La Coordinadora de Asambleas Barriales, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, Argentina en Red y el Movimiento Comunero convocaron para hoy las 20, en diferentes puntos de la ciudad de Buenos Aires, un ruidazo contra los nuevos aumentos en las tarifas de los servicios públicos, y bajo el hashtag #NoAlTarifazo. Los organizadores denunciaron también los negocios inmobiliarios en el ámbito porteño y el cierre de escuelas nocturnas. 

Carlos Caserta, del Movimiento Comunero, tributario de las asambleas de 2001, que promueve una democracia participativa en las comunas, precisó ante este diario que la convocatoria surgió tras los anuncios del ex secretario de Energía, Javier Iguacel, y los cortes de luz provocados por el deficiente servicio que prestan las empresas del sector. “Estamos hartos, vemos cómo llegan facturas de 3 mil pesos a jubilados que cobran 9300 por mes”, advirtió, al tiempo que puso en debate la categoría de “pobreza energética”, que se utiliza en Europa, y que considera que un ciudadano es pobre si destina más del 10 por ciento de sus ingresos a pagar tarifas, “algo que acá sucede claramente”. La convocatoria remarca que “los servicios públicos no pueden aumentar más que nuestro salario”.

Respecto de la luz recordó que “Edesur y Edenor usufructúan un tendido que tiene cien años” y cuyo suministro cambió porque “donde antes había una casa con cuatro personas ahora hay una torre con cincuenta familias”. Recordó, además, que “vimos gente mayor subiendo y bajando escaleras con altas temperaturas porque sin luz no hay ascensor, y las empresas no hacen inversiones”.

Las organizaciones convocantes también iniciarán una campaña para juntar firmas para declarar “enemigos de la educación y la salud públicas” a quienes impulsen medidas como el cierre de escuelas y hospitales. Caserta señaló que “detrás de esas medidas hay negocios inmobiliarios por parte del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta”. 

A nivel político, la protesta continuará con un proyecto para que la Legislatura porteña reconozca y aplique una tarifa social, tal como sucede en otras jurisdicciones. “Creemos que las familias que perciben menos de 40 mil pesos de ingresos mensuales deberían recibir esa ayuda en la Ciudad”, precisó Caserta, acerca de la iniciativa de Paula Penacca, de Unidad Ciudadana.