Hoy se proclama desde lo más encumbrado del poder político argentino el recorte de garantías como nuevo “relato”.
Un chico fue asesinado por la policía y varios vecinos de Entre Ríos luego de robar golosinas y galletas en un supermercado. Un joven acaba de ser detenido por insultar a un fiscal: criminalizarlo es criminalizar la libertad de expresión, censurar reprimiendo la protesta, que es un derecho de primer orden en una democracia (Cuando jueces como Raúl Zaffaroni son salvajemente agredidos e insultados no se ve la misma reacción corporativa que se percibe en el caso Moldes, opositor declarado del kirchnerismo). Los insultos en la calle están amparados por la libertad de expresión. Criminalizar los insultos es una forma de criminalizar la protesta, que nace como un “insulto” colectivo al poder económico y político. Si no se puede “insultar” (porque lo que muchos viven como un “insulto” a sus convicciones éticas, religiosas, artísticas, es un abanico demasiado amplio), tampoco se puede ya expresar.
Diez personas fueron asesinadas en una comisaría de Esteban Echeverría, que tenía orden de clausura judicial. En la provincia de Buenos Aires es ilegal alojar personas en comisarías. Cierto periodismo habla de “muertes ecológicas”. Son ciudadanos apresados (ilegalmente) y asesinados por el Estado argentino. Crímenes que no deben ser normalizados, sino denunciados y juzgados por la Justicia.
El nuevo relato anti garantías no solo legitima las ejecuciones ilegales, violando nuestra Constitución, que garantiza el debido proceso (y otros principios hoy degradados en Argentina, como el principio de igualdad ante la ley y el principio de inocencia, que fuerza a presumir no la culpa, haciendo de estos pilares básicos una “ideología ultra garantista” y no una base esencial primordial del derecho liberal moderno desde tiempos de Alberdi (también era un “garantista”), sino que mancilla las libertades civiles más básicas y esenciales, como la libertad de expresión. El asesinato del chico que roba golosinas en un supermercado y la detención arbitraria de un joven que protesta en la calle contra un fiscal sin agredirlo, son dos aspectos relacionados: son dos ejemplos de la nueva política de (in)seguridad ciudadana, de un Estado represivo que avanza sobre garantías y derechos, recortando aquello que debiera reforzar, lo cual es el corolario necesario de una política económica de ajuste y miseria planificada. El ajuste y el punitivismo (la represión y criminalización del empobrecimiento, el anti garantismo político y el salvaje ajuste económico) son dos caras de una misma moneda.
El nuevo e inconstitucional protocolo para las fuerzas de seguridad que el gobierno pretende incorporar al Código Penal violenta artículos esenciales de la Constitución, empezando por el derecho a la vida y el debido proceso. Es un incentivo para que aumente la violencia policial que el Estado debe combatir, no promover, si no quiere sumarse a la penosa lista de Estados centroamericanos donde hoy la violencia estatal genera crímenes masivos. El asesinato de un chico que roba golosinas es una muestra. El asesinato hace pocas semanas “por error” de un chico en Tucumán (que no podía desactivar la alarma de su propia moto) por parte de la policía, es otro gravísimo ejemplo. Normalizar estos hechos graves (como el asesinato de Rafael Nahuel o los presos muertos en una comisaría que debía clausurarse) es parte de una degradación colectiva. Son las formas en que se empieza a degradar poco a poco una República: tolerando, justificando (cuando no “premiando”) estos crímenes de Estado. Estos asesinatos son hechos muy graves que no pueden ser tolerados, aceptados, naturalizados ni normalizados.
El anti garantismo es un relato (“doctrina”) incompatible con una democracia asentada sobre un modelo de derechos humanos. Por eso hoy proliferan los “excesos” (asesinatos) de parte del Estado argentino. Argentina y Brasil llevan hoy la penosa delantera de este retroceso. Bolsonaro y Bullrich apuestan –como apuesta todo Estado precario y con pocos recursos orientados al desarrollo– a extender soluciones demagógicas, de supuesta “mano dura”, que no han logrado nunca, más allá del efectismo electoral, ningún resultado (salvo incrementar la violencia). El autogobierno policial (producto de la neutralización y normalización de los crímenes policiales impunes) es la instancia siguiente. Ese autogobierno es un riesgo para la democracia argentina. Los asesinatos de Rafael Nahuel, de Juan José Acosta, de Claudio Adrián Sánchez, Facundo Ferreira (11 años, murió de un disparo en la nunca), Walter Barrios (que murió, como otras nueve personas, estando ilegalmente encerrado en la comisaría de Esteban Echeverría) son crímenes del Estado argentino. El Estado es responsable. No son crímenes que la sociedad argentina deba empezar a internalizar como “normales”. No hay vidas de segunda.
* UBA-Conicet, director del Tribunal Experimental en Derechos Humanos Rodolfo Ortega Peña (UNLa).
