La única noticia positiva para la coalición Cambiemos en Paraná fue el sobreseimiento dispuesto por el juez Leandro Ríos, en la causa por narcotráfico, en favor del joven referente del PRO Emanuel Gainza. Sin embargo, en el texto de la resolución judicial se hace mención a un informe de la División Lavado de Activos de la Policía Federal, elaborado sobre la documentación reunida en la serie de allanamientos que se hicieron en el marco de la investigación en la que está procesado el intendente Sergio Varisco y en la que siguen detenidos la ex subsecretaria de Seguridad de la comuna de Paraná Griselda Bordeira y el concejal de Cambiemos Pablo Hernández. De la lectura de ese texto surge la presunción de la existencia de graves irregularidades en el manejo de los fondos públicos, en una causa en la cual, precisamente, se imputa a los funcionarios el desvío de fondos y recursos públicos al narcotráfico.

Los peritos señalaron que “surgen graves, precisas y determinadas inconsistencias que corroboran la disponibilidad de fondos públicos” mediante la existencia de “una caja de dinero de la cual sustraían o desviaban dinero público del circuito de control estatal en favor del organizador de la comercialización de estupefacientes”, en referencia a Daniel “Tavi” Celis, uno de los más de veinte detenidos que tiene la causa. 

En el informe figuran datos que hablan de contrataciones de publicidad,  manejo de cheques y contrataciones de personal, entre otros aspectos. El resultado de la investigación de los peritos de la Federal fue elevado a la Fiscalía Anticorrupción, a la AFIP y al Tribunal de Cuentas para que intervengan, en paralelo a la causa que lleva el juez Ríos. El mecanismo utilizado es definido por los peritos como “una caja de dinero de la cual sustraían o desviaban dinero público del circuito de control estatal en favor del organizador de la comercialización de estupefacientes, lo que genera una vinculación al colectivo ilícito”. 

También se hace referencia a planillas correspondientes a la Unidad Municipal 2 de Barrido y Limpieza, donde fueron asignados 33 empleados, desde la asunción de Varisco, a pedido de Celis. Sin hacer mención al nombre de los empleados a los que se destinaban los recursos, en las planillas sólo se detallaban “los montos que el personal debía cobrar en efectivo junto con las retenciones o descuentos que debían hacerse en favor de Celis”. Desde hace varios meses, no se sabe de la realización de pasos importantes en la causa que lleva el juez Ríos y mucho menos acerca de cómo involucra el citado informe a Varisco, Bordeira y Hernández. 

De todos modos se presume que es grave lo que señala el informe sobre la presencia de “contratos totalmente simulados en los cuales no se realizaba prestación laboral alguna, pero cuya contraprestación económica era distribuida entre el prestanombre y Celis”.