La recaudación cerró 2018 con un incremento de 31,2 por ciento. La AFIP contabilizó ingresos por 3,38 billones de pesos a lo largo del año, lo que representa una pérdida de 10,7 por ciento en términos reales frente a una inflación que alcanzará este año un nivel cercano al 47 por ciento, la marca más elevada en veintisiete años. Las cifras anuales fueron completadas ayer al presentarse los resultados para diciembre cuando la recaudación computó un alza de 36 por ciento frente al mismo mes de 2017 y registró un aumento de 6,6 por ciento contra noviembre. Fueron 319.900 millones de pesos. 

El pobre desempeño a lo largo del año se observa en los tributos vinculados al mercado local. El desplome en la demanda interna comenzó con la crisis financiera pero se agudizó con la puesta en marcha del programa de austeridad adoptado para acceder al financiamiento del FMI. El efecto negativo del ajuste fiscal sobre la recaudación fue compensado de manera parcial por el impacto alcista que tiene una devaluación en los tributos vinculados al comercio exterior. El salto cambiario y la implementación de un esquema de retenciones permitieron, a su vez, aplacar las implicancias de la sequía sobre las cuentas fiscales. “Este año hubo cuatro días menos de recaudación”, argumentó el titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, al referirse a los resultados. 

La caída en el consumo derivada de la pérdida en el poder adquisitivo y la destrucción de puestos de trabajo arrastró la recaudación del IVA a una caída en términos reales. Si bien el componente del tributo vinculado al mercado interno, el IVA Impositivo, anotó un alza de 49,4 por ciento en diciembre, el gravamen en total marcó una suba anual de 41,6 por ciento. Ni los aumentos de precios ni el impulso al consumo que intentó el gobierno con el bono salarial y el plus para la asignación universal lograron compensar el impacto tributario que tuvo la caída en las ventas durante el año pasado. 

También evidenciaron el impacto de la crisis los impuestos vinculados al mundo laboral. El magro comportamiento de los aportes personales y las contribuciones patronales que anotaron aumentos de 26,2 y 24,3 por ciento, respectivamente, durante 2018 no solo expresa la destrucción de puestos de trabajo registrados en el sector privado sino que además reflejan el impacto que tuvo la reforma aprobada en 2017. Las modificaciones que empezaron a implementarse en febrero contemplaron una reducción en las alícuotas y la creación de un Mínimo No Imponible (MNI) para el pago de las cargas con el objetivo de reducir los “costos de contratación”. 

Con esos cambios las empresas se ahorraron, según estimó el Cetyd-Unsam, más de 29.000 millones de pesos en el año. La transferencia de fondos de la seguridad social hacia el sector privado se abultará hasta 2022 cuando terminen de implementarse los cambios. Como la rebaja de las cargas sociales alcanza a las empresas de manera incondicional y sin exigir contraprestación, la mayor parte del beneficio impositivo es apropiado por grandes compañías. En diciembre, los aportes personales registraron un aumento de 23,6 por ciento frente al mismo mes del año anterior mientras que las contribuciones patronales subieron 23,4 por ciento interanual. 

Una dinámica similar a esos dos tributos se observa en el desempeño del Impuesto a las Ganancias que en su componente asociado al mercado interno marcó un alza de 39,2 por ciento en diciembre y 32,6 por ciento durante 2018. En ese caso, los menores ingresos declarados por las compañías fueron parcialmente compensados por la creciente cantidad de asalariados del sector privado que quedaron alcanzados por el impuesto. La contracción más importante la anotó el impuesto a los Bienes Personales cuyas alícuotas fueron minimizadas cuando se aprobó el blanqueo de capitales. La recaudación del tributo marcó un retroceso de 41,9 por ciento interanual en diciembre y cerró el año pasado con un rojo de 34,5 por ciento. 

Los malos resultados fueron amortiguados por el impacto que tuvo la devaluación sobre los ingresos vinculados al comercio exterior. A pesar de la caída en la importación que acompañó a la recesión, la apertura comercial y la disparada del dólar resultaron en un incremento de los derechos de importación de 40,5 por ciento en diciembre y 51,5 durante 2018. Las retenciones también lograron sobreponerse en 2018 a la reducción en las alícuotas de 0,5 por ciento mensual para el complejo sojero y el impacto de la sequía sobre las exportaciones agropecuarias. Los derechos de exportación acumularon un alza de 72,7 por ciento en 2018. “Los ingresos por retenciones se vieron favorecidos por la implementación del derecho de exportación adicional que aportó unos 32.900 millones de pesos”, explicó la AFIP.