“Es una decisión tomada”, dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre la compra de 300 pistolas Taser que pretende que use la Policía a pesar, como ella misma reconoció, del “problema judicial existente”. La ministra sorprendió cuando dijo que el uso que le darán a estas armas, rechazadas por el Comité contra la Tortura de la ONU, servirá para definir “la jurisprudencia” necesaria para resolver ese conflicto judicial. Sin duda, y más allá del incorrecto uso del concepto judicial, lo que aflora es la instalación de la seguridad como otro de los ejes de la campaña electoral de este año y obviar los efectos desastrosos de política económica del Gobierno de Cambiemos.

No es la primera vez que Cambiemos quiere avanzar sobre este tipo de armas que, según trascendió, tienen un costo cercano a los 3000 dólares. Mauricio Macri lo intentó cuando era jefe de Gobierno porteño y chocó con la oposición de los organismos de derechos humanos que, a pesar de que la justicia porteña las había aprobado, recurrieron a organismos internacionales como la CIDH para frenar la compra y utilización de estas armas. Ahora Bullrich volvió a la carga con este tema a partir del endurecimiento del control de la seguridad pública. Ayer, durante una entrevista radial, la ministra confirmó la especie aunque aclaró que por ahora piensa limitar su uso sólo en aeropuertos y vagones de tren. En ese sentido señaló que “en los trenes, muchas veces va gente parada y el policía no tiene posibilidad de salir rápido si hay una agresión. Tiene que andar entre la gente y, en ese caso, el uso de un arma común es más complicado que una de carácter intermedio”. Cuando Bullrich habló de armas comunes se refería a las pistolas reglamentarias de fuego que utilizan los efectivos policiales. Imbuida de la terminología armamentística, dijo que en estos casos no hay nada mejor que utilizar “armas de uso intermedio”. Esto es, la pistola Taser que tiene la capacidad de descargar sobre un cuerpo humano una gran cantidad de voltios para inmovilizarlo, en el mejor de los casos. “Una Taser puede generar una respuesta adecuada al tipo de aglomeración y al tipo de necesidad que tenga el policía en ese momento”, dijo Bullrich.

A la ministra no pareció preocuparle los conflictos judiciales que pueden reaparecer contra este tipo de arma a la que comparan con un dispositivo de tortura. En todo caso, para Bullrich el problema no es el arma sino los jueces. “En muchos casos ha habido mala interpretación de jueces en relación al uso de las armas que hacen los policías”, dijo para luego agregar que “en muchos casos hubo policías procesados en primera instancia que, luego, en juicio oral o Casación quedaron liberados”. 

La funcionaria conformarse con estas afirmaciones y aseguró que “el problema reside en que un juez opina” en vez de concentrarse en “lo que tiene que hacer es juzgar el hecho y no decir qué es lo que hubiera sido mejor hacer” con respecto a las acciones de los policías.

La ministra Bullrich se siente tan segura del uso de estas armas que hasta anticipó la estrategia que desarrollará para evitar cuestionamientos judiciales. En ese sentido, limitarán su uso a los aeropuertos y vagones de tren pero además esos efectivos sólo portarán la Taser dejando de lado el arma reglamentaria de fuego. Bullrich dijo que su intención es evitar que “venga un juez y le diga a un policía por qué no usó primero la Taser y luego la de fuego”. El otro objetivo expresado por la ministra es la de “generar jurisprudencia” pero no para demostrar la supuestas bondades de la Taser sino que a través de su uso permanente pueda comenzar a trabajar la posibilidad de que “en algunos lugares se utilicen las dos”. La afirmación de Bullrich sobre generar jurisprudencia es, en el mejor de los casos, errónea puesto que la genera una sucesión de fallos sobre un mismo hecho y no, como pretende la ministra, determinadas acciones como sería este caso de un arma asimilada a una herramienta de tortura.

Bullrich también habló de la necesidad de darle una formación adecuada a los futuros usuarios de las Taser. En esa línea dijo, con cierta dificultad, que “en general, las mismas empresas capacitan capacitadores para luego tener ya una capacitación de capacitadores en nuestro país”.

Cuando en 2010 Macri, como jefe de Gobierno, anunció a compra de también 300 pistolas Taser se encontró con el repudio de organismos de derechos humanos, gremios y organizaciones sociales pero, sobre todo, con la presentación judicial que realizó Carlos Pisoni en      su condición de ciudadano de la   Capital Federal e integrante de H.I.J.O.S . En primera instancia tuvo un primer fallo a favor, por parte de la jueza Andrea Danas, pero el gobierno porteño apeló. Sin embargo, la Cámara II en lo contencioso administrativo confirmó en 2013 la orden de no utilizar esas armas. En los fallos se destacó la historia reciente en la Argentina y el uso de las picanas eléctricas como elementos de tortura en los centros clandestinos de detención. Macri recurrió entonces al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, que en 2015 convalidó el uso de este tipo de pistolas eléctricas a partir de cuestiones procesales. En un intento por revertir esa decisión, Pisoni presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de la Nación, que en marzo de 2016 rechazó analizar la presentación y, de esa manera, habilitó el posible uso de estas armas.

Para Pisoni el anuncio de Bullrich está íntimamente relacionado con los ejes de campaña que el Gobierno ha comenzado a desarrollar con miras a las elecciones presidenciales del próximo octubre. Pero además, aseguró a PáginaI12 “la utilización de las Taser está en línea con la política represiva que viene aplicando el gobierno de Macri. Estas pistolas son claramente un elemento de tortura. Si bien se consideran armas no letales, lo cierto es que han producido muertes como viene ocurriendo en los Estados Unidos es de uso corriente y que en los últimos 15 años ha provocado 500 muertes”.