El proceso de vaciamiento cultural de los últimos tres años tuvo su pico a principios de septiembre con la embestida institucional más temida y más sospechada: la eliminación del Ministerio de Cultura de la Nación y su reducción a una secretaría subsumida a la órbita del Ministerio de Educación. El anuncio lo hizo el presidente Mauricio Macri como parte de un paquete de reducciones y ajuste oficial y, aunque fue presentado discursivamente como un mero cambio de rango, marcó la oficialización de un enorme retroceso en términos de garantizar el derecho a la cultura de todo el país. Si bien no hubo cambios de mando, porque el exministro Pablo Avelluto siguió y sigue al frente como secretario, la devaluación de la cartera obligó a repensar el esquema cultural argentino y también el rol que dentro de él cumplirá de ahora en más la comunidad.
En rigor de verdad, el vaciamiento del ministerio había comenzado no bien asumió el poder la alianza Cambiemos. Ya en diciembre del 2015, el organigrama de la cartera se había modificado y las secretarías habían bajado de cuatro a tres. A fines del 2016, los tres funcionarios que estaban al frente de esas secretarías ya habían renunciado a sus cargos, debiendo ser reemplazados y mostrando la crisis que se avecinaba. Por último, el 7 de marzo de este año, también en el marco de un “reordenamiento” de las áreas del Poder Ejecutivo, la ahora secretaría sufrió otro desguace, ya que de un plumazo el gobierno eliminó cinco de sus cuatro subsecretarías, algo que tuvo un impacto enorme en la realidad cultural ya que todas ellas tenían competencias socioculturales, de difusión y generación de empleo.
En ese momento, PáginaI12 se comunicó con las autoridades de la cartera, que prometieron la continuidad “de todos los programas” y el reacomodamiento “de la gente en función de la nueva estructura”. La realidad fue otra: todo este año hubo una brutal reducción de programas y políticas públicas destinadas exclusivamente al desarrollo y crecimiento del sector, algo confirmado con la eliminación definitiva del ministerio.
Con ese cambio, que guió el destino de las decisiones culturales de la segunda mitad del año, el Ministerio de Cultura no fue lo único que desapareció. También se esfumó, entre muchas otras cosas, la posibilidad de que el Congreso Nacional sancionara una ley nacional de Cultura, proyecto impulsado por el diputado nacional Daniel Filmus con apoyo de distintas organizaciones culturales, que dejó de tener sentido puesto que se trataba de una ley orgánica y el organismo ya no existe más.
Si, como destacó este diario en los balances anteriores, 2016 se caracterizó, en materia de política cultural, por los despidos, las maniobras de desfinanciamiento y vaciamiento de programas y el 2017 por ser el año en el que esa crisis se tornó estructural (no hubo tantas cesantías ni cierres de programas, pero a aquellos espacios y proyectos que tuvieron la “suerte” de no ser dados de baja se los desfinanció por completo), el que se va fue el año en el que todo ese vaciamiento se volvió oficial, al punto de poner en jaque todo el esquema institucional. Los apartados que siguen reflejan parte de esa realidad.
Programas disueltos
Antes, incluso, de la disolución del ministerio, 2018 se inició con una pésima noticia para el sector cultural: la disolución del Ballet Nacional de Danza (BND), dirigido por Iñaki Urlezaga. Se trataba del primer ballet clásico nacional de la historia y perseguía una doble inclusión: estaba conformado por artistas de todo el país y acercaba la danza a un público amplio, también de todo el territorio nacional. Dejó de funcionar en enero. Dos poderosas intervenciones de los jóvenes bailarines cerca del que fuera el Ministerio de Cultura no dieron frutos para recuperar esta iniciativa tan importante. La decisión de Avelluto implicó el despido de 60 personas, entre bailarines, técnicos, maestros y vestuaristas. La compañía fue disuelta incluso cuando tenía previstas funciones para este 2018.
Por otra parte, según han difundido los trabajadores agrupados en ATE, el vaciamiento y el ajuste de este año afectaron de distintas formas al programa Becar Cultura, el Fondo Argentino de Desarrollo, el área académica de la Dirección de Elencos Estables, Factoría en Danza, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, Libro %, la red Puntos de Cultura, Lenguas Originarias, Orquestas Infanto-Juveniles y el concurso “Vamos las bandas”.
El fomento en crisis
Las instituciones abocadas a apoyar la danza y el teatro en la Ciudad atravesaron este año una profunda crisis. A la falta de presupuesto y de políticas de fomento e inclusión para la danza se sumaron las renuncias del director del organismo, David Señoran, y de la asesora Valeria Kovaldoff, que llevaron adelante gestiones muy respaldadas. Señoran contó que su renuncia se debió a la pérdida de “singularidad, autonomía y capacidad de acción” del instituto porteño que fomenta la danza no oficial.
La inclusión del sistema de Trámites a Distancia para pedidos de subsidios trajo problemas tanto al sector de la danza como al del teatro. Pero lo que empeoró más las cosas fue la unificación de programas y organismos de subsidios bajo la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, que agrupa a Proteatro, Prodanza, Proescritores, Bamúsica, Bamilonga, Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y la Ciencia y el Régimen de Promoción Cultural.
En septiembre, la Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza (AATDa) denunciaba que el presupuesto para Prodanza había aumentado un 7 por ciento en relación con el año pasado (apenas supera los 3 millones de pesos). Ese mismo mes, Señoran renunció. Había presentado su renuncia a comienzos de 2018, pero optó por permanecer en el cargo hasta que no peligrara el otorgamiento de subsidios. “Desde la reestructuración y construcción de una única gerencia que contenga todos los organismos de subsidios, noté que Prodanza empezó a perder su singularidad y algo de autonomía. La mirada que teníamos como grupo de trabajo es que no fuera un kiosco, sino que queríamos pensar específicamente en las necesidades del sector. Al diluirse estas posibilidades, decidí dar un paso al costado”, expresó el bailarín a PáginaI12. Todavía no fue reemplazado.
Por su parte, fuentes de la AATDa plantearon la necesidad de “la apertura” del Instituto a estéticas por fuera de la contemporánea, para que sea “más inclusivo”. Asimismo, anticiparon la realización de un relevamiento del sector en la Ciudad, el próximo año. “Con respecto a la dirección ejecutiva, pensamos que la elección debe ser abierta y por convocatoria; basta de elegir a dedo a funcionarios amigos. Este cargo se decidirá a comienzo del año”, indicaron, y celebraron que las autoridades hayan abierto una mesa de diálogo y trabajo conjunto con las asociaciones para enriquecer el funcionamiento de Prodanza.
El clima de Proteatro estuvo también signado por una renuncia: la de Alejandro Ullúa, que dejó su cargo a mediados de julio, a pedido del ministro de cultura porteño, Enrique Avogadro. La insuficiencia del presupuesto y problemas administrativos pusieron en alerta durante todo el año a la comunidad teatral. Diferentes asociaciones se manifestaron en estado de emergencia y respaldaron a Ullúa. En su reemplazo asumió Mariana D’Lucca.
Según explicó la presidenta de la Asociación Argentina de Teatro Independiente (Artei), Liliana Weimer, el presupuesto para Proteatro es el mismo desde 2016: 31 millones de pesos. El Ministerio viene inyectando más dinero a esa cifra pero por fuera del presupuesto. En 2018, el monto ejecutado fue de 41 millones, “igual que en 2017, totalmente insuficiente”, remarca Weimer. Para el próximo año, el organismo contará con 49 millones.
Como otras organizaciones, Artei tiene representación en el directorio de Proteatro. Las palabras de Weimer respecto de lo más preocupante del año coinciden con las de Señoran: “A la comunidad teatral no le gusta la unificación de todos los programas y organismos de subsidios bajo una misma gerencia. Creemos que Buenos Aires merece un instituto teatral de fomento, exclusivo. Unificaron todo en términos de autoridades e, incluso, físicamente. Siempre vamos a estar luchando por nuestra identidad. Se va degradando Proteatro”.
“Además del tarifazo, que nos tiene todavía muy preocupados, hemos tenido un año en el que, en el mes de junio, sufrimos una baja infernal de público. Muchos teatros hicimos diferentes tipos de acciones. Nos afectó muchísimo el contexto económico, la cantidad de público y de alumnos, así como también la inflación”, resumió la actriz.
En el ámbito nacional, por otra parte, hubo uno de los organismos de fomento que tampoco estuvo en paz. Con acusaciones cruzadas, sanciones y disputas de todo tipo, en el Instituto Nacional del Teatro (INT) se vivió una feroz guerra interna entre el Consejo de Dirección y el director ejecutivo, Marcelo Allasino. A principios de octubre pasó que un grupo de representantes provinciales del organismo acusó a este último de elevar al Ministerio de Hacienda un presupuesto 2019 con un “duro recorte” sin haber pedido la aprobación del Consejo. El director, por su parte, desmintió esa información y dispuso el cese de actividades por cinco días de dos de los funcionarios del interior por “incompatibilidad de funciones”. Dos meses más tarde, fue él quien acusó a los consejeros de “paralizar” el Consejo, tras quedar vacante el cargo de representante de la región Centro Literal y también el de secretario general, que ocupaba la misma persona (una de las sancionadas). Para este organismo, el año termina con un profundo cortocircuito, una ironía inexplicable tratándose de la única institución cultural estatal que funciona por ley de manera colegiada.
Memoria: vaciamiento y resistencia
El Centro Cultural Haroldo Conti, ubicado en la ex ESMA, terminó un tercer año de vaciamiento con una mala noticia: el robo del proyector del microcine Raymundo Gleyzer. Como consideran que en un contexto de desfinanciamiento no será repuesto, los trabajadores informaron que, a partir de ahora, el cine independiente cuenta con una sala menos. La grave situación del espacio –que depende de la Secretaría de Derechos Humanos– no termina ahí. En los últimos días se supo que al 80 por ciento de los artistas y talleristas que trabajaron allí a lo largo de 2018 se les adeudan pagos. La deuda del Estado es de cerca de 4 millones de pesos. Los talleristas, además, no cobraron en todo 2017. Los afectados enviaron una carta a la secretaría a la espera de una respuesta. Los trabajadores sienten una gran preocupación por el futuro del espacio.
Por otro lado, el Espacio Cultural Nuestros Hijos, casa cultural y educativa de las Madres de Plaza de Mayo, ubicada también en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, cumple su tercer año de resistencia. Desde el comienzo de la gestión macrista no cuenta con apoyo del Estado; sin embargo, ha podido mantener algunas de sus actividades más importantes, como los festivales para toda la familia (de teatro, música, literatura y circo). Un ciclo organizado junto al Movimiento de Música para Niños y Niñas (Momusi) y la “Peña de los Abrazos”, así como también el desembarco de la escuela del Choque Urbano, mantuvieron en 2018 la frescura del lugar. De los 34 trabajadores que lo sostenían en 2016, actualmente permanecen sólo 18. Los artistas se presentan ad honorem y se cobra un bono contribución para el ingreso a las actividades. La asociación Amigos del ECuNHi brinda un importante respaldo. Verónica Parodi, directora del espacio cultural, destacó el apoyo de los artistas y del público, así como también la fortaleza de los trabajadores.
Proyectos y leyes
A tono con la época, ingresó al Senado de la Nación un proyecto de ley sobre cupo femenino en festivales. Lo presentó un grupo de artistas que realizó un relevamiento y que se propone lograr la inclusión laboral de la mujer en la actividad musical en vivo, derribar prejuicios acerca de la generación de ganancias en la industria cultural y habilitar una multiplicidad de miradas y voces. Mientras que en otros países de América latina la media de participación de mujeres en festivales alcanza el 30 por ciento, en la Argentina apenas supera el 13 por ciento (13,2). En síntesis, el proyecto que ingresó al Senado –con apoyo de la legisladora Anabel Fernández Sagasti (FpV-PJ)– establece un piso de 30 por ciento de presencia femenina en festivales, cifra que abarca a solistas o referentes de conjuntos, y a integrantes de formaciones de composición mixta. La propuesta ya cuenta con 700 firmas en apoyo.
Una iniciativa similar se presentó en la Ciudad pero para el ámbito teatral. La llamada Ley de Paridad Teatral –presentada por la legisladora porteña Andrea Conde– busca garantizar la igualdad de oportunidades para todos los géneros en todas las áreas de trabajo del Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA). La propuesta había sido presentada a finales del año pasado pero recién a mediados de 2018 comenzó a discutirse en la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, una de las dos a las que fue girada. Entre sus considerando figura que, en las diecisiete obras estrenadas durante el 2017 en el CTBA, sólo el 20 por ciento de las obras estuvieron dirigidas por mujeres (todas en el Teatro Regio) y que el 94 por ciento de la dramaturgia estuvo en pluma de varones. Además, la única área donde las mujeres superaron en cantidad a los varones fue la de vestuario, mientras que fueron menos, además de las mencionadas, en diseño sonoro, escenografía, iluminación, música original y actuación dentro de las obras.
Por fuera de la problemática de género, otra temática sobresalió entre todos los proyectos de ley para el sector cultural: la de los artistas callejeros o ambulantes. En el ámbito provincial, el diputado Miguel Funes (FpV) presentó un proyecto para que se fomente al sector y se impida su criminalización. El planteo central es que las expresiones artísticas sean declaradas patrimonio cultural de la Provincia, para que las fuerzas de seguridad no puedan detenerlos ni tampoco confiscarles sus instrumentos y herramientas de trabajo, algo que se da de forma muy habitual. El proyecto también prevé la creación de un Registro Provincial de Artistas Callejeros, que obligará al Ministerio de Gestión Cultural –autoridad de aplicación de la norma– a difundir las actividades de los artistas registrados. Por lo pronto, en octubre los pinamarenses consiguieron revertir el veto que el intendente de Cambiemos Martín Yesa había hecho sobre una ordenanza municipal que declaraba al Arte Callejero como Patrimonio Cultural en esa ciudad balnearia.
En la Ciudad, por su parte, la lucha de los artistas ambulantes se vio encauzada tras la pretendida reforma del Código Contravencional, algo que el Pro porteño logró en las últimas sesiones del año. A mitad de año, los artistas se organizaron para repudiar el proyecto oficial, que entre sus varios cambios proponía que las denuncias por “ruidos molestos” (entre los que se incluirían a los músicos callejeros) ya no debieran necesariamente ser con nombre y apellido, lo que para los artistas multiplicaría las falsas denuncias y facilitaría que las fuerzas de seguridad tuvieran más facultades para detenerlos y demorarlos. Finalmente, y tras muchas manifestaciones, la actividad artística en el espacio público quedó exceptuada de ser considerada como contravención en el proyecto aprobado, aunque los artistas nucleados en el Frente de Artistas Ambulantes Organizados (FAAO) consideraron igualmente “nefasta” a la reforma lograda por la mayoría oficial.
Por otra parte, en octubre se aprobó la nueva ley de mecenazgo en la Ciudad, presentada por el ministro Avogadro como un herramienta para lograr una “mayor previsibilidad en el sistema, una mayor claridad en los criterios de selección, mayor involucramiento y articulación con el sector privado, alternancia, y la posibilidad de acompañar cada vez a una mayor cantidad y diversidad de proyectos culturales”. ¿Cuáles son los cambios de la ley que reemplaza la normativa que rigió hasta este año? Esencialmente, eliminar la modalidad de participación por la cual el sector privado sólo aporta a los proyectos culturales la suma que puede deducir de impuestos (y nada extra, lo que implica que el Estado sea quien aporte) y dejar en pie aquella mediante la cual las empresas deban –mediante un financiamiento fiscal decreciente– contribuir con fondos “genuinos”, con el beneficio de que su marca pueda figurar en la difusión de los proyectos. Eso es, según explicó el oficialismo, para que el Estado se libere de ese resto que debe poner en los casos en los cuales las empresas actúan como benefactoras, y que pueda aportar un poco menos para supuestamente “redistribuir más”. La ley será reglamentada en marzo pero el gobierno de la Ciudad confirmó que los trámites ya se agilizaron para la selección de beneficiarios de este año.
Por último, entre otros tantos proyectos de relevancia, a principios de diciembre se aprobó una normativa de habilitación para los espacios culturales independientes, otro proyecto impulsado por el ministerio de cultura porteño que convivirá con el resto de las leyes sobre la materia que hay en la Ciudad. Con el objetivo de facilitar los procesos de habilitación, entre los puntos centrales se admitirá el baile (algo que había quedado excluido de la ley MECA de 2014 y que es motivo constante de clausura); se permiten actividades complementarias como ofrecer servicios de comida y venta de productos culturales; se establece la exención del pago de tasas y derechos para el trámite de habilitación, y se crea un espacio de control por parte del Ministerio de Cultura para que los espacios no puedan ser clausurados inmediatamente ante la falta de alguna documentación que no sea crítica.
La autarquía del FNA
Fue un año más que complicado para el Fondo Nacional de las Artes (FNA), organismo dedicado a financiar y apoyar el desarrollo de artistas, gestores y organizaciones a través de becas, subsidios, préstamos y concursos. Carolina Biquard venía desarrollando desde 2016 una celebrada gestión como presidenta. A fines del mes pasado presentó su renuncia a pedido de Avelluto. Al dejar el cargo, dijo que el funcionario no creía “en la autarquía del Fondo” y que la Secretaría venía financiando algunos de sus programas con dinero del FNA. La gota que rebasó el vaso fue un pedido de Avelluto de 19 millones de pesos.
La versión que el secretario planteó a medios hegemónicos es bien distinta: que hubo una suerte de “desgaste natural” de una gestión “muy intensa”. Además, desmintió aquella información sobre los fondos solicitados. El exeditor de Tusquets Mariano Roca, hasta entonces representante del área de Letras en el directorio, se convirtió en el nuevo presidente. Recientemente le dijo a Clarín que iba a mantener la autarquía del organismo.
Tras la salida de Biquard, renunció inmediatamente Eduardo Stupía, referente de Artes Visuales. Y más recientemente hubo otras renuncias: se fueron el vicepresidente, Facundo Gómez Minujin, y los directores de Arte y Derecho, Juan Javier Negri, y Arte y Tecnología, Juan Collado. En septiembre se había alejado Sebastián Blutrach. Su lugar como representante de Artes Escénicas está ahora ocupado por Alejandro Tantanian. Salvo que sean cubiertos en los próximos días como Roca lo prometió, el Fondo Nacional de las Artes terminará el año con al menos cinco cargos vacantes.
La lectura de Blutrach es que la Secretaría ha subestimado el rol de los directores; en tanto que los trabajadores, nucleados en ATE, entienden que hubo una “intervención política” de la institución, con el fin de “controlar su histórica autonomía”. “En 2018 ha cumplido 60 años de vida. Lamento que a este aniversario se lo deba celebrar en un ambiente generalizado de temor y alerta ante la posible pérdida de su autarquía económica y de su independencia operativa o el arrebato de sus recursos”, escribió Negri en el comunicado en que dio a conocer su alejamiento.
Actrices Argentinas
Uno de los hechos más relevantes de este año en materia cultural fue la conformación de la colectiva Actrices Argentinas. Su historia comenzó cuando la revista Mu citó a un puñado de artistas para firmar una carta abierta para entregarla a diputadas y diputados, acerca de la legalización del aborto. Estaban invitadas 24 mujeres pero, de manera espontánea, adhirieron 400. Las intervenciones en el Congreso y algunas movidas en el espacio público a lo largo del año derivaron en el suceso que fue la conferencia de prensa en la que Thelma Fardin hizo pública su denuncia judicial a Juan Darthes, a quien acusó de haberla violado cuando tenía 16 años, durante una gira de Patito feo. La explosión de las llamadas por violencia de género y el aumento en más de mil por ciento en la línea contra el abuso sexual infantil son una demostración de lo que el sector cultural puede lograr en el terreno social. Y, claro, una expresión de la fuerza que ha cobrado el movimiento de las mujeres en los últimos tiempos.
Cines de barrio
Los vecinos agrupados hacen historia. En Parque Patricios, la lucha de un lustro por recuperar el histórico Cine Teatro Urquiza –que, aunque llevaba décadas inactivo, corría riesgo de demolición– llegó a buen puerto. En mayo, la asamblea de vecinos, representantes del gobierno porteño y el propietario del inmueble firmaron un acuerdo para la construcción de un centro cultural.
En Avenida Caseros 2826, Establecimientos Campana podrá construir un edificio de oficinas de nueve pisos como lo tenía previsto. Esto no se pudo evitar. Pero la firma propietaria deberá edificar, al mismo tiempo, una sala teatral “con destino a espacio cultural” en el mismo establecimiento, respetando la fachada y conservando lo más posible su aspecto original. “Luego de que se firmara el acta de recuperación, hubo movimiento adentro del cine, estuvieron haciendo un estudio del suelo. Nos da la pauta de que el proyecto está en marcha. Esto fue hace aproximadamente diez días”, contó Karina Cicovin, una de las vecinas más activas en la lucha. “Estimamos que para el año que viene, capaz que mitad de año, se empieza a construir”, anticipó con entusiasmo.
En Mataderos también se cierra un año de lucha con buenas noticias. En la última sesión ordinaria del año, la Legislatura porteña aprobó una ley para que el Ministerio de Cultura recupere el inmueble del Cine El Plata, que es propiedad de la Ciudad pero está sin actividad pese a que, cuando era ministro de cultura, Hernán Lombardi asumió el compromiso de construir un centro cultural tras una movilización que rechazó las intenciones de Mauricio Macri de demolerlo. Según la ley recientemente aprobada, la Corporación Buenos Aires Sur (empresa estatal que lo administra) deberá cederlo a título gratuito a la cartera de Cultura, para que sea de uso y utilidad pública. También se prevé añadirlo a la órbita del Complejo Teatral de Buenos Aires, que agrupa a los teatros públicos de la Ciudad.
“Es un paso más que se suma a la sentencia que hace ocho años obliga al Gobierno de la Ciudad a garantizar el funcionamiento y puesta en valor del cine, y la Ley que lo declara patrimonio cultural”, explicó Walter Ordoñez, referente de la Coordinadora En Defensa del Cine El Plata, a este diario.
Presupuesto y perspectivas
Como cada año, la expectativa de lo que vendrá en materia de políticas públicas para la cultura está sujeta a la discusión parlamentaria y posterior aprobación de los presupuestos 2019, que moldean un índice y permiten vislumbrar la capacidad de acción que tendrán las autoridades culturales a la hora de redistribuir. En la ciudad, si bien el PRO se jacta de haber conseguido un 45 por ciento más que el año pasado, distintos colectivos y agrupaciones de trabajadores de la cultura y también legisladores y legisladoras de la oposición se muestran preocupados por la reducción en algunas áreas concretas, como por ejemplo BA Milonga, que tiene el mismo presupuesto que en 2016 (9 millones de pesos). “Los presupuestos de BA Escritores, Prodanza y BA Milonga, por ejemplo, se vienen degradando de manera continua en la gestión macrista. La cultura en la Ciudad está emergencia porque no es ajena a las políticas de ajuste que aplica el gobierno, que desestabilizó la vida de muchos espacios que hoy por la crisis no se pueden sostener”, dijo a este diario la legisladora Andrea Conde, de la comisión de cultura.
Para el ámbito nacional, sin embargo, el golpe será más duro, con una disminución del 19 por ciento del presupuesto previsto para la actividad en 2019. Según un informe elaborado por el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Daniel Filmus, el golpe más grave será para la Sinfónica Nacional, cuyo financiamiento caerá un 88 por ciento. También la pasarán mal la Orquesta Juan de Dios Filiberto, con una caída del 83 por ciento en el dinero que recibió este año, y el área de museos (por ejemplo, el Museo Nacional de Bellas Artes pasaría de recibir 113 millones de pesos a 72). Para 2019, además, se eliminará el fomento a fiestas, ferias y festivales nacionales, en el marco de una caída de 19 por ciento en los fondos del programa de Promoción e Integración Cultural Nacional e Internacional. Las pocas áreas que reciben aumento, como los organismos estables, no llegarán a paliar la inflación, mientras que perderán fondos, entre otras, las bibliotecas populares, los mercados de industrias culturales y el fortalecimiento del patrimonio cultural. La cifra total para 2019 será de 4973 millones de pesos, mientras que el presupuesto de 2018 fue de 4480 millones. “Tendría que ser de 6039 millones”, estimó Filmus.
