La Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos la decisión sobre el futuro de la causa por espionaje ilegal a dirigentes opositores y familiares de Mauricio Macri cuando era jefe de gobierno porteño. Pese a que el Presidente obtuvo un sobreseimiento express días después de asumir el cargo, la causa contra sus subordinados avanzó (el juicio estaba previsto para este año) hasta que la Cámara Federal de Casación Penal, en octubre, declaró su nulidad con el argumento de que el delito es de acción privada y no debió tener impulso fiscal, en su caso por parte del fallecido Alberto Nisman. El fiscal Javier de Luca cuestiona esa interpretación, que derivó en lo que considera un “sobreseimiento encubierto”, porque la interceptación ilegal de comunicaciones por la que Macri estuvo procesado fue un hecho de interés público e involucró a funcionarios, que falsearon datos para promover una investigación penal al sólo efecto de escuchar llamados que interesaban al entorno del presidente. De Luca presentó un recurso ante la Corte para que revoque el archivo del expediente que tiene como principal imputado a Jorge “Fino” Palacios, ex jefe de seguridad de Boca Juniors y de la policía porteña cuando uno y otra dependían de Macri.

Las escuchas se realizaron entre octubre de 2007 y septiembre de 2009. La causa se inició a fines de ese año cuando Sergio Burstein, familiar de una víctima del atentado a la AMIA, denunció que lo espiaba la Policía de la Ciudad que conducía Palacios, a cuyo nombramiento se había opuesto por sus conexiones con el atentado. El hombre de confianza de Macri renunció y estuvo preso hasta diciembre de 2010, igual que el espía Ciro James, que era quien retiraba las escuchas de la entonces SIDE y se las entregaba. James cobraba un alto sueldo del Ministerio de Educación a cargo de Mariano Narodowski pese a que nunca trabajó allí. Entre los espiados estaba también el cuñado del entonces jefe de gobierno, Daniel Leonardo, enfrentado con los Macri. El aparato de espionaje ilegal se ponía en marcha con el armado de causas falsas en la justicia federal de Misiones, que ordenaba las escuchas a la SIDE. Por el funcionamiento del aparato de espionaje ilegal tuvieron procesamiento firme y quedaron al borde del juicio oral Palacios, James, Nadorowski y los jueces misioneros, entre otros. Macri fue sobreseído el 29 de diciembre de 2015, días después de asumir como presidente. El juez Sebastián Casanello consideró que no había “pruebas directas” de su participación en el espionaje.

En octubre pasado, la Sala III de Casación resolvió la “nulidad de todo lo actuado”. Los jueces Liliana Catucci, Carlos Alberto Mahiques y Eduardo Riggi sostuvieron que la interceptación ilegal de comunicaciones es un delito de “instancia privada”, por lo que la investigación debió ser impulsada por alguno de los damnificados directos y no por el fiscal. De Luca apeló y advirtió que el archivo implicaba “un sobreseimiento encubierto”. El fiscal ante Casación destacó que los jueces se pronunciaron sobre una cuestión que ningún acusado había planteado y con un criterio erróneo, ya que mal podía limitarse el impulso de la acción a las víctimas cuando los hechos “habían afectado el normal funcionamiento de un organismo nacional”: la Dirección de Observaciones Judiciales de la SIDE. “Los funcionarios públicos involucrados se valieron de datos falsos para promover una  investigación ante la justicia de Misiones, lo que afectó el correcto funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia Federal y del servicio de justicia de esa provincia”, recordó. La semana pasada, la misma sala de Casación rechazó todos los planteos de De Luca y ratificó la decisión de archivar el expediente. El fiscal presentó entonces un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, que ahora tiene la palabra.