Desde Santa Fe
El Tribunal Oral de Santa Fe investiga si el ex juez Víctor Brusa tiene armas de fuego en su poder en su casa en el casco histórico, a media cuadra del Juzgado Federal, donde cumple el arresto domiciliario desde el 7 de diciembre. A pedido del fiscal Martín Suárez Faisal, la jueza de ejecución de la sentencia, Lilia Carnero, requirió a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMac) -como se llama ahora el Registro Nacional de Armas (Renar)- que informe si el ex preso "posee algún arma registrada a su nombre", y si es así, "cancele toda autorización para tenerla y/o portarla" y lo "intime a entregarla ante ese organismo". Carnero ya dispuso la "vigilancia electrónica" de Brusa a través de una "pulsera transmisora", decretó su "prohibición de salir del país", notificó la orden a la Dirección Nacional de Migraciones y ahora también ofició al Registro Nacional de las Personas para que tampoco le entreguen un pasaporte nuevo. Todo, a requerimiento del Ministerio Público.
Suárez Faisal ya solicitó seis medidas para controlar la libertad domiciliaria de Brusa, entre ellas investigar si tiene armas de fuego a su alcance. Son todas las que propone el protocolo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad para que los genocidas no burlen los privilegios que les otorgan los jueces. El documento es de 2006 y está disponible en la página del Ministerio Público.
Uno de los capítulos es el "control de cumplimiento de la detención domiciliaria" de los represores. "Al momento de concederse" el beneficio -dice- "o bien cuando ya se encuentra cumpliendo prisión preventiva o condena bajo esta modalidad, resulta adecuado solicitar a los tribunales intervinientes las siguientes medidas". Y menciona las quince propuestas. La número trece es el pedido a la Agencia Nacional de Materiales Controlados para que informe si "el beneficiado" con la domiciliaria -en este caso Brusa- "posee algún arma registrada a su nombre" y si es así, cancele "toda autorización para tenerla y/o portarla" y lo "intime a entregarla" de inmediato al organismo.
Para evitar la fuga, el protocolo plantea que la "detención domiciliaria" se notifique a la Dirección Nacional de Migraciones, "a los efectos de comunicar la prohibición de salir del país", que es lo que la jueza Carnero ya hizo en el caso Brusa. Pero también sugiere que el ex preso "entregue su pasaporte" al tribunal y "se comunique" al Registro Nacional de las Personas el "impedimento de expedirle uno nuevo". El fiscal Suárez Faisal pidió, precisamente, eso: que Brusa entregue su pasaporte, pero la magistrada consideró que la medida era "sobreabundante" atento "al tiempo de detención" que cumplió "el encausado", contestó. Brusa tiene una condena unificada a 23 años de cárcel por "asociación ilícita" y "apremios ilegales" a nueve militantes políticos. Estuvo preso 13 años, le faltaban diez y ya volvió a la casa.
Aunque la jueza no le retiró el pasaporte a Brusa, sí le comunicó al Registro Nacional de las Personas el "impedimento para entregarle uno nuevo", tal como solicitó el Ministerio Público.
Hasta acá, de las seis medidas que pidió el fiscal, la jueza Carnero ordenó cuatro. Las otras dos quedaron pendientes a la espera de un "informe socio ambiental" de la casa de Brusa. Lo que planteó Suárez Faisal es que el "lugar de permanencia" del condenado excluya "a las dependencias que se comunican con el exterior" y "la vía pública". Y se verifique quiénes "conviven" con él, en el domicilio, "sus nombres y parentesco". "Y respecto a los visitantes, pidió "una lista acotada" que "el tribunal debe aprobar" y los horarios de visitas "sin restricciones para los familiares" pero sólo en "horarios diurnos" para el resto de los amigos que deberán "acreditar identidades y vínculos".
"La prisión domiciliaria no debe convertirse en una situación laxa que conlleve el riesgo de frustrar el cumplimiento de la pena", dijo Suárez Faisal. "Tengo en cuenta que el caso reviste una gran trascendencia social", no sólo porque Brusa es "autor de graves violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, sino también porque la mayoría de las víctimas de sus actos se domicilian en la misma ciudad donde se cumplirá la medida, lo que obliga a las autoridades estatales a actuar con la mayor prudencia posible".
