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El béisbol se transformó a fines de 2018 en un nuevo problema político. Ya lo era desde hacía décadas por el bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba. O sea, por una herramienta de presión coercitiva internacional. Ahora el conflicto deviene de un hecho que ayudaría a la distensión entre los dos países, al menos en el plano deportivo y ésa es la gran contradicción. El hecho es el acuerdo firmado por la Federación Cubana de Béisbol (FCB) y las Grandes Ligas de EE.UU. (MLB) que les permite a los peloteros de la isla ser profesionales en donde a menudo quieren jugar. Como nunca antes y ajustados a derecho. El convenio no difiere demasiado de otros como los que la MLB mantiene con sus similares de Japón o la República de Corea. Pero en Estados Unidos el lobby anticubano sintió que le mojaban la oreja y ahora promete ir con todo contra lo que se firmó. El senador republicano Marco Rubio ya anunció: “Esto no es solo un hecho incorrecto, es una farsa y estoy trabajando para que se anule lo antes posible”. Al legislador parece que le conviene seguir estimulando que los beisbolistas continúen con los viajes en balsa por el Caribe –como pasó con el lanzador Orlando El Duque Hernández en 1997– o bajo el control de las mafias de la inmigración.
El acuerdo entre la MLB y la FCB es la consecuencia de un proceso que maduró entre ambas organizaciones. Se lo recibió con satisfacción en Cuba y en EE.UU. solo lo cuestionan los recalcitrantes anticastristas como Rubio. Desde julio de 1963 y ya con el bloqueo lanzado contra la Revolución de Fidel, el Che y sus barbudos, que no se había avanzado tanto en el béisbol, una actividad que une tanto a los dos pueblos. Ese año empezó el Reglamento para el control de los activos cubanos, que prohibía cualquier operación comercial entre los dos países y congelaba los bienes de la isla en Estados Unidos. La consecuencia fue que ningún pelotero que viviera en Cuba podía cobrar por jugar en las Grandes Ligas.
Con el fomento de la inmigración cubana hacia EE.UU. en condiciones muy ventajosas y que difieren con las aplicadas a otros países latinoamericanos, comenzaron a repetirse casos como el de Rusney Castillo. El 23 agosto de 2014 el pelotero firmó un contrato por siete años con los Boston Red Sox a cambio de 72,5 millones de dólares. El más alto que se haya acordado en la historia para un cubano que desertó.
También se llegó a la norma del 3 febrero de 2015, cuando la MLB les envió un memorándum a sus 30 equipos, donde se les pedía que para firmar un contrato con cualquiera de las franquicias “todo prospecto cubano debe presentar una declaración jurada por escrito”. ¿En qué consistía? En que si un jugador de la isla pasaba a las Grandes Ligas debía declarar que tenía residencia permanente fuera de Cuba, que no pretendía volver a su país, ni aunque se lo permitieran, tampoco que no era funcionario del gobierno de la isla y mucho menos afiliado del Partido Comunista.
Lo curioso es que esa declaración jurada se concibió en plena política de distensión durante los gobiernos de Barack Obama y Raúl Castro. La Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC), la había hecho para dejar sentado que no todo cambiaría entre los dos países, incluido el bloqueo, que podría considerarse un acto de guerra económica y no porque lo denuncien sólo los cubanos. Está escrito en la Convención de Ginebra de 1948 para la Prevención y la Sanción del delito de genocidio.
Es la misma OFAC la que acaba de abrir la puerta para que el convenio entre la MLB y FCB se concrete. El sitio Cubadebate lo explicó en un artículo del periodista José Manzaneda: “…la Federación Cubana de Béisbol recibirá un porcentaje del valor de los contratos, con el que financiará el deporte base en la Isla”. Este es el acuerdo que pretende voltear el senador Rubio bajo el pretexto de que ayudaría al gobierno de Miguel Díaz Canel. Su actitud perjudica a los deportistas, que si quisieran jugar en EE.UU. deberían viajar como hasta ahora: de manera ilegal, en balsa o pagándole a las mafias que les garanticen un lugar más allá del muro en la frontera.
