En su primer día en el Palacio de Planalto, el mandatario aumentó el salario mínimo de los trabajadores solo 44 reales, que su antecesor había fijado en 954 reales (246,1 dólares). El incremento del salario mínimo en Brasil se decide con una fórmula que contempla la inflación, la tasa de crecimiento del año anterior y otras variables pero el número final propuesto por Bolsonaro resultó inferior a los 1006 reales (259,6 dólares) calculados por la administración saliente y contemplados en el presupuesto 2019.

La disposición se complementó con otra declaración que otorga a Agricultura la función de identificar, delimitar y crear nuevas reservas indígenas, que hasta ahora estaba en manos de la Fundación Nacional del Indio (Funai), entidad responsable de las políticas indígenas, vinculada hasta ahora al Ministerio de Justicia. La norma determina que Correa, líder de los grandes propietarios rurales de Brasil, será quien decida en adelante la asignación de tierras para los indígenas y las comunidades quilombolas, descendientes de los negros prófugos de la esclavitud, campesinos sin tierras, sectores que conviven en permanente conflicto con los terratenientes.

Bolsonaro había prometido durante su campaña que no delimitaría nuevas reservas para los indígenas y que autorizaría las explotaciones mineras en las tierras aborígenes. "Más del 15 por ciento del territorio nacional es delimitado como tierra indígena y quilombola. Menos de un millón de personas viven aislados del Brasil verdadero, explotadas y manipuladas por ONG. Vamos juntos a integrar a estos ciudadanos y valorar a todos los brasileños", justificó en Twitter el flamante mandatario. El mismo decreto determina que pasarán a estar vinculadas al Ministerio de Agricultura tanto el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) como la entidad responsable de regularizar las reservas de los quilombolas. 

En otra decisión fiel a las declaraciones homofóbicas y misóginas del ex capitán del Ejército, su flamante ministro de Educación, Ricardo Vélez Rodríguez, confirmó que se desmantelará la Secretaría de Educación Continuada, Alfabetización, Diversidad e Inclusión, que regulaba las relaciones étnico raciales. La Secadi había sido creada en 2004, durante el gobierno de Lula Da Silva, con el objetivo de fortalecer la atención especial a grupos que históricamente habían sido exclusidos de la escolaridad.