Pagar alquileres, abonar las boletas de luz y gas, adquirir medicamentos o comprar audífonos. Esos son algunos de los destinos que reciben, cada vez con más frecuencia, los préstamos otorgados por la Anses a los jubilados, pensionados y titulares de la AUH. Un informe elaborado por la mesa de Políticas Sociales de la Fundación Germán Abdala sostiene que la pérdida de la capacidad de compra de los haberes convirtió a los créditos en un instrumento para acceder a bienes y servicios de primera necesidad. “La demanda de las personas se concentra en la necesidad de obtener dinero para garantizar consumos básicos y no para asegurar sus derechos de la seguridad social. El derecho pasa a ser deuda”, explica a PáginaI12 el delegado general de la Junta Interna de ATE-Anses, Diego García, que encabezó el equipo de trabajo a cargo del relevamiento. “Los trabajadores del organismo sienten que atienden en una financiera”, advierte el representante gremial.  

Los denominados Créditos Anses son la última reconversión de lo que fue la Tarjeta Argenta. Comenzaron a ofrecerse en la previa de las últimas elecciones legislativas cuando a partir del Decreto 516 de 2017 el gobierno de Mauricio Macri modificó dos leyes. El primer cambio tuvo como objetivo poder tomar más recursos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad para financiar el programa. La segunda modificación habilitó que hasta un 30 por ciento de la asignación familiar se afectada a pagar los créditos, o sea que se descuente la cuota directo de la AUH. Los jubilados pueden solicitar créditos de hasta 80.000 pesos en 24, 48 o 60 cuotas mientras que para los titulares de las asignaciones el monto asciende a 6500 pesos por hijo en 24 cuotas. El costo financiero total de los préstamos varía entre 55,4 y 45,8 por ciento mientras que una financiera puede exigir más de 300 por ciento. 

El relanzamiento fue acompañado por campañas publicitarias de alcance masivo y resultó en un crecimiento exponencial de los créditos. Entre julio de 2017 y diciembre de 2018 la Anses otorgó más de 5,7 millones de préstamos. Las modificaciones técnicas facilitaron el acceso al financiamiento pero desde la Fundación Germán Abdala advierten que el salto en la demanda se explica por el profundo deterioro en las condiciones de vida de los jubilados, pensionados y titulares de asignaciones que acompañaron a la aceleración inflacionaria y el cambio en la fórmula de movilidad. “La combinación de pauta publicitaria, aumento de los montos de los créditos y desesperación de las familias hace que sean miles los beneficiarios de jubilación, pensión o asignaciones por hijo que concurren cada día a las oficinas de la seguridad social para solicitar el dinero a pagar en cuotas”, sostiene el reporte.

“Queremos que la gente que más lo necesita siga teniendo acceso a créditos a una tasa razonable para equipar su casa, comprar algo que necesite o darse un gusto. La mayoría de quienes pueden hoy acceder a un crédito no cuenta con los requisitos para acceder a un préstamo bancario. Ahora pueden recibir créditos a la tasa más baja del mercado”, expresaron desde la Anses ante la consulta de este diario. “Desde que asumimos venimos mejorando el acceso al crédito en todo sentido: ahora hay más beneficiarios, el monto es mayor y el trámite más simple. Sabemos que más de la mitad de los millones que solicitaron créditos lo usaron para refaccionar su vivienda”, sostienen en el organismo que encabeza Emilio Basavilbaso. 

El informe elaborado por la Fundación Germán Abdala ofrece una visión distinta sobre el destino que reciben los préstamos. “Los relatos que reciben quienes atienden al público en la Anses dan cuenta de que las personas solicitan el dinero para pagar el alquiler del cuarto de la pensión en la que viven, la tarifa del gas o de la luz, los audífonos que el programa de salud pública no les brinda y cualquier otro gasto más ligado a la supervivencia que a la realización de un proyecto, emprendimiento o mejora de la infraestructura de su vivienda”, sostienen los responsables del relevamiento. “La idea de redistribución equitativa del ingreso, reparación y democratización de derechos, ha sido reemplazada por la de gobernabilidad, como capacidad de ejercer el control de los sectores sociales más perjudicados por el ajuste”, concluyen los autores del reporte.