requisa y amontonaron camas contra la reja. Esa reacción “resultó intolerable” para los penitenciarios, que “se aseguraron que no quedaba ningún efectivo en el recinto” y entonces respondieron apelando a “gran cantidad de gases lacrimógenos y disparos de armas de grueso calibre”. Esa represión sumió “en el más absoluto desconcierto a los internos, que sólo atinaban a cubrirse de los disparos y a procurar respirar”, continúa el juez.

En medio del caos, intentando  impedir la visión de los verdugos, los presos amontonaron colchones sobre las camas. “En ese contexto se desató el incendio de los colchones, que convirtió al pabellón en un verdadero infierno”, relata Rafecas. Al ambiente irrespirable y los disparos “se sumó un humor negro y espeso y un calor extremo” que no impidió a los agentes seguir reprimiendo, “actitud que recién cesó cuando su permanencia se hizo imposible por el intenso calor del fuego”. De los testimonios queda claro que “no hubo ninguna maniobra encaminada a extinguir el fuego, todo lo contrario, continuaron amedrentando a los internos”, destacó. “Lo único que hizo el SPF fue dejarnos morir cocinados, asfixiados, y cuando quisimos respirar asomándonos por las ventanas nos bajaban a balazos. Nos decían ‘hijos de puta, muéranse, cachivaches’”, declaró el sobreviviente Hugo Cardozo. Al mismo tiempo “desde los patios exteriores y los muros del penal”, personal de la División Seguridad Externa “disparaba contra las ventanas del pabellón” para que no pudieran respirar.

El fuego se extinguió solo cuando se consumió el material combustible. 57 presos murieron en el pabellón y ocho en distintos hospitales. Los sobrevivientes, obligados a salir del pabellón, recibieron otra brutal golpiza. Los procesados por tormentos seguidos de muerte con 40 años de demora son el ex jefe del penal, Juan Carlos Ruiz; el ex jefe de seguridad interna, Horacio Martín Galíndez; el jefe de la requisa, Carlos Aníbal Sauvage, y el ex celador Gregorio Bernardo Zerda, alias “Kung Fu”.

“Esperábamos los procesamientos hace rato. Estaban los elementos para avanzar pero era un caso que nadie veía como de lesa humanidad, por lo que todo el equipo jurídico trabajó para demostrarlo”, recuerda Claudia Cesaroni, la abogada del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) que en 2013 patrocinó a Cardozo para pedir la reapertura de la causa. “Al comienzo juez y fiscal consideraron que no eran delitos de lesa humanidad porque las víctimas no eran militantes políticos. Nuestra construcción jurídico-política consistió en demostrar que la aplicación del terrorismo estatal se dio de manera particular en cada ámbito, que en la cárcel no se limitó a los presos políticos y que la respuesta brutal del SPF obedecía a que la dictadura no podía tolerar ninguna desobediencia”, explica. El trabajo de los abogados rindió frutos en agosto de 2014, cuando los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero caratularon los delitos como de lesa humanidad y encomendaron la investigación a Rafecas. Cesaroni celebró además la declaración no innovar, aunque limitada al Pabellón Séptimo y no a todo el penal como habían pedido. “Somos parte del colectivo ‘No al traslado de Devoto”, al que nos oponemos por múltiples razones. En nuestro caso porque no queremos que los presos sean tirados en algún lugar lejos de sus familias y de los jueces, y para que no se anule una experiencia tan vital como el Centro Universitario de Devoto”, destacó.